La caja de Pandora

Los Estados del Bienestar occidentales han vivido atrapados en una tensión permanente entre estabilidad y transformación que se ha saldado siempre a favor de la primera. Las democracias liberales gustan poco de grandes cambios que pongan en riesgo la tan manida estabilidad institucional a la que los grandes partidos con vocación de gobierno suelen hacer referencia. En España esta situación resulta particularmente significativa por la juventud de nuestra democracia que, a pesar de serlo, se percibe como esclerotizada por una parte de los ciudadanos.  No es poco habitual escuchar a lideres de PP y PSOE  exigirse mutuamente “sentido de Estado” para referirse a la voluntad de preservar el statu quo. Pero la crisis económica en España parece haber tirado por la borda algunos de los pactos tácitos generados en la Transición y durante los primeros gobiernos socialistas sobre la necesidad de un amplio consenso para transformar cualquier aspecto fundamental de la joven democracia española.

Los primeros meses de gobierno conservador han puesto en cuestión aquellos acuerdos implícitos. Si de algo no se puede acusar a Rajoy es de inmovilismo. Ha emprendido en solitario la mayor reforma del Estado en todos sus aspectos de los últimos 30 años. Solo que en este caso se trata de una transformación regresiva que tiene como consecuencia, y tal vez como objetivo, un deterioro en las condiciones de vida de una parte muy significativa de la sociedad. Y por supuesto no hay mayoría absoluta que legitime tal cosa. La crisis económica aparece como un elemento justificador de unas reformas que se venden como coyunturales pero que estaban mucho antes de la crisis de Lehman Brothers en el mismísimo ADN de la derecha.

A medio y largo plazo el escenario es bastante desesperanzador. En el peor de los casos, y también el más probable, el deterioro del Estado del Bienestar será irreversible. al menos durante varias décadas. Y en el menos malo de los casos la estabilidad institucional podría dar paso a un periodo de reformas y contrarreformas según el signo político del gobierno de turno, como ocurriera en buena parte de la historia contemporánea de España; desde la época de las Cortes de Cádiz hasta la Guerra Civil.

Sería necesario, en todo caso, una mayor audacia de los socialdemócratas europeos. Por ahora las expectativas generadas por una virtual victoria de Hollande tienen más de fe que de ciencia. Pero sigue siendo nuestra última esperanza, aquella que se encuentra en el fondo de la caja de Pandora abierta por la crisis. Y en cualquiera de las hipótesis de futuro existe un peligro real: el ascenso del populismo. Los resultados de Marine Le Pen en las elecciones francesas tiene que ser vistos como una señal de alarma de lo que puede ocurrir en Europa. Si la vieja política ya no vale, bien sea por un retroceso muy significativo del Estado del Bienestar o por la inestabilidad que pudiera generar la alternancia de grandes reformas en uno y otro sentido, el saldo puede ser una victoria de quienes pescan en río revuelto con mensajes mesiánicos. Y resulta imposible no pensar en la Europa de hace ochenta años y en sus nefastas consecuencias.

(Publicado en http://blogs.publico.es/xabel-vegas/)

Pandora. Vasija

1812-2012: La izquierda y el liberalismo

Estos días se están celebrando numerosos actos conmemorativos de la Constitución de Cádiz, popularmente conocida como La Pepa, con motivo del bicentenario de su nacimiento. Las Cortes gaditanas supusieron la entrada de España en la modernidad política y el principio del fin del absolutismo. A pesar de la vida efímera de la Carta Magna de 1812, su promulgación puso las baldosas en el camino para transitar hacia la democracia y sin ella sería difícil entender el régimen de libertades y derechos del que hoy disfrutamos. Fue la tercera constitución liberal del mundo, después de las de las revoluciones americana y francesa, y la primera de España, si exceptuamos de la lista el Estatuto de Bayona de José Bonaparte.

La separación de poderes, la igualdad jurídica o el concepto de Estado de Derecho como limitación del poder político mediante la ley son elementos que hoy nos parecen innegociables y que nacieron de aquellas cortes reunidas en San Fernando bajo la amenaza y el asedio del francés. Fue un movimiento político, el liberalismo, el que hizo posible que hace doscientos años dejáramos de ser súbditos para ser ciudadanos. Aquellas ciudades que se levantaron en armas contra el invasor eran el territorio fundamental donde el nuevo sujeto político, el individuo, podía jugar un papel en la organización de la vida común. De ahí la importancia que en las democracias liberales adquirió el poder local; una importancia que llega a nuestros días y que está encarnada en el papel de las instituciones municipales que nos hemos otorgado.

En 1812 no hubo, no obstante, revolución. Fue más bien un cambio de paradigma político y un progresivo deshacerse de aquel mundo medieval que aun sobrevivía en las instituciones políticas. Durante los siguientes dos siglos la historia de nuestro país vivió grandes avances pero también retrocesos significativos. El último de ellos y quizás el más dramático fue la dictadura franquista, basada en unos principios que despreciaban todas las aportaciones del liberalismo político y que se encargó de destruir aquello que éste había construido no sin esfuerzo.

Hoy el término liberalismo está muy desprestigiado en el ámbito de la izquierda. En no pocas ocasiones se utiliza como sinónimo de derecha, lo cual resulta paradójico si recordamos que fue en la Revolución Francesa, paradigma de revolución liberal, donde surgió la distinción entre izquierda y derecha según el lugar de la bancada que ocupaban exaltados y moderados en la Asamblea. Si liberalismo es sinónimo de derecha, también debería ser sinónimo de izquierda por los mismos motivos. Y un término que puede funcionar como sinónimo de dos contrarios resulta descriptivamente muy poco operativo.

A veces se confunde también liberalismo político con liberalismo económico. Y aunque sería inútil negar la relación entre ambos, no funcionan como términos equivalentes. No hay duda de que el liberalismo fue un movimiento burgués y en su lucha por limitar el poder del Estado estaba la semilla del laissez-faire; de un concepto de libertad ya no solo político sino también económico del que necesitaba una burguesía que desarrollaba su vida profesional principalmente en los mercados. Pero confundir liberalismo económico con liberalismo político no ayuda a entender las aportaciones positivas de ambas doctrinas. Ni tampoco las debilidades de cada una de ellas.

