Analizando las elecciones en Andalucía y Asturies

Las elecciones de Andalucía y Asturies son especialmente significativas por el momento político y económico que estamos viviendo. Además su importancia trasciende el ámbito autonómico y suponen una buena toma de temperatura del apoyo al partido que gobierna en Madrid. No en vano Andalucía es la Comunidad Autónoma más poblada de todo el Estado y la suma de su población con la de Asturies supone alrededor del 20% de la población española.

De un primer análisis parece más que evidente que los resultados de ambas citas electorales han supuesto un jarro de agua fría para las pretensiones del Partido Popular, que aspiraba a hacerse con las presidencias de ambas comunidades autónomas. En Andalucía las encuestas le daban mayoría absoluta, en algunos casos bastante holgada, pero las urnas lo han situado a cinco escaños de la presidencia de la Junta. En Asturies se ha quedado como tercera fuerza política, por detrás del PSOE y FAC, lo que le impide alcanzar la Presidencia de la Junta General del Principado y le obliga a negociar con Cascos en situación de inferioridad si quiere participar de algún modo en el gobierno.

Es difícil valorar las tendencias que esconden unos resultados electorales pero si comparamos los datos del 20N con los de ayer, parece evidente que al PP le han pasado factura los primeros meses de gobierno y especialmente la reforma laboral. La presentación de los presupuestos estatales justo después de las elecciones también ha podido ser un elemento importante de valoración del electorado, que desconfía de quien no enseña todas sus cartas antes de la cita en las urnas. Pero esa lectura en clave estatal no resta importancia a lo ocurrido a nivel autonómico. El PP andaluz quizás pagó una cierta prepotencia del que se cree ganador antes de jugar el partido, lo que quedó de manifiesto con la ausencia de Arenas en el debate de Canal Sur. Quizás ese ha sido uno de los grandes errores de los conservadores, que quisieron hacer su campaña utilizando a los medios de comunicación como altavoz de la corrupción en Andalucía más que mostrando su programa político a los ciudadanos.

En este sentido es interesante dedicar unas líneas a analizar el efecto que tienen los escándalos de corrupción en los electores. Se suele decir, no sin parte de razón, que la corrupción pasa mayor factura a la izquierda que a la derecha. Y no cabe duda de que, a diferencia de los ocurrido en la Comunidad Valenciana, los escándalos en Andalucía han sido un lastre para un PSOE que ya llegaba muy tocado a las elecciones. Los 650.000 votos de diferencia con los resultados de 2008 dan buena cuenta de ello, aunque es difícil saber si pesan más las políticas económicas de Zapatero durante la crisis o el caso de los EREs. Pero en ocasiones puede ser también que los ciudadanos no solo penalicen al partido donde se producen los casos de corrupción sino también a aquel que intenta rentabilizar los escándalos del adversario en beneficio propio. La utilización electoral de la corrupción en Andalucía por parte del PP, que ha centrado su campaña en ello, ha sido tan burda que es muy probable que haya pesado en la decisión de los electores.

Para el PSOE estos resultados electorales suponen un soplo de aire fresco. Aunque aun es pronto para decirlo, pudiera parecer que la tendencia de las autonómicas y las generales del año pasado esté empezando a revertirse. En Andalucía el PSOE ha sacado prácticamente el mismo número de votos que en las Elecciones Generales de 2011, con la particularidad de que en estas últimas la participación fue 8 puntos mayor. Dando por descontada la victoria del PP, el PSOE andaluz obtiene unos magníficos resultados en relación a lo esperado, que además le permitirán gobernar con toda probabilidad con Izquierda Unida.

En Asturies la situación es un poco más compleja. La victoria del PSOE es por ahora insuficiente para gobernar en mayoría con Izquierda Xunida, aun contando con el voto del diputado de UPyD. Habrá que esperar, no obstante, al voto de la emigración asturiana, que es tradicionalmente progresista y que podría hacer bailar un diputado a favor del PSOE, dándole la gobernabilidad. Pero sea como fuere se puede detectar un cierto movimiento del electorado hacia la izquierda en comparación con las elecciones autonómicas del año pasado. Era de esperar que la actitud autoritaria del gobierno Cascos y las políticas regresivas de Rajoy restaran votos de la derecha asturiana. Con toda probabilidad la reforma laboral haya tenido una especial influencia electoral en Asturies, donde los sindicatos siguen teniendo un papel determinante.

