Ilegalización de Sortu

En los últimos años una corriente revisionista ha logrado presentar a la transición española como ejemplo y modelo de proceso de democratización. Y sin duda sería injusto no reconocer las virtudes que tuvo una transición que se hizo de manera pacífica e integradora. Pero también hay algunos asuntos que fueron cerrados en falso, como en el caso de la reparación de las victimas del franquismo, y que hoy, tres décadas y media después, siguen produciendo malestar en una parte de la sociedad española.

Pero si hay algún asunto que la transición española no quiso, no supo o no pudo resolver es sin duda la existencia de violencia política en nuestro país. La supervivencia de ETA es una rémora del pasado más oscuro de este país y la base social que apoya y legitima, tácita o explícitamente, la lucha armada son un producto del universo sociológico del franquismo. No hace falta más que comparar los comunicados de ETA de principios de los años setenta y los de ahora para constatar que la retórica utilizada y las ideas-fuerza que se desprenden de dichos textos son casi idénticas.

Hoy casi nadie niega que estemos asistiendo al final de la violencia política de ETA. Será sin duda un proceso dilatado en el tiempo y donde, previsiblemente, habrá avances y retrocesos. Pero parece que la época de los coches bomba o del disparo en la nuca son ya, afortunadamente, pasado. Resulta muy improbable a día de hoy que ETA vuelva a atentar; al menos con victimas mortales.

¿Cómo se ha llegado a esta situación? Los motivos son muy variados. Por un lado existe un clima social que propicia un desgaste de la lucha armada y un rechazo rotundo a la misma por parte de la sociedad vasca. La irrupción en escena del terrorismo islámico internacional ha colaborado sin duda a dicho desgaste. Los éxitos policiales, por poco que nos guste a quienes reivindicamos desde hace años una salida dialogada al conflicto, han conseguido mermar de manera muy evidente la capacidad operativa de ETA y el entusiasmo de su cantera y de su militancia potencial, en cuyo horizonte de expectativas solo existe la prisión. Por otro lado el brazo político de ETA ha emprendido un proceso de reflexión que ha desembocado en la formación de Sortu y en su rechazo explicito a la violencia política de ETA. La abrupta ruptura de la ultima tregua en la T4 fue el punto de inflexión de una clase política abertzale que ha acabado considerando a ETA como una rémora en sus pretensiones más que como un ejercito de liberación.

¿Qué papel ha jugado la Ley de Partidos en todo esto? Razones no nos faltaban a quienes fuimos críticos con dicha ley: su carácter ad hoc, su planteamiento de condena de las ideas… Por si fuera poco la aplicación de la Ley de Partidos alimentaba el victimismo del entorno de ETA y le proporcionaba la baza de la represión ideológica. Por último su dudoso encaje constitucional ha sido también muy cuestionado, si bien este argumento no le suma ni le resta valor moral y político al texto. Una cosa es la legalidad y otra la legitimidad y, desgraciadamente, no siempre van unidas.

Pero lo que ninguno de quienes criticamos la Ley de Partidos podíamos pensar es que iba a revelarse como un instrumento sumamente eficaz en la estrategia antiterrorista de PP y PSOE. La ilegalización de Batasuna y de sus sucesivas marcas electorales aisló al brazo político de ETA de tal manera que pronto se encontró ante un dilema al que Sortu ha tratado ahora de responder: o violencia o política. Por si fuera poco la Ley de Partidos no logró la gran movilización social de rechazo que Batasuna esperaba. Y sin capacidad de maniobra política y con la competencia cada vez más solida de Aralar, la única salida que le quedaba a la izquierda abertzale era la de cerrar definitivamente la etapa de la lucha armada. Y es en ese escenario en el que surge Sortu.

Seguramente la izquierda abertzale esperaba de ETA algo más que un alto el fuego. La ruptura de la tregua de 2006 firmo un certificado de defunción a la credibilidad de la banda y de cualquier cese de las hostilidades que pueda declarar. Fue la propia ETA, de algún modo, la que cerró para siempre la posibilidad de un fin dialogado de la violencia. El alto el fuego actual, por más “permanente, general y verificable” que sea, no colma las aspiraciones ni del PP y el PSOE, ni de los defensores de los Principios Mitchell ni de la propia izquierda abertzale. Y seguramente los estatutos de Sortu son la primera creación de la izquierda abertzale verdaderamente autónoma de ETA y sin que la banda actúe de comisariado político.