Hoy aun una parte de la izquierda entiende a la burguesía como la antítesis del movimiento obrero. Pero en los orígenes del liberalismo no era así. No porque no hubiese estratos sociales por debajo de ella sino porque no estaban organizados, no participaban de la vida pública ni tenían una conciencia de clase como la entendió Marx unos años más tarde. La dialéctica no era burguesía/proletariado sino aristocracia/burguesía. El liberalismo fue entonces una revolución burguesa, no contra el proletariado, sino contra la nobleza, el feudalismo y el poder omnímodo del monarca absoluto.

Liberalismo también se utiliza en ocasiones como sinónimo de neoliberalismo. Y si bien es cierto que este último es deudor del laissez-faire, también es verdad que el neoliberalismo va más allá. Se trata efectivamente de una doctrina que defiende un Estado reducido a su mínima expresión pero además considera que el Estado debe funcionar bajo el criterio del beneficio. La administración pública tendría que ser así una empresa más compitiendo en condiciones de igualdad con el resto de actores económicos. El sometimiento del Estado a la lógica de los mercados conduciría inexorablemente a una suerte de selección natural donde solo los más capaces sobrevivirían a la exclusión. Así todo, el vocablo neoliberalismo tiene un valor más normativo que descriptivo, que retrata más bien a quien lo utiliza que a lo que pretende retratar. Por eso son pocos los que se definen abiertamente como neoliberales y son muchos los que utilizan el término con una importante carga semántica despreciativa.

Liberalismo político, en definitiva, no es lo mismo que derecha, liberalismo económico o neoliberalismo y confundir estos términos no ayuda a entender su dimensión. No hay duda de que la derecha y las teorías económicas liberales y neoliberales difícilmente podrían haber existido sin aquellas revoluciones de finales del siglo XVIII y principios del XIX contra las monarquías absolutas. Pero son pocas las ideologías o las teorías políticas que han surgido desde entonces que no hayan sido deudoras de uno u otro modo, bien oposición o bien por afinidad, del universo liberal. Desde las más progresistas a las más conservadoras. Incluso el nacionalismo, especialmente el vasco, hunde sus raíces en el tradicionalismo carlista, absolutista y ultracatólico que hizo la guerra al Estado liberal.

Las celebraciones del bicentenario de la Constitución de 1812 son, de algún modo, un homenaje a un liberalismo político sin el cual hubiera sido imposible el surgimiento del Estado democrático. No en vano se utiliza la expresión democracia liberal para referirse a los regímenes políticos representativos como el nuestro. El liberalismo, con sus virtudes y sus defectos, forma parte de nuestro bagaje histórico, filosófico y político. Y una parte de la izquierda lo ha despachado de un plumazo, como si nada bueno pudiera surgir de él o como si las aportaciones liberales no hubieran jugado un papel importante en la historia de la izquierda. Y es un error que quizás sea hora de ir subsanando.

Sobre las manifestaciones en democracia y el uso de la violencia

Una manifestación es una expresión pública, casi siempre de malestar, que se canaliza a través de la calle. El éxito de la misma se basa en su capacidad para reunir a un volumen de gente amplio sobre un universo concreto y en el reflejo que ello tenga en los medios de comunicación. Se ampara en un derecho democrático pero su ejercicio no siempre tiene que ser democrático. Es el caso de las manifestación de tintes xenófobos. El voto en democracia también es un derecho, pero su ejercicio no presupone la calidad democrática de quien vota. Así el voto a un partido de corte fascista no parece que sea un acto muy democrático, si bien sí lo es el procedimiento. Y en sentido inverso, una causa noble, justa y democrática puede expresarse por medios que no lo son. Forma y contenido son fundamentales en democracia y la una sin la otra conduce a una baja calidad democrática.

Manifestarse es, por tanto, hacer uso de un derecho fundamental que además aparece recogido en la Constitución Española. Es cierto, no obstante, que el ordenamiento jurídico exige la comunicación previa, que no autorización. Y parece bastante razonable que quien quiere hacer un uso privativo de la vía pública (es decir, cortar la circulación) avise previamente para que las autoridades administren los problemas que ello pudiera generar de la forma más conveniente para el bien general, por ejemplo, reordenando el tráfico o variando las rutas de los servicios de urgencia. Desde este punto de vista parece una norma más que sensata y no da pie a creer que está pensada para impedir el derecho de manifestación. Dicho esto, cabe señalar que la ausencia del trámite que supone comunicar una manifestación en ningún caso puede limitar un derecho fundamental, salvo en situaciones muy excepcionales. Una falta administrativa no es un delito ni debe servir de excusa para impedir o deslegitimar el ejercicio del derecho a manifestarse.

Cosa bien distinta es la de quien aprovecha una manifestación legítima y pacífica para destrozar el mobiliario urbano, romper escaparates o agredir a periodistas, como hemos visto en Barcelona en el marco de las movilizaciones estudiantiles. Se trata de actitudes que desprecian la voluntad de quienes convocan la manifestación y de quienes acuden a ella con intenciones pacíficas. Supone parapetarse en los manifestantes, poniendo en riesgo su integridad física, para ejercer violencia contra personas y cosas. Y eso es lo contrario del respeto a la voluntad de la gente.