La atomización del voto en Asturies se ha convertido en una realidad. En apenas un año la Junta General del Principado ha pasado de albergar a tres grupos parlamentarios a tener que contar hasta cinco siglas: PSOE, FAC, PP, IX y UPyD. Es difícil saber si es el reflejo de un mayor pluralismo político de la sociedad asturiana, toda vez que las diferencias entre los dos partidos de la derecha, PP y FAC, tienen más que ver con el personalismo que con el programa político. Pero en cualquier caso la estabilidad política en Asturies queda comprometida por un escenario donde la negociación y el pacto serán imprescindibles para gobernar. Y en la experiencia asturiana este panorama no ha dado buenos resultados, lo que quizás tenga mucho que ver con una cultura política poco dada a la democracia consociativa.

Los resultados de Izquierda Unida, tanto en Asturies como en Andalucía, son magníficos. Se trata de los dos feudos tradicionales de la formación, donde su peso político es mayor. Y curiosamente representan las dos corrientes opuestas dentro de Izquierda Unida. En Asturies, donde el sector ligado a Llamazares lidera la coalición, han conseguido subir tanto en votos como en escaños. Porcentualmente Asturies es la Comunidad Autónoma donde el peso de IU es mayor, con poco menos del 14% de los votos. En Andalucía es el sector más cercano a Cayo Lara y al PCE quien lidera la coalición con un discurso más antiguo y menos cercano a la realidad social que el de Izquierda Xunida y Llamazares en Asturies, lo que no les ha impedido doblar su representación parlamentaria. Una buena porción de lo que pierde el PSOE lo gana IU y esto le proporciona un buen argumento para negociar con Griñán y para arrastrar al PSOE andaluz a posiciones más a la izquierda.

Otro dato a analizar es la baja participación tanto en Andalucía como en Asturies. La abstención es siempre difícil de comprender porque sus motivos son desconocidos. Valorar que porcentaje hay de castigo o descontento con la clase política y cuanto de desinterés es un ejercicio muy poco útil basado más en la especulación que en los datos. No es desdeñable, no obstante, la influencia que hayan podido tener las citas electorales de 2011. En un año tanto los asturianos como los andaluces han acudido a las urnas en tres ocasiones, lo que puede provocar un cierto hastío electoral, especialmente en el Principado donde los ciudadanos han tenido que votar en dos ocasiones y con diez meses de diferencia para la misma institución.

En Andalucía la no coincidencia de las autonómicas con las generales también puede explicar cierto nivel de abstención. Y aunque todo hacía pensar que la baja participación beneficiaba al PP, como ha venido siendo tradición en la mayoría de las elecciones en España, la realidad ha sido bien distinta. Finalmente Griñán acertó convocando las elecciones en una fecha diferente a la de las generales de 2011.

Sea como fuere, la abstención es un problema real de nuestro sistema político que conviene abordar detenidamente. Pero no se pueden sacar demasiadas conclusiones de ello ni sirve para desacreditar unos resultados democráticos, por más que algunos pretendan hacer ese análisis. Decir que quien se abstiene lo hace para deslegitimar al sistema o a la clase política es hacer una lectura interesada y poco objetiva de un fenómeno que se da en buena parte de las democracias del mundo.

Las elecciones en Andalucía y Asturies han supuesto en definitiva un gran alivio para el PSOE y un jarro de agua fría para el PP, que se veía gobernando en ambas comunidades autónomas. El panorama de un país donde la práctica totalidad de las instituciones estuvieran gobernadas por ejecutivos conservadores parece esfumarse y eso hace pensar que la sociedad pueda empezar a pasar factura a las políticas agresivas del PP. La siguiente prueba de fuego es la Huelga General del 29M. Y los Presupuestos Generales del Estado, que se presentarán al día siguiente, pueden ser un nuevo elemento de desafección de la sociedad con el gobierno, toda vez que en ellos se reflejarán previsiblemente unos recortes sociales que serán muy dolorosos.