Sortu ha certificado su apuesta por vías exclusivamente políticas y ha rechazado explícitamente la violencia de ETA. Y, aunque razones no faltan para la desconfianza, quienes conocen bien ese mundo corroboran la sinceridad de la apuesta. La sentencia del Supremo que ilegaliza a la formación abertzale no es una buena noticia aunque era previsible y seguramente los fundadores de Sortu contaba con ello.

La sentencia se basa en los informes policiales que afirmaban que Sortu era continuidad de Batasuna y de los sucesivos brazos políticos de ETA. Y es cierto que Sortu es, de algún modo, heredera de aquella izquierda abertzale. Pero es que solo puede romper con la violencia y alejarse de ella quien la ha abrazado, quien ha participado en ella y quien la ha legitimado. Son los mismos de siempre, si, pero con otros planteamientos y con un distanciamiento nítido de la violencia.

Los discursos oficiales de PP y PSOE han hecho hincapié en un argumento: “Sortu no es sincera cuando rechaza la violencia de ETA”. Y esta premisa tiene, a mi modo de ver, dos puntos débiles. Por un lado supone un claro juicio de intenciones y no de hechos. Por otra parte obvia una cuestión fundamental de la filosofía moral: es indiferente desde el punto de vista de la legalidad que una ley se cumpla no por convicción sino por respeto a la ley o por temor a las penas que se pudiesen derivar de su incumplimiento. Que alguien pague impuestos por convicciones políticas o lo haga por temor a las consecuencias que pudiera tener el incumplimiento de la ley es absolutamente indiferente en el ámbito del derecho.

La sentencia del Supremo, por otra parte, crea una suerte de inseguridad jurídica difícil de justificar si no es con argumentos políticos y no jurídicos. Porque los estatutos de la formación cumplen escrupulosamente la ley que tanto tiempo se les lleva exigiendo que cumplan. La ilegalización, en definitiva, es ir más allá del espíritu y de la letra de la ley e incurre en una cierta arbitrariedad en su aplicación. Dicho esto hay que decir, para hacer honor a la verdad, que la sentencia es la que es y mientras el Tribunal Constitucional no diga lo contrario la ilegalización de Sortu es completamente conforme a derecho. Porque, en ultima instancia, son los tribunales los que interpretan la ley y los que la aplican, por más que no nos gusten en ocasiones sus decisiones. En este caso, no obstante, resulta significativo que haya habido cinco votos en contra frente a siete a favor en el tribunal. Y que algunos de los más importantes constitucionalistas de este país hayan mostrado su disconformidad con el fallo da buena cuenta del debate jurídico que ha generado. Sin ir más lejos Javier Perez Royo fue consultado por Sortu y éste certificó que sus estatutos se ajustaban perfectamente a la ley. Tras el fallo del Tribunal Supremo queda esperar el del Constitucional. Y este último suele ser más garantista que el primero y más reticente a recortar derechos y libertades políticas. Así que no es descartable que finalmente Sortu resulte legalizado, aunque todo hace pensar que difícilmente se producirá antes de las elecciones municipales.

En esta situación existe un riesgo que debería ser motivo de preocupación para todos. Se trata del peligro de que en ETA se cree una escisión contraria al cese de la violencia y que esta, al modo del IRA Auténtico, mantenga una actividad terrorista marginal pero, sin duda, dolorosa. La ilegalización de Sortu no es una buena noticia para conjurar ese peligro y quizás el Estado Español debiera hacer algún gesto en ese sentido, por ejemplo en política penitenciaria. Pero el PP mantiene desde hace años una estrategia que no propicia ese tipo de gestos. Y ha conseguido arrastrar al PSOE a regañadientes, eso si, a su política antiterrorista.

La ilegalización de Sortu parece, efectivamente, un mal camino hacia la pacificación de Euskal Herria. Pero quizás fueran necesarios también pasos decididos por parte de la izquierda abertzale en el sentido del reconocimiento y reparación del daño causado a las victimas del terrorismo. Se trata no solo de acabar con la violencia de ETA sino de construir la convivencia y de exorcizar el odio de la vida pública vasca.

Published in: on 26 marzo, 2011 at 20:44  Dejar un comentario  
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