Ese tipo de violencia, ejercida por unos pocos escudándose en muchos, resulta además muy inoportuna. Pone el foco en los disturbios dejando en un segundo plano los motivos de la manifestación y su mayor o menor éxito movilizador. Podrá decirse que esto es culpa de la manipulación informativa y, en ocasiones, no hay duda de que así es. Pero parece innegable para cualquiera con un mínimo sentido periodístico que en ocasiones se desplaza el interés informativo de las manifestaciones a los disturbios. Recordemos los sucesos del Parlament de Catalunya el pasado 15 de Junio, a los que me referí en este mismo blog en un artículo titulado Los sucesos del Parlament, la violencia y el movimiento del 15-M. En aquella ocasión cabe hacerse una pregunta: ¿tiene mayor interés informativo una manifestación de unos pocos miles de personas contra los presupuestos de Catalunya o la agresión y el acoso a los diputados, tanto de izquierdas como de derechas, que acceden a un pleno parlamentario? Me parece más honesto situarse en lo segundo. La violencia contra representantes electos, por poco o mucho que éstos nos puedan gustar, fue un hecho gravísimo y sin precedentes en la democracia española. No quiere decir esto que no exista gravedad, y mucha, en los presupuestos aprobados en la cámara catalana. Pero desgraciadamente quienes acosaron y agredieron a diputados pusieron todo el empeño en que los motivos de la manifestación pasaran a un segundo plano. En ese caso algunas voces acusaron a los medios de manipulación por no situar la violencia en un plano informativo inferior. Lo cual es poco menos que reclamarles que maquillen la realidad o que manipulen la verdad de lo ocurrido. Podemos considerar que se sobredimensionó lo sucedido. Pero en todo caso sería como mínimo un asunto discutible y se trataría de un debate acerca del grado de interés informativo que le concedemos a una noticia, lo cual no es poco. Otra cosa bien distinta es la manera más que cuestionable de abordar estas noticias por parte de algunos medios, pero el interés informativo es incontestable.

Vaya por delante que no trato de realizar una impugnación total a la violencia. Me parece poco discutible que en algunos contextos puede resultar pertinente y efectiva para abordar una situación manifiestamente injusta. La violencia que vemos en algunos países árabes es buen ejemplo de ello. Se trata no solo de defenderse de la opresión de la tiranía sino de acabar con ella. Y se trata de una violencia legítima, por más que en su seno se escondan a veces otro tipo de violencias que no lo son tanto, como algunas ejecuciones sumarias, torturas y agresiones racistas que hemos visto por parte de la resistencia libia. Lo que no me convence de los episodios de Barcelona en los últimos días es la utilización de una manifestación pacífica con fines violentos, por lo que tiene de antidemocrático y de desprecio a la voluntad de quienes se manifiestan. No es la primera vez que ocurre, especialmente en Barcelona. Y se circunscribe no solo a manifestaciones estudiantiles. También en celebraciones deportivas hemos visto actitudes de este tipo.

Es habitual que a estas críticas se responda diciendo que la violencia del Estado, de los poderes, de la policía o del capitalismo es mayor, mucho más injusta y de una gravedad infinitamente superior. No lo pongo en duda. Pero la violencia de un signo no justifica la violencia del signo opuesto en todas las situaciones y circunstancias. Y no siempre el fin justifica los medios. Pero pongámonos en el supuesto de que el fin justificara la utilización de estos medios. ¿La violencia de ayer en Barcelona habría contribuido a la lucha contra los recortes? ¿Romper un escaparate, en las circunstancias de las movilizaciones estudiantiles de ayer, supone un paso en la dirección adecuada? Ya sea el objetivo denunciar los recortes o acabar con el sistema capitalista, parece más que dudoso que la violencia que hemos visto tenga alguna utilidad. No solo no contribuye a tan nobles fines, sino que puede crear temor en los ciudadanos a acudir a manifestaciones y a expresar su descontento. ¿Es eso bueno para la lucha social que se dice defender? Parece que no. Por tanto, además de ser una violencia injusta e inoportuna, es también ineficaz.

En ocasiones se dice que este tipo de violencia está instigada por policías infiltrados en las movilizaciones. No tengo datos suficientes para afirmarlo o negarlo y las pruebas que se han presentado al respecto me parecen insuficientes. Pero de ser así demostraría que estas actitudes buscan deslegitimar las movilizaciones y, por tanto, la crítica a este tipo de violencia sería doblemente necesaria, tenga su origen en la policía o no.

Mención especial, por su gravedad, me parecen las agresiones a periodistas. Son injustas en tanto que atacan a trabajadores en el desempeño de su profesión, que además es fundamental para la democracia. Pero también son muy problemáticas porque una manifestación sin medios de comunicación es inexistente desde el punto de vista social.

Para acabar quiero señalar que las críticas que acabo de manifestar en este artículo no tratan de poner en cuestión de ningún modo las movilizaciones que se están produciendo en los últimos tiempos. Más bien todo lo contrario. Critico las expresiones violentas porque considero que son contrarias a la voluntad de una buena parte de quienes nos manifestamos y porque en la actual situación me parecen más eficaces las manifestaciones pacíficas multitudinarias que las expresiones violentas de una minoría. Se trata de procurar que la gente acuda a las movilizaciones, no de espantarla. Y por supuesto, las críticas a esa minoría violenta no pretenden legitimar la actuación policial ni mucho menos. Se trata, precisamente, de no dar argumentos para que la policía reprima indiscriminada e injustamente lo que son movilizaciones pacíficas en ejercicio de un derecho fundamental.

El caso Urdangarín y el futuro de la monarquía

En España, el debate entre monarquía y república ha sido un tabú político hasta hace bien poco. La Constitución Española acepto la jefatura de Estado monárquica, uno de los principios innegociables de los sectores regeneracionistas del régimen anterior. Y el golpe de Estado del 23F, más allá de las dudas más que razonables sobre la actitud de Juan Carlos una vez conocidos los cables del embajador alemán, vino a confirmar la institución monárquica y vacunó a la opinión pública española, a los medios de comunicación y a la clase política de cualquier tentación republicana. Tal es así que la figura del Rey y su familia eran intocables, ya no desde el punto de vista judicial, sino desde el ejercicio de la más elemental libertad de expresión. Hasta hace poco eran evidentes los episodios de autocensura en prensa y televisión. Pero también los de censura. Me viene a la cabeza aquel programa del Gran Wyoming en TVE en el que programaron una entrevista con Quim Monzó. Corría el año 1994 y el escritor catalán se había despachado a gusto con la monarquía en TV3 unos pocos días antes. El resultado fue la cancelación fulminante del programa de Wyoming. “Muerto el perro, se acabó la rabia” debió pensar Jordi García Candau, último Director de RTVE bajo presidencia de Felipe González. Y un episodio similar se vivió en 2007 con el secuestro de la portada de El Jueves ordenada por la mismísima Audiencia Nacional.