Al PSOE aun le queda una larga travesía en el desierto. Tendrá que convencer a la sociedad de que su apuesta por las políticas sociales es firme. En ello influirá el papel de los socialistas y quien sea finalmente su candidato. Pero también la capacidad de IU para arrastrar al PSOE a la izquierda, la situación de la socialdemocracia europea (una victoria de Hollande en Francia ayudaría), la coyuntura económica y la gestión que el PP haga de ella… Por ahora el PSOE ha conseguido parar el golpe de la derecha y es un buen comienzo. Pero el siguiente partido se juega en las elecciones vascas del próximo año, donde las encuestas no auguran un gran resultado para Patxi López. Aunque visto lo visto en Andalucía y Asturies, vale más no fiarse demasiado de los sondeos electorales.

1812-2012: La izquierda y el liberalismo

Estos días se están celebrando numerosos actos conmemorativos de la Constitución de Cádiz, popularmente conocida como La Pepa, con motivo del bicentenario de su nacimiento. Las Cortes gaditanas supusieron la entrada de España en la modernidad política y el principio del fin del absolutismo. A pesar de la vida efímera de la Carta Magna de 1812, su promulgación puso las baldosas en el camino para transitar hacia la democracia y sin ella sería difícil entender el régimen de libertades y derechos del que hoy disfrutamos. Fue la tercera constitución liberal del mundo, después de las de las revoluciones americana y francesa, y la primera de España, si exceptuamos de la lista el Estatuto de Bayona de José Bonaparte.

La separación de poderes, la igualdad jurídica o el concepto de Estado de Derecho como limitación del poder político mediante la ley son elementos que hoy nos parecen innegociables y que nacieron de aquellas cortes reunidas en San Fernando bajo la amenaza y el asedio del francés. Fue un movimiento político, el liberalismo, el que hizo posible que hace doscientos años dejáramos de ser súbditos para ser ciudadanos. Aquellas ciudades que se levantaron en armas contra el invasor eran el territorio fundamental donde el nuevo sujeto político, el individuo, podía jugar un papel en la organización de la vida común. De ahí la importancia que en las democracias liberales adquirió el poder local; una importancia que llega a nuestros días y que está encarnada en el papel de las instituciones municipales que nos hemos otorgado.

En 1812 no hubo, no obstante, revolución. Fue más bien un cambio de paradigma político y un progresivo deshacerse de aquel mundo medieval que aun sobrevivía en las instituciones políticas. Durante los siguientes dos siglos la historia de nuestro país vivió grandes avances pero también retrocesos significativos. El último de ellos y quizás el más dramático fue la dictadura franquista, basada en unos principios que despreciaban todas las aportaciones del liberalismo político y que se encargó de destruir aquello que éste había construido no sin esfuerzo.

Hoy el término liberalismo está muy desprestigiado en el ámbito de la izquierda. En no pocas ocasiones se utiliza como sinónimo de derecha, lo cual resulta paradójico si recordamos que fue en la Revolución Francesa, paradigma de revolución liberal, donde surgió la distinción entre izquierda y derecha según el lugar de la bancada que ocupaban exaltados y moderados en la Asamblea. Si liberalismo es sinónimo de derecha, también debería ser sinónimo de izquierda por los mismos motivos. Y un término que puede funcionar como sinónimo de dos contrarios resulta descriptivamente muy poco operativo.

A veces se confunde también liberalismo político con liberalismo económico. Y aunque sería inútil negar la relación entre ambos, no funcionan como términos equivalentes. No hay duda de que el liberalismo fue un movimiento burgués y en su lucha por limitar el poder del Estado estaba la semilla del laissez-faire; de un concepto de libertad ya no solo político sino también económico del que necesitaba una burguesía que desarrollaba su vida profesional principalmente en los mercados. Pero confundir liberalismo económico con liberalismo político no ayuda a entender las aportaciones positivas de ambas doctrinas. Ni tampoco las debilidades de cada una de ellas.

Hoy aun una parte de la izquierda entiende a la burguesía como la antítesis del movimiento obrero. Pero en los orígenes del liberalismo no era así. No porque no hubiese estratos sociales por debajo de ella sino porque no estaban organizados, no participaban de la vida pública ni tenían una conciencia de clase como la entendió Marx unos años más tarde. La dialéctica no era burguesía/proletariado sino aristocracia/burguesía. El liberalismo fue entonces una revolución burguesa, no contra el proletariado, sino contra la nobleza, el feudalismo y el poder omnímodo del monarca absoluto.

Liberalismo también se utiliza en ocasiones como sinónimo de neoliberalismo. Y si bien es cierto que este último es deudor del laissez-faire, también es verdad que el neoliberalismo va más allá. Se trata efectivamente de una doctrina que defiende un Estado reducido a su mínima expresión pero además considera que el Estado debe funcionar bajo el criterio del beneficio. La administración pública tendría que ser así una empresa más compitiendo en condiciones de igualdad con el resto de actores económicos. El sometimiento del Estado a la lógica de los mercados conduciría inexorablemente a una suerte de selección natural donde solo los más capaces sobrevivirían a la exclusión. Así todo, el vocablo neoliberalismo tiene un valor más normativo que descriptivo, que retrata más bien a quien lo utiliza que a lo que pretende retratar. Por eso son pocos los que se definen abiertamente como neoliberales y son muchos los que utilizan el término con una importante carga semántica despreciativa.

Liberalismo político, en definitiva, no es lo mismo que derecha, liberalismo económico o neoliberalismo y confundir estos términos no ayuda a entender su dimensión. No hay duda de que la derecha y las teorías económicas liberales y neoliberales difícilmente podrían haber existido sin aquellas revoluciones de finales del siglo XVIII y principios del XIX contra las monarquías absolutas. Pero son pocas las ideologías o las teorías políticas que han surgido desde entonces que no hayan sido deudoras de uno u otro modo, bien oposición o bien por afinidad, del universo liberal. Desde las más progresistas a las más conservadoras. Incluso el nacionalismo, especialmente el vasco, hunde sus raíces en el tradicionalismo carlista, absolutista y ultracatólico que hizo la guerra al Estado liberal.

Las celebraciones del bicentenario de la Constitución de 1812 son, de algún modo, un homenaje a un liberalismo político sin el cual hubiera sido imposible el surgimiento del Estado democrático. No en vano se utiliza la expresión democracia liberal para referirse a los regímenes políticos representativos como el nuestro. El liberalismo, con sus virtudes y sus defectos, forma parte de nuestro bagaje histórico, filosófico y político. Y una parte de la izquierda lo ha despachado de un plumazo, como si nada bueno pudiera surgir de él o como si las aportaciones liberales no hubieran jugado un papel importante en la historia de la izquierda. Y es un error que quizás sea hora de ir subsanando.

Los sindicatos, el 15-M y la Huelga General

Parece más que evidente que los sindicatos han perdido buena parte de la simpatía que tenían en épocas recientes de nuestra historia. Según una encuesta de Metroscopia de 2011, los sindicatos se sitúan en los últimos puestos en la escala de confianza de los ciudadanos con las instituciones, logrando tan solo una nota de 3,3 sobre 10, y solo por encima de los partidos políticos, la clase política y los bancos. Este dato resulta aun más significativo si tenemos en cuenta que en 2008 justo al inicio de la crisis, la nota de los sindicatos era de un 5,1.

Las causas de esta pérdida de confianza en los sindicatos son, con toda probabilidad, múltiples. Por un lado las transformaciones del mercado laboral han generado una dualidad entre los trabajadores que quizás no ha sido bien entendida por los sindicatos, cuya base social se sitúa más bien en las grandes empresas con un volumen importante de contratos indefinidos y en la función pública. Los jóvenes, principales víctimas de la temporalidad, no han conectado con un discurso sindical al que consideran más propio de sus padres que de ellos mismos.

Otro motivo que desde sectores progresistas se suele indicar cuando se habla de la pérdida de confianza en los sindicatos es su predisposición al pacto con otros poderes del Estado, principalmente la patronal y los gobiernos, enmarcada en una tendencia hacia la perdida progresiva de derechos laborales. Se les acusa, no sin algo de razón, de legitimar mediante el pacto con la patronal algunos acuerdos que resultaron lesivos para los derechos de los trabajadores.

Pero el papel de los sindicatos, especialmente de los mayoritarios, es complejo en una democracia como la nuestra. Por un lado cumplen un papel institucional en un Estado corporativista donde la participación de sindicatos y patronal esta formalizada a través de lo que se conoce como diálogo social. En otros países occidentales no existe tal diálogo social y los sindicatos actúan como otros tantos grupos de interés tratando de influir en la clase política. Es el caso del sistema pluralista de EEUU. Pero el corporativismo español hunde sus raíces en nuestra historia y tiene su razón de ser en la necesidad de garantizar y proteger una representación de los trabajadores formal y reglada donde su participación en los asuntos laborales vaya más allá de la influencia política que puedan tener en un momento dado. Es, de algún modo, un sistema que protege la representatividad sindical pero que no deja de plantear problemas, especialmente en lo concerniente al papel de los sindicatos.