Hay que reconocer, como dicen algunos monárquicos, que la jefatura de Estado de la mayoría de repúblicas de nuestro entorno más cercano no son más transparentes ni más baratas de lo que resulta la monarquía española. La Jefatura de Estado en España es una institución meramente representativa y hay quien considera que su condición hereditaria garantiza su posición ajena al juego político. Y habrá que reconocer que algo de ello hay. Pero la democracia es una combinación de forma y contenido desplegada en un devenir histórico concreto. Y la monarquía casa mal con una formalidad democrática donde los cargos públicos se escogen por procedimientos electivos y no en función del apellido o el ADN. Pero si además la democracia es un proceso histórico, habrá que convenir que la monarquía, por muy parlamentaria que sea, está más cerca de un pasado que hemos desterrado que de un futuro que debemos construir.

El caso Urdangarín ha abierto una grieta en el blindaje con el que la monarquía se había protegido de su propio cuestionamiento. En efecto no es gran cosa y aun no permite divisar un horizonte republicano en España. Pero todos sabemos que las grietas o bien se arreglan o crecen si remisión horadando los cimientos donde aparecen. Hoy en los medios de comunicación se puede criticar abiertamente a los inquilinos de la Zarzuela y de hecho un caso como el de Quim Monzó en TVE sería impensable en la actualidad.

A los errores flagrantes con los que la Casa Real ha abordado el caso Urdangarín se unen unas circunstancias socio-económicas muy poco favorables. En medio de una crisis que ya dura demasiado y con una descomunal cifra de desempleo, los privilegios reales y la impunidad con la que actuaba Urdangarín bajo la complicidad de algunos políticos duelen mucho más al ciudadano medio, que se indigna con razón ante unas figuras institucionales que no se caracterizan precisamente por su austeridad.

Pero a esa situación desfavorable para la legitimación monárquica habrá que sumarle un precario equilibrio político que no está garantizado en el futuro. El republicanismo de izquierdas ha sido silenciado hasta el momento por la lealtad del PSOE a la corona. Y los ataques que una parte de la extrema derecha dirigen a la Casa Real no han contagiado a los sectores mayoritarios y más centrados del PP. Pero una cierta presión popular en sentido contrario a la realeza y de la mano de una generación de ciudadanos que ya no son deudores de la legitimación monárquica surgida de la transición y del 23F, podría mover el punto de equilibrio político a favor de posiciones más republicanas.

Es probable no obstante, que las aguas vuelvan a su cauce y que políticos, monarca y sucesor aguarden a que pase la tormenta. A la democracia le gustan poco las grandes transformaciones y sus élites huyen de todo aquello que pueda poner en riesgo la estabilidad institucional. Pero así todo, algo habrá cambiado en la mirada de los ciudadanos hacia la monarquía. Una mirada que difícilmente podrá volver a ser como era y a la que la monarquía tendrá que adaptarse si quiere sobrevivir.

Published in: on 27 febrero, 2012 at 10:05  Comentarios (1)  
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El papel de los partidos políticos en democracia

En los últimos tiempos, de la mano de la deslegitimación creciente de la clase política española, se ha venido escuchando una idea recurrente sobre nuestro sistema electoral: que debieran ser votados los individuos y no las listas. Es un movimiento no ya contra el bipartidismo sino contra el mismísimo sistema de partidos. La crisis económica ha acabado por potenciar este tipo de planteamientos y ya se escuchan voces de intelectuales y movimientos sociales reclamando un sistema de listas abiertas similar al que se utiliza actualmente para escoger representantes al Senado.

Se dice que de este modo los políticos tendrían que demostrar su honradez ante sus electores, conjurando así el peligro de que individuos condenados por corrupción ocupen los escaños de los parlamentos. No dudo de que sería deseable que los partidos políticos fuesen más contundentes con el fenómeno de la corrupción pero parece más que cuestionable que las listas abiertas solucionen realmente este problema sin provocar otros tanto o más indeseables.

Nuestro sistema político descansa efectivamente sobre la existencia de unos partidos que son los encargados de articular la voluntad popular. Se trata de una fórmula que hace primar las ideas frente al individuo y los proyectos frente a los rostros. En un país que ha sufrido un conflicto secular entre lo que Machado llamó “las dos Españas”, una de izquierdas y otra de derechas, parece razonable la existencia de dos grandes formaciones políticas con las que amplios sectores de la población puedan identificarse. Los partidos además tienen como tarea garantizar la estabilidad del sistema. Una estabilidad lograda a costa de un desgaste de la legitimación de una clase política considerada como previsible e inmovilista y de una desafección ciudadana hacia el voto como instrumento que, lejos de cambiar las cosas, las perpetúa.

En tiempos de la Restauración la alternancia de dos grandes partidos, el conservador de Cánovas y el liberal de Sagasta, perpetuó durante casi medio siglo un sistema político que supuso la modernización de la sociedad española, si bien esto se realizó a costa de unos altísimos niveles de caciquismo y del amaño constante de elecciones. Pero la verdadera decadencia del sistema de la Restauración vino de la mano de la muerte de los líderes de ambos partidos, que habían conseguido cohesionar a las distintas familias de sus formaciones políticas. En plena crisis de final de siglo, la transición de un sistema bipartidista a un sistema de facciones políticas lideradas por el personalismo en las que ninguna de ellas disponía de la suficiente mayoría parlamentaria para llevar a cabo un proyecto de gobierno supuso el descrédito social de un régimen que estaba ya en sus estertores. De ahí a la dictadura militar de Primo de Rivera medió un paso y el tirano vendió su proyecto autoritario y populista como la superación de un partidismo inútil y corrupto.