Los sindicatos, por tanto, tienen una responsabilidad institucional. Pero no solo. También cumplen un papel de movimiento social amplio y expresivo que ejerce una función reivindicativa y movilizadora de la sociedad. Son estas dos “almas” de los sindicatos, la institucional y la expresiva, las que conviven provocando tensiones hacia uno u otro lado. Tal vez haya algo de cierto en la idea de que la segunda ha perdido protagonismo en favor de la primera y los sindicatos seguramente podrían tener un papel mucho más activo en la calle. Pero difícilmente se le puede exigir a los sindicatos aquello mismo que la sociedad no está dispuesta a hacer. Y en vista de las encuestas sobre el apoyo de la sociedad a la Huelga General del 29M, no parecer que los ciudadanos estén muy dispuestos a secundar de forma mayoritaria y continuada movilizaciones contra el recorte de derechos laborales. En ese sentido la Huelga General es más una obligación de los sindicatos ante una reforma laboral extremadamente agresiva que un deseo de responder a un clamor social que no parece que exista. Se corre el peligro de que salga mal, lo cual serviría para que el gobierno pueda legitimar socialmente la medida y para poner en evidencia la extrema debilidad de los sindicatos. Pero parece preferible correr ese riesgo que no convocar la huelga, lo que deslegitimaría definitivamente a los sindicatos ante la sociedad y ante sus bases para una buena temporada.

Otro factor que de manera indubitable ha debilitado la confianza en los sindicatos es la campaña mediática que han sufrido en los últimos años y especialmente desde que se inició la crisis. Las referencias, muchas veces más inventadas que reales, a las subvenciones que reciben, a sus liberados o a los sueldos y el nivel de vida de sus dirigentes han sido una constante en los medios de la derecha. Existe una clara intención es deslegitimar a los sindicatos como agente social, debilitar su papel negociador y desincentivar a los ciudadanos para que no respalden sus movilizaciones. Y lo más preocupante es que en parte lo han conseguido. Pero además de injusta, la estrategia de la derecha es irresponsable porque desprecia el papel de los sindicatos como canalizador del descontento ciudadano y garantizador de la paz social. Un papel, por cierto, que fue fundamental en la Transición española hacia la democracia.

Algunos sectores de la izquierda y especialmente el 15M se han sumado a un discurso antisindical que resulta peligroso e injusto y que coincide en parte con los argumentos de la derecha mediática. Desde esos ámbitos se ha llegado a decir que la convocatoria de la Huelga General es insuficiente, lo cual parece muy poco realista en vista del limitado apoyo ciudadano a la convocatoria del 29M. Y parece muy poco razonable criticar a los sindicatos, como se ha hecho, por no convocar una huelga general y seguir criticándolos cuando lo hacen. Más allá de cualquier otra consideración que podamos tener sobre los sindicatos, la convocatoria de la Huelga General, en vista de la agresividad de la reforma laboral de Rajoy, tiene que ser celebrada por quienes defendemos los derechos de los trabajadores. Y nos jugamos mucho con ella. Porque una huelga general, ante todo, es una demostración de fuerza de los trabajadores que se expresa solo si tiene un seguimiento masivo.

Sin duda los sindicatos deberán iniciar una transformación importante en su discurso, sus modos, sus objetivos y su base social si quieren sobrevivir a los cambios que se están produciendo en nuestro tiempo. Pero a pesar de todas las críticas que les podamos hacer, que desde luego son muchas, siguen cumpliendo un papel importantísimo de muro de contención frente al recorte de derechos laborales. Hay quién corresponsabiliza a los sindicatos de esos recortes de derechos pero basta pensar que hubiera ocurrido si no existieran sindicatos fuertes para matizar esa opinión. Los sindicatos son necesarios y, precisamente por serlo, necesitan adaptarse a los cambios de la sociedad y del mercado laboral y atender más a problemas como la precariedad, el desempleo y el horizonte laboral de las generaciones más jóvenes.