El bipartidismo plantea evidentemente numerosos problemas relacionados con la legitimidad democrática, especialmente cuando el voto a una u otra formación política se hace no con entusiasmo sino con el criterio de “el mal menor”. Pero quizás las democracias contemporáneas consistan precisamente en eso: en una previsible gestión de la frustración popular a partir de una ética trágica según la cual el ser humano elige siempre entre dos males, no entre un bien y un mal. De ese modo los sistemas democráticos de la actualidad tienen que soportar una tensión irresoluble: la que se produce entre los deseos de estabilidad y los de transformación, entre la pragmática y la ética o, como hace años decía la izquierda, entre reforma y revolución.

Parece muy cuestionable que los sistemas representativos que hacen escoger al ciudadano entre personas y no entre listas sean más democráticos. En la era de la comunicación sabemos que el marketing político puede convertir unas elecciones en una encuesta de popularidad en la que el carisma esté sobrevalorado y las ideas brillen por su ausencia. Y si atendemos a la experiencia norteamericana es fácil ver el peligro de un sistema donde los candidatos son casi por definición millonarios que pueden costearse las campañas mediáticas necesarias para lograr la elección. La existencia de unos partidos sólidos conjura en buena medida el fenómeno del populismo. Y cuando se dice que los partidos no sirven, que son el problema y no la solución, se están poniendo las bases para la aparición del personalismo, el autoritarismo y el mesianismo. Se trata de discursos que son sintomáticos de una enfermedad de nuestro sistema político y de un déficit en la cultura democrática de nuestra sociedad.

Conjurar el efecto Berlusconi

La dimisión de anoche de Berlusconi es una de las pocas buenas noticias que hemos podido leer últimamente. El gobierno de Il Cavaliere ha sido de los más antidemocráticos, más populistas y más personalistas de la Europa de los últimos años. La política italiana, no obstante, tiene algunas peculiaridades que no permiten compararla con la de otros países de su entorno. Desde el final de la II Guerra Mundial la democracia cristiana ha ostentado el gobierno de Italia con apoyos puntuales de los comunistas y los socialistas materializados en el famoso Compromiso Histórico ideado por Berlinguer, líder del PCI, durante los años setenta. Eran los Años de Plomo, caracterizados por la violencia tanto de extrema derecha como de extrema izquierda. En la década siguiente se crearan los gobiernos del pentapartito, liderados o bien por la Democracia Cristiana o bien por los socialistas de Benito Craxi, que dejarán fuera del juego del poder al PCI. Y entonces sucede un hecho trascendental para entender la actual política italiana y la era Berlusconi que aparentemente acaba de terminar. Se inicia el proceso Manos Limpias, un escándalo de corrupción de dimensiones históricas que se saldará con la disolución del Partido Socialista Italiano y de la Democracia Cristiana y con la renovación de la práctica totalidad de la clase política italiana. Es ahí cuando aparece Silvio Berlusconi, que crea Forza Italia y gana por primera vez las elecciones de 1994. Supone, de algún modo, la firma del acta de defunción de la política tradicional italiana. Y los electores, cansados de pactos entre adversarios ideológicos y de una corrupción que atravesaba a toda la clase política, deciden darle su voto a un personaje populista que hace gala de su condición de millonario. La idea, muy extendida en Italia, de que un personaje acaudalado no puede ser corrupto y de que el Estado puede funcionar como una empresa con criterios exclusivamente de eficacia, empieza a cobrar fuerza. Y Berlusconi empieza a utilizar a la justicia como un departamento más de su holding y se dedica a reformar las leyes para su beneficio personal. Si a eso le unimos un panorama mediático controlado por Il Cavaliere y donde la oposición al gobierno es mínima, se entiende bien la situación de déficit democrático que hasta ayer mismo se ha vivido en Italia.

La historia reciente de España es muy distinta de la italiana y seguramente su sociología política también. Pero de algún modo hemos vivido creyendo que las cuatro décadas de dictadura nos habían vacunado del populismo. Y efectivamente hasta ahora los fenómenos políticos de corte populista han sido muy localizados en España tanto en espacio como en tiempo. Pero estamos viviendo un proceso similar al italiano en lo que respecta a la crisis de la política tradicional. La idea de que PP y PSOE son lo mismo, de que prácticamente todos los políticos son unos corruptos y de que son poco eficaces en la gestión de lo público ha ido cobrando fuerza en los últimos tiempos. Y la crisis económica ha extendido aun más esa idea entre una parte de la ciudadanía que ya no confía en que su voto pueda cambiar las cosas. Y más allá de lo que haya o no de cierto en esas premisas, el deterioro de la relación entre los ciudadanos y la política es el caldo de cultivo perfecto para el populismo, el mesianismo y el autoritarismo.

El Partido Popular ha venido haciendo uso del discurso populista en algunos asuntos. Y sin duda eso le ha dado votos. Uno de los casos más flagrantes ha sido el de la política antiterrorista donde la utilización de las victimas ha sido sencillamente repugnante. Y son varios los medios afines al ala derecha del Partido Popular quienes sostienen un discurso tan populista y extremista como el de muchos partidos de la ultraderecha europea. De algún modo los populares han conseguido contener el voto ultra. Pero si la legitimidad social del próximo gobierno de Rajoy se ve afectada por la crisis del mismo modo que le ha ocurrido a la de Zapatero, el peligro de una berlusconización de la política española puede ser enorme. Todo dependerá de la evolución de los datos económicos, especialmente de las cifras de desempleo, y de la capacidad del PSOE de reponerse del golpe en los próximos años. Pero si el resultado final es que PP y PSOE pierden su legitimación social para alzarse con el gobierno, la aparición de un personaje mesiánico en la política española puede convertirse en realidad.

El 15-M es un sano movimiento de regeneración democrática pero en ocasiones incide demasiado en ideas que pueden colaborar a construir una mentalidad poco vacunada contra el populismo en la sociedad española. Por supuesto que la culpa de ello no es de los indignados sino de unos políticos que no han sabido conectar con los anhelos de los ciudadanos. Pero es necesario que la crítica a los partidos gubernamentales no nos haga confiarnos ante el oportunismo político y ante quienes prometen la salvación con recetas mágicas. Se trata de conjurar el efecto Berlusconi.