A pesar de la pérdida de confianza de una parte de los ciudadanos en los sindicatos, éstos siguen siendo una fuerza social importantísima en nuestro país. Entre CCOO y UGT suman más de dos millones de afiliados y cada uno de ellos tiene más que cualquier partido político. Cumplen un papel central en la defensa de los derechos de los trabajadores y es deseable que sigan haciéndolo. La huelga general será una prueba de fuego para ellos pero también para toda la sociedad, que tiene mucho que perder si no sale bien.

Published in: on 16 marzo, 2012 at 13:08  Comments (2)  
Tags: , , , ,

Sobre las manifestaciones en democracia y el uso de la violencia

Una manifestación es una expresión pública, casi siempre de malestar, que se canaliza a través de la calle. El éxito de la misma se basa en su capacidad para reunir a un volumen de gente amplio sobre un universo concreto y en el reflejo que ello tenga en los medios de comunicación. Se ampara en un derecho democrático pero su ejercicio no siempre tiene que ser democrático. Es el caso de las manifestación de tintes xenófobos. El voto en democracia también es un derecho, pero su ejercicio no presupone la calidad democrática de quien vota. Así el voto a un partido de corte fascista no parece que sea un acto muy democrático, si bien sí lo es el procedimiento. Y en sentido inverso, una causa noble, justa y democrática puede expresarse por medios que no lo son. Forma y contenido son fundamentales en democracia y la una sin la otra conduce a una baja calidad democrática.

Manifestarse es, por tanto, hacer uso de un derecho fundamental que además aparece recogido en la Constitución Española. Es cierto, no obstante, que el ordenamiento jurídico exige la comunicación previa, que no autorización. Y parece bastante razonable que quien quiere hacer un uso privativo de la vía pública (es decir, cortar la circulación) avise previamente para que las autoridades administren los problemas que ello pudiera generar de la forma más conveniente para el bien general, por ejemplo, reordenando el tráfico o variando las rutas de los servicios de urgencia. Desde este punto de vista parece una norma más que sensata y no da pie a creer que está pensada para impedir el derecho de manifestación. Dicho esto, cabe señalar que la ausencia del trámite que supone comunicar una manifestación en ningún caso puede limitar un derecho fundamental, salvo en situaciones muy excepcionales. Una falta administrativa no es un delito ni debe servir de excusa para impedir o deslegitimar el ejercicio del derecho a manifestarse.

Cosa bien distinta es la de quien aprovecha una manifestación legítima y pacífica para destrozar el mobiliario urbano, romper escaparates o agredir a periodistas, como hemos visto en Barcelona en el marco de las movilizaciones estudiantiles. Se trata de actitudes que desprecian la voluntad de quienes convocan la manifestación y de quienes acuden a ella con intenciones pacíficas. Supone parapetarse en los manifestantes, poniendo en riesgo su integridad física, para ejercer violencia contra personas y cosas. Y eso es lo contrario del respeto a la voluntad de la gente.

Ese tipo de violencia, ejercida por unos pocos escudándose en muchos, resulta además muy inoportuna. Pone el foco en los disturbios dejando en un segundo plano los motivos de la manifestación y su mayor o menor éxito movilizador. Podrá decirse que esto es culpa de la manipulación informativa y, en ocasiones, no hay duda de que así es. Pero parece innegable para cualquiera con un mínimo sentido periodístico que en ocasiones se desplaza el interés informativo de las manifestaciones a los disturbios. Recordemos los sucesos del Parlament de Catalunya el pasado 15 de Junio, a los que me referí en este mismo blog en un artículo titulado Los sucesos del Parlament, la violencia y el movimiento del 15-M. En aquella ocasión cabe hacerse una pregunta: ¿tiene mayor interés informativo una manifestación de unos pocos miles de personas contra los presupuestos de Catalunya o la agresión y el acoso a los diputados, tanto de izquierdas como de derechas, que acceden a un pleno parlamentario? Me parece más honesto situarse en lo segundo. La violencia contra representantes electos, por poco o mucho que éstos nos puedan gustar, fue un hecho gravísimo y sin precedentes en la democracia española. No quiere decir esto que no exista gravedad, y mucha, en los presupuestos aprobados en la cámara catalana. Pero desgraciadamente quienes acosaron y agredieron a diputados pusieron todo el empeño en que los motivos de la manifestación pasaran a un segundo plano. En ese caso algunas voces acusaron a los medios de manipulación por no situar la violencia en un plano informativo inferior. Lo cual es poco menos que reclamarles que maquillen la realidad o que manipulen la verdad de lo ocurrido. Podemos considerar que se sobredimensionó lo sucedido. Pero en todo caso sería como mínimo un asunto discutible y se trataría de un debate acerca del grado de interés informativo que le concedemos a una noticia, lo cual no es poco. Otra cosa bien distinta es la manera más que cuestionable de abordar estas noticias por parte de algunos medios, pero el interés informativo es incontestable.