Merkel y Sarkozy: Destruyendo Europa

Quienes hayáis seguido habitualmente este blog sabréis que una de mis grandes preocupaciones es la idea de una Europa unida que al calor de la crisis ha salido muy debilitada. Me reconozco europeísta porque considero que más allá de la centralidad del proyecto económico que supone el euro, el proceso comunitario supone también un proyecto de paz en una zona que en poco menos de 30 años sufrió dos guerras mundiales devastadoras. Dos conflictos bélicos que solo podrían haberse evitado con unas instituciones que hubieran trascendido el marco de los estados-nación. La ONU nació en ese contexto y con esa filosofía y la Unión Europea, aunque comenzó como un intento de crear un mercado común, ha seguido los pasos de los proyectos de paz perpetua que, como el de Kant, pretendían superar la época de guerras fratricidas entre pueblos europeos.

Por otro lado Europa ha significado durante mucho tiempo la virtud aristotélica del término medio entre las dictaduras socialistas y el capitalismo salvaje anglosajón. El modelo de Estado social-liberal europeo que garantizaba las libertades individuales y al mismo tiempo caminaba –muy tímidamente, si se quiere- hacia una redistribución de la riqueza nos ha dejado un bagaje en lo que respecta a las políticas sociales, asistenciales y laborales que debiera ser conservado como la mejor herencia de nuestro pensamiento político continental. Es con esos mimbres y no con los de la desregulación de los mercados, con los que se debería avanzar en la construcción de una Europa unida.

Esta mañana ha aparecido en los principales diarios europeos una noticia alarmante. Francia y Alemania, que ya ejercen de directorio europeo de facto, estarían en conversaciones para tratar de “refundar el euro”, como eufemísticamente se ha dicho. De ser cierto consistiría en realidad en una auténtica escisión en la que los nueve países más fuertes desde el punto de vista financiero (donde estaría incluida España) caminarían hacia la armonización financiera y presupuestaria dictada por París y especialmente por Berlín. Los ocho Estados restantes de la Eurozona se quedarían fuera de ese modelo. Sería lo que se conoce por “la Europa de dos velocidades” en la que algunos países tendrían que salirse del Euro en mitad de una crisis económica y social desastrosa.

No dudo de que el problema de la crisis requiere de soluciones urgentes pero no puede ser a costa de firmar el acta de defunción de la democracia en unas instituciones europeas que ya de por si tienen muy poca legitimidad ciudadana. Europa necesita construir una identidad común que vaya más allá de los típicos símbolos nacionales y patrióticos: el himno y la bandera. Europa debería construirse bajo ideas-fuerza como la solidaridad, la paz, la democracia y la ciudadanía. Y la construcción de una Europa rica con una regencia alemana antidemocrática horadará aun más los ya de por si débiles cimientos sobre los que se sustenta la identificación de los ciudadanos europeos con un proyecto común. Si además de eso se pretende que exista una Europa de segunda clase basada en la idea cínica y ultraneoliberal de que los ciudadanos tienen lo que se merecen, estaremos abocados a la destrucción del concepto de Unión Europea y a un más que probable auge del nacionalismo y del populismo más nocivo.

Yo soy europeísta porque creo en un proyecto común que supere el marco de los Estados-nación, que avance en el terreno de los derechos y de la solidaridad con los pueblos de Europa menos desarrollados y que al mismo tiempo no solo no suponga una merma democrática sino que se base en una mayor participación de la sociedad en la res publica sustituyendo el concepto de nacionalidad por el de ciudadanía. Pero mientras Sarkozy y Merkel sigan actuando del modo más egoísta y autoritario con el resto de Europa, será difícil caminar en ese sentido. Solo cabe esperar que no destruyan aun más la poca Unión Europea que queda y que de las elecciones de sus respectivos países salgan unos nuevos líderes franco-alemanes que cambien el rumbo hacia una Europa de los ciudadanos y no de los mercados.

Implicaciones políticas del referéndum griego

El discurso de un sector de los medios de comunicación y de la clase política europea ante el anuncio del referéndum griego es sencillamente intolerable. Se insinúa, cuando no se dice abiertamente, que los ciudadanos griegos deberían estar agradecidos a la Unión Europea por unas ayudas y una quita de la deuda que tienen como contrapartida unos recortes brutales que condenará a la sociedad griega durante años a un deterioro progresivo de su Estado del Bienestar. Nada se dice de los altos ejecutivos de Goldman Sachs que ahora copan puestos de responsabilidad en el Banco Central Europeo. Nada se menciona sobre los bancos franceses y alemanes que han tratado de especular con la deuda griega. Se habla, eso si, acerca de como el anterior ejecutivo griego, de signo conservador, mintió sobre el verdadero estado de sus cuentas públicas. Pero nada se comenta sobre las agencias de rating que no detectaron ese maquillaje financiero, bien por una espectacular ineficacia o bien por otros motivos más oscuros.

Pero más allá de la cuestión económica y de las incertidumbres que la convocatoria del referéndum pudiera generar en los mercados, la situación tiene implicaciones claras para la política europea. Por un lado se tambalea el concepto de soberanía no solo en los Estados sino en la propia Unión Europea. Si se resta legitimidad a un referéndum sobre un programa de ayudas que va a condenar a la sociedad griega a una bancarrota perpetua porque su decisión implica también al resto de los Estados miembros que pueden ver afectada su situación económica, habrá que colegir que tampoco las decisiones tomadas en la eurozona tienen legitimidad en tanto que Francia y especialmente Alemania detentan la autoridad efectiva sobre un territorio de 320.000.000 de personas. Si la soberanía griega no puede tomar decisiones en exclusiva que afecten a sus socios europeos, tampoco la soberanía alemana o la francesa debieran poder hacerlo

La pertenencia a la Unión Europea supone una cierta cesión de soberanía. Pero la soberanía se cede a unas instituciones comunitarias que deberían ser colegiadas, no a un gobierno de un Estado miembro, por muy importante que este sea. El proyecto de una Europa unida debiera avanzar hacia el concepto de soberanía compartida. Lo contrario, la situación actual, supone una jerarquía de países en la que Francia y Alemania se sitúan en la cúspide y actúan como un gobierno de facto. Ni siquiera se han preocupado en escenificar una toma de decisiones democrática que pase por las instituciones comunitarias. Las informaciones sobre la Comisión o sobre el Parlamento Europeo han desaparecido a favor de las cumbres franco-alemanas, lo cual da buena cuenta del grado de deterioro del concepto político de Europa.

Otro asunto que se esta cuestionando al calor de la crisis y de la situación griega es la relación entre los ciudadanos y sus instituciones nacionales. Los ciudadanos se han convertido en responsables subsidiarios de la mala praxis económica de sus gobiernos. Pero realmente son las instituciones supranacionales quienes tiene los instrumentos para fiscalizar las decisiones de los Estados y de los mercados y su impacto en la economía global. Y una vez más o bien no han sabido o no han querido hacerlo. El directorio franco-alemán se ha cargado en apenas unos años el concepto de la Europa de los Ciudadanos y de la solidaridad comunitaria. Si es cierto que los griegos no tienen legitimidad para tomar una decisión que afecta a todos los europeos también debería ser cierto que los sacrificios que están haciendo los ciudadanos griegos deberían ser repartidos entre todos los miembros de la eurozona. En eso y no en otra cosa consiste la solidaridad. Se trata no solo del reparto de la riqueza sino también del reparto de los sacrificios.

El anuncio de la convocatoria del referéndum griego es un intento de Papandreu de legitimarse políticamente. Toda vez que el gobierno heleno ha sido despojado por Francia y Alemania de su potestas en nombre de la estabilidad de los mercados, las urnas puede darle la auctoritas suficiente para presentarse ante las instituciones supranacionales como algo más que un funcionario europeo que debe acatar las órdenes de sus superiores. Si a eso le sumamos la delicada situación política interna y datos inquietantes como el relevo fulminante de toda la cúpula militar, se entiende bien la necesidad de Papandreu de buscar una salida hacia delante. Sea como fuere y mientras no se avance hacia una democratización en la toma de decisiones en la Unión Europea, los griegos tienen derecho a decidir si aceptan unas ayudas económicas que van a someter a Atenas a unos recortes espartanos que sufrirán, como no, quienes menos responsabilidad tienen en la situación económica.

Culpar al sistema

En los últimos tiempos, con motivo de la crisis económica que tanto daño está haciendo, hemos oído hablar en multitud de ocasiones del sistema. A él se le responsabiliza de todos los males que nos aquejan y, al mismo tiempo, se llama antisistema a aquellos que, con mayor o menor fortuna en los planteamientos, ponen sobre la mesa la urgencia de transformar los aspectos más negativos de nuestra realidad. ¿Pero que es lo que se quiere decir cuando se habla del sistema? En el lenguaje común el vocablo sistema hace referencia al modo en el que funciona un determinado universo de cosas para formar un todo común. En el caso que nos ocupa, ese universo esta formado por la economía y la política de los países occidentales.

Pero sistema no es una palabra inocente. Quien la usa suele hacerlo dándole una carga valorativa enorme. El sistema entonces es aquello que nos oprime, que se muestra cruel, y que condena a una parte de la humanidad a la miseria. Se aplican valores netamente humanos a algo que por definición no lo es. Pero incluso aceptando esto –que el sistema sea un ser pensante- como metáfora, se acaba haciendo uso de otro tropo que acaba por enrevesar aun más las cosas: la sinécdoque. Se utiliza el todo para designar una parte lo cual, cuando hablamos de nuestro sistema, resulta realmente peligroso. El sistema es de ese modo aquello que provoca el enriquecimiento de los más ricos y el empobrecimiento de los más pobres, el desempleo, la precariedad o la falta de expectativas. Y efectivamente el sistema es todo aquello pero también mucho más.

El sistema, nuestro sistema, es también ese modo de organización social que ha permitido la conquista de numerosas libertades individuales que hoy consideramos innegociables pero que en otros países son poco menos que una quimera. La libertad sexual, la libertad de prensa y de opinión o la libertad religiosa son pilares fundamentales de eso que se conoce como nuestro sistema. El Estado del Bienestar también forma parte de esa forma de organización de la sociedad en la que la educación y la sanidad son gratuitas, en la que existe un subsidio de desempleo por muy insuficiente que este sea, y en la que el nivel de vida, a pesar de la crisis, está a años luz del que tiene el 80% de la población mundial. La democracia representativa, con todo lo imperfecta que pueda ser, también forma parte de esas cosas que solo aprecian quienes carecen de ellas.

Es cierto que nuestro sistema necesita algo más que un maquillaje. Hay que repensar un mundo en el que hablar del reparto de la riqueza significa ser un ingenuo o en el que los recursos naturales limitados son consumidos a un ritmo insostenible. Pero es necesario también no despreciar los logros de unos sistemas políticos occidentales que han conseguido el mayor crecimiento de la historia de la humanidad en el terreno del bienestar, de las libertades y los derechos y de la creación de conocimiento. Y que ha logrado separar la religión de la política, algo que en otras zonas del planeta es sencillamente impensable.

Hablar del sistema significa ahorrar en el lenguaje y simplificar las cosas para no entrar en matices que pueden ser tediosos. Pero preocupa cuanto pueda haber también de ahorro en el pensamiento. Porque la impugnación total de nuestros sistemas ya no es patrimonio de la izquierda revolucionaria sino del populismo antidemocrático. Y si el sistema es el culpable de todos los males que nos aquejan, resulta sencillo sentirse cómodo en el papel de víctima y no asumir ninguna responsabilidad sobre lo ocurrido.

Cada vez es más urgente elaborar una teoría de la transformación social que a la vez sea radicalmente democrática y sepa valorar los logros más valiosos de nuestra civilización. De lo contrario cuando hablamos del sistema estaremos invitando a destruir un edificio que necesita una reforma urgente, pero bajo cuyos techos somos capaces de pensar en libertad.

La crisis de la democracia y el 15-M

El Estado del Bienestar de buena parte de las democracias occidentales contemporáneas se ha basado en las últimas décadas en la alternancia, la competencia y la colaboración de dos teorías políticas de signo distinto: socialdemocracia y neoliberalismo. Mientras la primera abogaba por una administración fuerte y por unas políticas sociales destinadas a hacer crecer la clase media, la segunda ponía el acento en la libertad económica y en la necesidad de un Estado delgado que no interfiriese con la economía de mercado.

A finales de los años ochenta, con la desintegración del bloque del Este y la caída del muro de Berlín, la izquierda revolucionaria entró en una crisis de la que aun no ha sabido salir, a pesar de los mil y un intentos inútiles de refundación de la izquierda. Huérfana de alternativa, la izquierda hubo de conformarse con ejercer de conciencia moral de los partidos socialdemócratas. Pero la crisis financiera ha traído consigo también una grave crisis de la socialdemocracia. Esta se ha visto despojada de su discurso y ha sido obligada a ejercer unas políticas desreguladoras que han puesto a régimen al Estado del Bienestar tanto como haría cualquier ortodoxo del neoliberalismo. Las expectativas electorales del PSOE, que ya ha perdido casi todo su poder autonómico y local, ponen de manifiesto el declive de una socialdemocracia que no ha sabido alzar la voz en los escenarios internacionales como hiciera con la salida de las tropas de Iraq para reclamar unas nuevas reglas del juego económico. El pacto entre PP y PSOE para llevar a cabo la reforma constitucional que busca limitar la deuda pública es un buen ejemplo de ello.

Pero la crisis de la socialdemocracia es también y sobre todo una crisis de legitimidad de nuestro sistema representativo. No tanto porque no existan diferencias de calado entre PP y PSOE, que las hay, como porque el ciudadano percibe que vote a quien vote las cosas van a cambiar poco o nada. Y si la elección de representantes no tiene una incidencia clara en las políticas que se ejercen, la democracia pierde buena parte de su sentido decisorio.

El movimiento del 15-M es hijo de ese fenómeno. Muchos de sus jóvenes protagonistas seguramente votaron al PSOE en 2004 o celebraron su victoria como un castigo a unos gobiernos de Aznar que habían violentado nuestra democracia participando en una guerra a la que se oponía la práctica totalidad de la sociedad española. La primera legislatura de Zapatero pareció colmar, al menos en parte, las aspiraciones de sus electores. Las políticas sociales fueron la punta de lanza de un socialismo español que se quitaba al fin el lastre del felipismo. Pero la crisis estalló y lo que para muchos era un abismo entre PSOE y PP se convirtió en una diferencia de matiz poco sustancial. No solo por las políticas anticrisis que se manejaron, donde seguramente había poco margen de maniobra, sino por la ausencia de un discurso que cuestionase el orden económico establecido que esta en el origen de la crisis.

Sea como fuere el resultado es más que peligroso para la legitimidad de nuestro sistema. Porque en el mejor de los casos se deja la democracia como patrimonio exclusivo del neoliberalismo. Y en el peor de los casos, si la crisis económica no remite pronto y se confirma que la receta neoliberal es tan poco útil como la socialdemócrata, se crea un caldo de cultivo muy propicio para los populismos. Unos populismos que precisamente basan su discurso en la idea de que todos los políticos son iguales.

Esa misma senda es la que sigue el movimiento del 15-M con consignas como “no nos representan” o “lo llaman democracia y no lo es”. Se mueve en la fina línea que separa el sano deseo de regeneración democrática del peligroso populismo. Y si bien es cierto que no traspasa esa frontera que distingue el discurso demócrata del que no lo es, tampoco marca suficientes distancias con ella. Porque si nadie nos representa y si nuestro voto no tiene la capacidad de decidir que políticas se aplican, el siguiente paso lógico es la necesidad de destruir nuestro sistema democrático por inútil. Si verdaderamente “lo llaman democracia y no lo es” (lo que, por cierto, dice bien poco de la sensibilidad que tenemos hacia la gente que vive bajo el yugo de las dictaduras) habrá que buscar aquello que si sea democracia. Entre los sectores presuntamente más radicales del 15-M el asamblearismo cumple esa función en el discurso y se presenta como la verdadera democracia del pueblo. Una apelación al pueblo que una vez más remite al discurso populista que está en el origen de muchos Estados totalitarios, algunos de los cuales se presentaban a si mismos como “democracias populares”. Pero por enorme que haya sido el impacto social y mediático del movimiento del 15-M, las asambleas no congregan más que a unos cientos de personas; unos pocos miles en el mejor de los casos. Y resulta una cifra ridículamente pequeña en comparación con los millones de ciudadanos que participan en las elecciones y que de ese modo legitiman nuestro sistema democrático. No parece muy sensato proclamar aquello de “no nos representan” dirigido a la clase política de nuestro país y al mismo tiempo arrogarnos la representación de la verdadera voluntad popular.

El movimiento del 15-M deberá repensar críticamente esa parte de su discurso si realmente quiere construir una sociedad donde se escuche más a los ciudadanos y donde exista un verdadero debate de ideas para solucionar los problemas. De lo contrario estará construyendo un tejido ideológico del que podría aprovecharse el populismo para pescar en río revuelto. Se trata de poner en valor el sistema democrático que nos hemos otorgado, no de deslegitimarlo más de lo que ya lo ha hecho una parte de la clase política. Máxime cuando vienen tiempos duros con una derecha que seguramente aplicará todas las recetas neoliberales sin importarle el deterioro de nuestro Estado del Bienestar. Nos podrán gustar más o menos nuestros políticos pero lo cierto es que no son todos iguales. Desgraciadamente la realidad nos demostrará una vez más que aun los hay peores.

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