Vaya por delante que no trato de realizar una impugnación total a la violencia. Me parece poco discutible que en algunos contextos puede resultar pertinente y efectiva para abordar una situación manifiestamente injusta. La violencia que vemos en algunos países árabes es buen ejemplo de ello. Se trata no solo de defenderse de la opresión de la tiranía sino de acabar con ella. Y se trata de una violencia legítima, por más que en su seno se escondan a veces otro tipo de violencias que no lo son tanto, como algunas ejecuciones sumarias, torturas y agresiones racistas que hemos visto por parte de la resistencia libia. Lo que no me convence de los episodios de Barcelona en los últimos días es la utilización de una manifestación pacífica con fines violentos, por lo que tiene de antidemocrático y de desprecio a la voluntad de quienes se manifiestan. No es la primera vez que ocurre, especialmente en Barcelona. Y se circunscribe no solo a manifestaciones estudiantiles. También en celebraciones deportivas hemos visto actitudes de este tipo.

Es habitual que a estas críticas se responda diciendo que la violencia del Estado, de los poderes, de la policía o del capitalismo es mayor, mucho más injusta y de una gravedad infinitamente superior. No lo pongo en duda. Pero la violencia de un signo no justifica la violencia del signo opuesto en todas las situaciones y circunstancias. Y no siempre el fin justifica los medios. Pero pongámonos en el supuesto de que el fin justificara la utilización de estos medios. ¿La violencia de ayer en Barcelona habría contribuido a la lucha contra los recortes? ¿Romper un escaparate, en las circunstancias de las movilizaciones estudiantiles de ayer, supone un paso en la dirección adecuada? Ya sea el objetivo denunciar los recortes o acabar con el sistema capitalista, parece más que dudoso que la violencia que hemos visto tenga alguna utilidad. No solo no contribuye a tan nobles fines, sino que puede crear temor en los ciudadanos a acudir a manifestaciones y a expresar su descontento. ¿Es eso bueno para la lucha social que se dice defender? Parece que no. Por tanto, además de ser una violencia injusta e inoportuna, es también ineficaz.

En ocasiones se dice que este tipo de violencia está instigada por policías infiltrados en las movilizaciones. No tengo datos suficientes para afirmarlo o negarlo y las pruebas que se han presentado al respecto me parecen insuficientes. Pero de ser así demostraría que estas actitudes buscan deslegitimar las movilizaciones y, por tanto, la crítica a este tipo de violencia sería doblemente necesaria, tenga su origen en la policía o no.

Mención especial, por su gravedad, me parecen las agresiones a periodistas. Son injustas en tanto que atacan a trabajadores en el desempeño de su profesión, que además es fundamental para la democracia. Pero también son muy problemáticas porque una manifestación sin medios de comunicación es inexistente desde el punto de vista social.

Para acabar quiero señalar que las críticas que acabo de manifestar en este artículo no tratan de poner en cuestión de ningún modo las movilizaciones que se están produciendo en los últimos tiempos. Más bien todo lo contrario. Critico las expresiones violentas porque considero que son contrarias a la voluntad de una buena parte de quienes nos manifestamos y porque en la actual situación me parecen más eficaces las manifestaciones pacíficas multitudinarias que las expresiones violentas de una minoría. Se trata de procurar que la gente acuda a las movilizaciones, no de espantarla. Y por supuesto, las críticas a esa minoría violenta no pretenden legitimar la actuación policial ni mucho menos. Se trata, precisamente, de no dar argumentos para que la policía reprima indiscriminada e injustamente lo que son movilizaciones pacíficas en ejercicio de un derecho fundamental.

Seguir

Recibe cada nueva publicación en tu buzón de correo electrónico.

Únete a otros 2.116 seguidores

%d personas les gusta esto: