Manual de uso y abuso de sondeos electorales

En los últimos tiempos se han puesto de moda los sondeos electorales. Siempre han existido, sí, pero la irrupción de nuevas formaciones políticas y la volatilidad creciente del voto han convertido las encuestas en uno de los instrumentos preferidos de los medios de comunicación. No hay periódico o canal de televisión que se precie que no publique sus propios sondeos. Ante tal profusión de porcentajes de estimación de voto, me atrevo a señalar unos elementales consejos para manejar este tipo de información con un poco de sentido común:

  • Las encuestas no aciertan o se equivocan en función de la coincidencia de sus datos con el resultado de las elecciones. No son el oráculo de Delfos. Sencillamente señalan tendencias que son contingentes y conviene manejar con mucha prudencia. Ni la metodología demoscópica más sofisticada es capaz de predecir, con la precisión que a veces le exigimos a los sondeos, el resultado de las elecciones. Jamás 1200 encuestados, que es más o menos el tamaño de muestra de una encuesta privada, pueden pronosticar el comportamiento de 24 millones de votantes.

  • Conviene fijarse más en el porcentaje de voto en una serie temporal que en la foto fija. Esto nos muestra la evolución en el voto: si un partido tiene una tendencia descendente, plana o ascendente y si coincide con una tendencia contraria en otra formación con la que se podría producir transferencia de voto.

  • Las horquillas de diputados que proporcionan las encuestas no suelen ser muy útiles. El tamaño de muestra para las circunscripciones que reparten pocos escaños suele ser tan pequeño que establecer un reparto territorial de diputados con un mínimo valor demoscópico es casi imposible. Cuando nos dicen que un partido va a lograr entre 137 y 139 escaños, están haciendo una predicción con muy poca base científica. El porcentaje global de voto nos proporciona una imagen mucho más fiable.

  • Las encuestas nos muestran las tendencias en un momento concreto. Pero no siempre esa tendencia es extensible a las elecciones. Se ha criticado al CIS en las elecciones andaluzas por darle un único diputado a Vox, cuando finalmente logró doce. Pero la encuesta del CIS se realizó entre el 15 y el 31 de octubre, es decir, mes y medio antes de la celebración de las elecciones autonómicas. Además es bien sabido que la inmensa mayoría del voto a Vox se decidió en la última semana de la campaña electoral. Así lo indican tanto el barómetro postelectoral del CIS para Andalucía como otros sondeos privados que se hicieron tras los comicios.

  • Es preciso diferenciar entre intención directa de voto y estimación de voto. El primer dato nos proporciona la imagen en bruto de lo que los ciudadanos responden ante la pregunta acerca de lo que van a votar. La estimación de voto surge a partir de la combinación de diferentes variables (intención directa de voto, recuerdo de voto, simpatía, posicionamiento ideológico, etc…) mediante operaciones aritméticas. En qué medida se da más peso a unas que a otras es lo que llamamos cocina. La receta que nos puede ser útil para un determinado escenario puede que resulte poco fiable en otro distinto.

  • No es lo mismo realizar estimación de voto en un sistema bipartidista que en uno multipartidista. Más aún cuando existe una enorme volatilidad, una gran transferencia de voto y cuando sabemos que la campaña electoral tiene un papel cada vez mayor en la fijación del voto. La presencia de nuevas formaciones políticas que no poseen recuerdo de voto también complica las cosas. No existe una metodología clara para realizar estimación de voto en una situación como la actual con un mínimo de fiabilidad. Si las encuestas “fallaban” cuando la mayor parte del voto era para PP y PSOE, ¿es posible exigirles que en la situación actual afinen con una precisión quirúrgica? No parece razonable.

  • No acabo de ver la utilidad de la media de encuestas que publican algunos diarios y algunas páginas web. Son metodologías distintas, tamaños distintos de muestra y cocinas distintas. Pero además una sola encuesta puede estropear toda la media. Resulta mucho más útil recurrir a trackins y series temporales para ver las tendencias.

  • Las empresas que realizan sondeos para medios de comunicación son muy diversas. Las hay mejores y peores. Conviene leer siempre la ficha técnica de la encuesta. Cuanta más información nos proporciona, más fiable suele resultar. He llegado a ver encuestas publicadas en medios sin ficha técnica, lo que las convierte como mínimo en sospechosas.

  • En algunos casos los medios de comunicación exigen exclusividad a las empresas demoscópicas. Y para poder trabajar para más de un medio, algunas empresas poseen más de una marca. Es el caso de Celeste-Tel, que hace encuestas para eldiario.es, y de NC Report, que las hace para La Razón. En realidad son la misma empresa con distintas denominaciones. Por eso sorprende aún más que sondeos realizados bajo ambas marcas con tan solo cuatro días de diferencia proporcionen resultados distintos tan significativos. Más aún cuando se trata de medios de tendencias ideológicas tan opuestas.

  • Por muchas críticas que reciba, el CIS proporciona datos muchísimo más fiables que los de cualquier empresa demoscópica. Mientras que estas tienen muestras que oscilan entre los 1.100 y los 1.400 entrevistados, los barómetros del CIS encuestan a 3.000 personas. En el caso del barómetro preelectoral que se ha publicado hace unos días, estamos hablando de más de 16.000 entrevistas, lo que supone una muestra entre diez y quince veces más grande que la de cualquier sondeo privado.

  • Las críticas al CIS tiene dos causas diferentes. Por un lado el CIS se ha convertido en una magnífica excusa periódica para que la oposición sugiera la utilización partidista de las instituciones públicas por parte del gobierno. No es un fenómeno nuevo. Ha ocurrido con ejecutivos del PP y del PSOE, y en ambos casos de manera bastante injusta. En esta ocasión, no obstante, el gobierno de Pedro Sánchez ha cometido una torpeza: colocar al frente del CIS a José Felix Tezanos. Se trata de un sociólogo de acreditada reputación. Pero también un antiguo miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, lo que ha acabado convirtiendo al CIS en uno de los objetos de crítica preferidos de la oposición, dañando de ese modo su prestigio.

  • El segundo motivo de crítica al CIS tiene un origen puramente económico. Las empresas que realizan sondeos para medios de comunicación ven al CIS como un competidor privilegiado. No solo posee más medios y mayor rigor científico. Además el CIS realiza el mismo trabajo de forma seriada, gratuita y pública. El CIS es capaz de publicar los microdatos que recoge y la metodología exacta que utiliza, esto es, la famosa cocina. Algo que ninguna empresa demoscópica privada hace. Al no revelar su receta, los politólogos y sociólogos no podemos valorar su rigor. Las empresas demoscópicas adolecen de una falta de transparencia que dificulta su análisis metodológico: nadie sabe que operaciones realizan con los datos para llegar a las estimaciones de voto. Tampoco conocemos muchos de los datos que recogen y que nos podrían proporcionar una fotografía más completa acerca de su trabajo. Nada de esto ocurre con el CIS. Cualquiera puede acceder a los microdatos a través de su web y realizar con ellos la cocina alternativa que cada uno considere oportuno. Deslegitimar los datos que proporciona el CIS es la manera que a veces tienen algunas empresas privadas de darle mayor lustre a su trabajo, que está muy lejos de ser comparable en rigor científico al de la institución presidida por Tezanos.

  • Un ejemplo: Narciso Michavila, presidente de GAD3, se ha paseado por muchos platós de televisión descalificando el trabajo del CIS. Pero hoy mismo ha publicado un sondeo en La Vanguardia que prácticamente calca los datos del último macrobarómetro electoral del CIS. Todos conocemos, porque es público, como el CIS ha podido llegar a realizar esa estimación de voto. Pero nadie sabe como GAD3 ha llegado prácticamente a la misma conclusión. Lo que si sabemos es que las empresas demoscópicas privadas no son precisamente conocidas por las condiciones laborales en las que tienen a sus encuestadores, lo que probablemente tenga alguna influencia en la calidad de los datos recogidos.

  • En los últimos meses se ha criticado al CIS por renunciar a realizar cocina de los datos. La decisión, que por supuesto es discutible, respondía a criterios científicos: la enorme volatilidad, el porcentaje altísimo de indecisos y la aparición de nuevas formaciones políticas dificultan tener una metodología contrastada para realizar estimación de voto. En el macrobarómetro electoral publicado la pasada semana, en cambio, el CIS ha vuelto a cocinar los datos. Probablemente los vaivenes metodológicos no contribuyan a atenuar las criticas al CIS. Pero no parece muy razonable criticar al CIS por no cocinar los datos y criticarlo también cuando los cocina.

  • Decir que el CIS es una manipulación de Tezanos para favorecer al PSOE es sencillamente absurdo. Pensar que el presidente del CIS puede coger los datos y manejarlos a su antojo sin que ningún trabajador de la institución alce la voz resulta francamente delirante y conspiranoico. Además supone poner en cuestión la reputación de decenas de profesionales de la sociología que trabajan en la institución. Cuando se acusa de manipulación a una institución que es transparente en el manejo y publicación de sus datos, lo honesto es señalar dónde se ha producido exactamente la manipulación. De lo contrario se trata de una acusación sin fundamento, movida por intereses distintos al puramente demoscópico.

  • He llegado a leer artículos de responsables de empresas demoscópicas criticando la muestra utilizada por el CIS porque el recuerdo de voto al PSOE de los entrevistados no se correspondía con el voto real que se produjo en 2016. Desde el punto de vista científico, esto es una auténtica barbaridad. Una muestra se puede cuestionar por su diseño basado en sexo, edad, tamaño de localidad, etc… O por la ponderación de esas características. Pero jamás una muestra se puede desestimar por los resultados que arroja. No es extraño que el recuerdo de voto sea diferente al voto real que se produjo en los anteriores comicios. En las elecciones de 2011 el voto del PP fue catorce puntos mayor de lo que recordaban los encuestados tres años más tarde. El olvido o la mentira por parte de los entrevistados indican una preferencia. Por eso el dato de recuerdo de voto es tan importante en la cocina de la estimación, junto con otros como la simpatía. De lo contrario bastaría con utilizar los resultados electorales en esa cocina y no lo que recuerdan los ciudadanos que votaron. En todo caso no he visto ninguna encuesta privada que publique los datos de recuerdo de voto que recoge.

  • Dicho lo anterior, no es muy razonable que el CIS publique su macrobarómetro electoral y al día siguiente Tezanos ponga en duda sus datos en la Cadena Ser, con el único argumento de su propia intuición. Desde luego no parece la estrategia de comunicación más recomendable para un instituto sociológico de titularidad pública que además está en el centro de todas las críticas de la oposición.

  • Las encuestas nos proporcionan una información que, bien tratada, puede ser muy valiosa. Pero también pueden acabar moldeando el voto en uno u otro sentido. En principio esto no tiene nada de malo, siempre que las encuestas se realicen con el suficiente rigor y sin el concurso de intereses partidistas, algo que debería ser controlado por la autoridad electoral. Un votante mejor informado siempre es un mejor votante. En ese sentido, resulta absurda la ley que prohibe publicar encuestas durante la última semana de la campaña. Supone tratar a los ciudadanos como seres manipulables y hurtarles una información que puede ser importante en la fijación de su voto. Sabemos, por ejemplo, que si los andaluces hubieran podido consultar las encuestas durante los últimos días, el resultado habría sido distinto.

Encuestas

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Pablo Iglesias, Antonio García Ferreras y las presiones a los medios de comunicación

El pasado martes, en el programa Al Rojo Vivo de La Sexta, Antonio García Ferreras entrevistaba a Pablo Iglesias. Se produjo entonces un hecho insólito en televisión. Mientras hablaban de la trama corrupta de espionaje y elaboración de noticias falsas sobre Podemos por parte de la llamada “policía patriótica” y por algunos medios de comunicación, el líder de la formación morada acusó a García Ferreras de ser “uno de los principales protectores de Eduardo Inda”. Iglesias señaló a La Sexta como uno de los medios de comunicación que se habían servido de las cloacas del Estado para combatir a Podemos, dándole voz a constructores de fake news como el director de Ok Diario.

Hay que reconocer que Pablo Iglesias estuvo valiente diciéndole a Antonio García Ferreras lo que muchos en el entorno de Podemos piensan: que La Sexta hace un flaco favor al periodismo y a la democracia proporcionándole un altavoz a intoxicadores profesionales como Eduardo Inda. Lo hizo además a las puertas de una campaña electoral y jugándose probablemente el favor del director de la que sin duda es la cadena de televisión más cercana a Podemos.

Pero todo gesto tiene múltiples lecturas. Lo que algunos ven como una muestra de coraje por parte de Iglesias, otros lo consideran un síntoma de prepotencia. Lo que para unos supone una revuelta de Iglesias contra los poderes fácticos y antidemocráticos, otros lo pueden percibir como un rasgo autoritario en el que un representante del poder político le dice a un periodista como debe hacer su trabajo.

Uno de los mayores handicaps de Podemos, y muy particularmente de su líder, es que parece hablar solo para su propio público. Los convencidos, aquellos que consideran que Iglesias es la gran esperanza de la política española, aplauden el gesto de su secretario general ante Ferreras. Pero en Podemos se olvidan de aquellos que dudan.De quienes no ven con buenos ojos los gestos de prepotencia de su líder y de aquellos que desconfían de su capacidad de diálogo con otros actores políticos.

Las campañas electorales, sobre todo en el caso de una formación con una tendencia claramente descendente, se hacen más para atraer a votantes indecisos que podrían acabar apoyando a otras formaciones que para consolidar el voto más convencido. Pero en Podemos aún no se han dado cuenta de ello. La inmensa mayoría de sus gestos, de sus declaraciones y de sus actos están pensados única y exclusivamente para aquellos que tienen claro que meterán en la urna la papeleta de la formación morada. Y si es con la cara de Pablo Iglesias en ella, aún mejor. Pero aquellos otros que dudan entre Podemos y el PSOE, o incluso entre Podemos y la abstención, acaban percibiendo una campaña electoral que no les habla a ellos sino a los más convencidos podemitas. Precisamente la virtud de Errejón es la de ser capaz de hablarle a toda la sociedad y no solo al que en principio es su público potencial. Solo desde esa vocación de dirigirse a todo el mundo es posible construir mayorías amplias capaces de aspirar a algo más que a ser un reducto de pureza arrinconado en el Congreso.

Incluso aunque pueda tener razón Iglesias en sus críticas a Ferreras, se equivoca en el terreno de la estrategia. La Sexta es sin duda la cadena generalista que se dirige en mayor medida a un público que va del centro hacia la izquierda. Es también la que más minutos ha dedicado a Podemos, incluso cuando no tenía aún representación parlamentaria. Ya sea por criterios periodísticos, políticos, económicos o sencillamente de oportunidad, lo cierto es que difícilmente Podemos sería lo que hoy es sin la cobertura que le dio La Sexta en su día. Basta compararla con la que le dio otra cadena del mismo grupo de comunicación, Antena 3, en este caso más enfocada al público liberal-conservador. Es muy probable que La Sexta, con todas las críticas que se le pueda hacer, sea a día de hoy el único canal de televisión capaz de emitir en directo una bronca como la que le echó Pablo Iglesias a Ferreras. Aunque solo sea porque el propio Ferreras la ha convertido en una televisión que dedica la mayor parte de su tiempo a la información y que ha cubierto, con programaciones especiales y al margen a veces de las audiencias, algunos sucesos políticos que otras cadenas han ignorado deliberadamente.

Con todo, resulta comprensible que Podemos se revuelva ante la proyección televisiva que tiene un pseudoperiodista que se ha hecho popular, entre otras cosas, por sus fake news sobre la formación morada. Pero si lo pensamos detenidamente, resulta cuestionable que la presencia de Eduardo Inda o de otros periodistas de la derecha radical en los debates de La Sexta sea perjudicial para Podemos. El director de Ok Diario, igual que Francisco Marhuenda, funcionan a la manera de un punching ball en programas como La Sexta Noche. Sus mensajes extremos generan tanto rechazo y hartazgo en un público mayoritariamente de centro-izquierda que provocan más bien que el espectador se acabe identificando con quienes se sitúan a la contra de los mismos. Cada boutade de Eduardo Inda sobre la financiación iraní de Pablo Iglesias genera más simpatías que antipatías hacia Podemos. Son precisamente los periodistas conservadores más sensatos, y no los ultras como Inda o Marhuenda, quienes podrían restarle credibilidad a Podemos. Pero personas razonables vinculadas a la derecha de la talla de José Antonio Zarzalejos no son tertulianos habituales de esos espacios.

Desde el regreso de Iglesias tras su baja por paternidad, ha hecho pivotar toda la precampaña electoral en la crítica a los medios de comunicación y en las presiones que estos reciben para dificultar las cosas a Podemos. Probablemente no le falta razón en esa crítica y el propio Ferreras ha reconocido que las presiones políticas y económicas fueron enormes en los comienzos de Podemos. Tal vez por eso sea aún más injusto cebarse precisamente con aquellos medios que más se han resistido a las presiones.

Me consta, no obstante, que las presiones a los medios de comunicación no son patrimonio del poder económico, del PP o del PSOE. El propio Podemos, en la medida de sus escasas posibilidades, ha tratado de orientar las informaciones y la linea editorial de algunos medios de comunicación. Su actitud y las declaraciones públicas de sus líderes nunca ha sido las más respetuosas con la libertad de prensa. Basta recordar la propuesta de establecer mecanismos públicos de control de los medios de comunicación privados. O las denuncias de la Asociación de la Prensa de Madrid hacia Podemos por el acoso “de forma personal y privada, con mensajes y llamadas intimidantes” hacia determinados periodistas cuando no les gustaban sus opiniones o las noticias que publicaban. Si la manipulación informativa, las fake news y la concentración mediática es un lastre para la democracia, las presiones del poder político a los periodistas no lo son en menor medida.

Hace ya cuatro años yo mismo sufrí ese tipo de presiones. Entonces escribía artículos de opinión en Público. Hasta que el entonces director de aquel medio de comunicación consideró que mi presencia en sus páginas era incómoda por un artículo crítico hacia Pablo Iglesias. De la noche a la mañana y sin previo aviso me privaron del acceso, a través de mis claves personales, a la intranet que me permitía publicar en el blog alojado en Público. Días más tarde el director me informó de que no podían permitir esa clase de posiciones en un periódico cuya línea editorial estaba muy próxima a Podemos. Por si fuera poco, en el artículo de la polémica aplaudía una información publicada por Ignacio Escolar, primer director de Público y actual director de eldiario.es. Aquello fue la gota que colmó el vaso: no solo me metía con Iglesias, intocable en aquel medio, sino que dejaba en buen lugar a un periodista de un medio rival. “Un traidor”, según me dijo el director de Público en la conversación telefónica en la que me echó del periódico. Además, me dijo, había otros temas que abordaba en mis columnas que tampoco encajaban con el posicionamiento ideológico del medio, como la situación en Venezuela o la regulación de la prostitución.

Aquello, por supuesto, no me resultó agradable. Pero reconozco que el director de aquel medio estaba en su completo derecho de expulsar a un columnista cuya opinión no encajaba en la línea editorial del periódico. Forma parte de eso que llamamos libertad de prensa y que consiste en decidir cuál es la posición ideológica del medio y cuan estrecho es el margen que se deja a sus columnistas para opinar. La libertad de prensa también es libertad para someterse o rebelarse ante las presiones, sean del poder económico o del político. Y Podemos, le guste o no a Pablo Iglesias, forma ya parte del poder político. Si Podemos tuviera los mecanismos para hacerlo, no me cabe ninguna duda de que presionaría tanto a los medios de comunicación como lo hace el PP o el Banco Santander. ¿O es que la bronca a Ferreras no es también una forma de presión?

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Nosotros y las élites

Una de las características del momento populista al que estamos asistiendo es que la división entre las élites y el pueblo se ha convertido en una fractura social enormemente poderosa desde el punto de vista discursivo. Hay quien sugiere que ese cleavage ha venido a sustituir al clásico izquierda-derecha que ha dominado la política en democracia desde los tiempos de la Asamblea Nacional durante la Revolución Francesa. Pero tal afirmación no puede ser vista más que como una exageración de un fenómeno que está ocurriendo pero que no parece impugnar la tradicional división entre progresistas y conservadores. De hecho vivimos más bien un momento de centrifugación de la política, en el que las formaciones que hacen descansar su discurso en el combate al establishment se sitúan en los extremos del eje izquierda-derecha. Además la existencia de más alternativas electorales para el votante ha acabado destruyendo paradójicamente el espacio de las mediaciones. Si nunca estuvo clara la existencia de un centro político real, hoy la idea resulta aún más quimérica. Los bloques de la izquierda y de la derecha son cada vez menos permeables y se produce menos transferencia de voto entre ellos. Lejos de acabar con el, el momento populista ha permitido revitalizar el enfrentamiento entre izquierda y derecha, que hace unos pocos años parecía producto de otra época.

Hay que reconocer que la potencia discursiva de la división entre las élites y el pueblo es enorme. Su objetivo es recoger un descontento social difuso y una desafección política que se ha convertido ya en el gran problema de las democracias contemporáneas que nadie sabe bien cómo abordar. Y es ahí donde las formaciones populistas cosechan sus mayores éxitos, en la crisis del relato legitimador de la democracia. La estrategia populista consiste en trazar fronteras nítidas entre el nosotros (el pueblo) y el ellos (las élites, el establishment, el sistema, la casta…) con el objetivo último de construir un espacio político capaz de elaborar una nueva hegemonía que sustituya a la que hoy es imperante. Un espacio político transversal que es capaz de resultar atractivo a grandes mayorías sociales, más allá del eje izquierda-derecha.

A una parte de la izquierda de tradición marxista le encanta la mirada populista de la política porque le parece una relectura del antiguo concepto de lucha de clases, aderezado con algunas ideas del Gramsci más heterodoxo. Pero la idea de lucha de clases es propia de un siglo XIX en el que las fronteras entre los obreros y los patronos eran muy nítidas y en el que el principal malestar percibido por los ciudadanos era de índole económico. La movilidad social era además prácticamente inexistente. Hoy, en cambio, las fronteras entre clases sociales se han difuminado hasta convertirse en irreconocibles. Eso no quiere decir que no existan desigualdades materiales intolerables, e incluso un enorme retroceso en el terreno de los derechos laborales. Pero resulta muchísimo más complejo señalar quienes son los dominantes y quienes los dominados, salvo que nos vayamos a los extremos. Aunque sigan existiendo fortunas como la de Ana Patricia Botín, afortunadamente el mundo ya no es una novela de Dickens. Y por otro lado han aflorado algunos malestares de origen más cultural que económico que movilizan a millones de personas y construyen unas identidades mucho más potentes que las puramente materiales: la nacional, la religiosa, la de género, la orientación sexual…

Uno de los problemas del discurso populista es su rápida caducidad. Lo hemos visto con Podemos. En cuanto sus creadores han logrado acceder a las instituciones e incluso gobernar ayuntamientos se han convertido, a ojos de una parte de la ciudadanía, en aquella casta que criticaban en sus comienzos. A pesar de ser una formación muy generacional, Podemos ha envejecido prematuramente en un lustro. Se ha convertido, sin quererlo, en parte de aquel sistema que venía a impugnar. Además sus líderes han acabado abandonando la identidad pueblo para regresar a la vieja identidad izquierdista, convirtiéndose de ese modo en una suerte de Izquierda Unida Bis. Ya ni siquiera parece que aspiren a asaltar los cielos o a acabar con el régimen del 78: les basta con empujar al PSOE hacia políticas algo más sociales y redistributivas. Lo que sin duda es valioso pero insuficiente para satisfacer aquella ilusión desbordante que generó en sus comienzos y cuya ambición era transformar la realidad. Probablemente las altas expectativas creadas provocaron que el desengaño esté siendo mayor de lo esperado.

La dialéctica pueblo-élites puede resultar estratégicamente útil para aglutinar mayorías sociales y aprovechar una determinada ventana de oportunidad. Pero difícilmente se puede sostener un discurso sólido a largo plazo con esos mimbres. Tanto pueblo como élites son nociones enormemente vagas e imprecisas. Sus contornos semánticos no están muy claros y pertenecen a aquello que la teoría populista, Laclau mediante, ha denominado significantes vacíos. Se trata más de conceptos que construyen identidad que de palabras que posean alguna utilidad para describir el mundo en el que vivimos.

Y es que inevitablemente la inmensa mayoría de nosotros nos sentimos pueblo. Creemos que las élites son siempre los otros y que nosotros estamos irremediablemente en el lado perdedor de la política. Pero este es solo un relato que nos permite huir de la mala conciencia y que nos exime de responsabilidad alguna sobre lo que sucede a nuestro alrededor. En muchos casos nosotros somos élites para otros, aunque no nos demos cuenta de ello.

El mejor ejemplo de esto es el fenómeno de la gentrificación de algunos barrios en los centros de las grandes ciudades. Es el caso del mío, Lavapiés, que lenta pero inexorablemente está convirtiéndose en una especie de Malasaña para treintañeros alternativos, quincemayistas, feministas y veganos. Y es que paradójicamente quienes denunciamos la gentrificación del barrio somos los principales responsables de ella. Nosotros somos la gentrificación. Y seguramente, a ojos de los manteros que viven en pisos patera, de los yonquis que acuden a buscar su dosis a los narcopisos o de los ancianos que llevan toda la vida en el barrio más castizo de Madrid, nosotros seamos las élites que hemos venido a destruir aquello que era patrimonio del pueblo. Probablemente ninguno de ellos conozca ni siquiera el significado de la palabra gentrificación, un concepto propio de jóvenes con estudios universitarios. Por más mileuristas que seamos, siempre habrá alguien que nos vea como privilegiados. ¿Recuerdan ustedes la fábula del pobre que comía altramuces? Pues eso.

Las élites políticas, mediáticas y económicas son un problema, de eso no cabe duda. Y siempre es sano que los ciudadanos fiscalicen y denuncien el enorme poder que tienen algunas fortunas, que habitualmente está muy por encima del poder democrático. Pero ese discurso no puede servir para eximirnos de culpa ante los problemas que afectan a todos. A menudo el problema somos nosotros, no las élites. E incluso cuando el problema son las élites, somos nosotros con nuestro voto y con nuestra forma de consumir quienes legitimamos ese estado de las cosas.

Cuando nos dejamos seducir por la idea de pueblo estamos además obviando la enorme diversidad social. Como si los sectores populares, por el mero hecho de serlo, tuvieran los mismos intereses, las mismas opiniones y la misma posición ideológica. Y como si las élites fuesen al mismo tiempo una masa compacta y sin fisuras, donde los intereses crematísticos acaban desembocando irremediablemente en una única y férrea posición política. De ese modo construimos una imagen casi religiosa del mundo, como si se tratase de un combate entre una mayoría que está siempre del lado del bien y una minoría del lado del mal. Y en ese escenario tan simplista difícilmente cabe la cultura democrática, la diversidad y el debate razonado. Conviene decirlo claramente: el populismo puede ser un discurso político útil desde el punto de vista estratégico, pero casa mal con una sociedad cada vez más compleja y diversa que no responde a representaciones simplistas de la realidad.

Patricia Botin

Los políticos son todos unos…

Los políticos son todos unos… Rellene usted la línea de puntos con el exabrupto que más le guste. Y después siéntase satisfecho con su original y matizada postura acerca de los representantes de los ciudadanos en las instituciones. Seguro que sus amigos y familiares asienten ante su sentenciosa reflexión política.

Desde hace ya bastantes años se ha convertido en un mantra, repetido hasta la saciedad, aquello de que los políticos son todos unos vagos, o unos ladrones, o unos corruptos… O cualquier otro improperio que se nos ocurra. Nada hay más sencillo y más popular que meter a todos en el mismo saco y hacer ese tipo de generalizaciones de trazo grueso que engordan un discurso antipolítico bastante reaccionario. Un discurso que, entre otras cosas, ha servido para alimentar el argumentario de una ultraderecha que se presenta a si misma como alternativa al establishment.

Hace ya ocho años alerté en este mismo blog ante la dimensión que había adquirido en nuestro país el discurso antipolítico. Buena parte del movimiento del 15-M pivotó alrededor de ese tipo de ideas. De tal manera que hoy miramos desde la sociedad a la clase política con desconfianza y con recelos, como si el mero hecho de haber sido elegido en unos comicios convirtiese a un diputado o un concejal en sospechoso de todos los males posibles.

Prácticamente cada semana observo como alguno de mis contactos en las redes sociales comparte los sueldos de los diputados en el Congreso o alguna información similar, aderezándola habitualmente con un sinfín de emoticonos de indignación. Los comentarios son siempre en la misma línea: los parlamentarios son unos caraduras que cobran un salario que no merecen. Pero es preciso decirlo bien claro: los diputados españoles tienen un sueldo alto. Altísimo, si se quiere, en comparación con el de la mayoría de los ciudadanos. Pero en absoluto disparatado, si lo comparamos con el de un alto funcionario del Estado o con el de los parlamentarios de otros países europeos, habitualmente mucho mejor pagados que los españoles.

La inmensa mayoría de quienes ponen en cuestión el trabajo que desempeñan los diputados no conoce ni siquiera la organización de las cámaras parlamentarias. Ignoran los procesos necesarios para aprobar una ley, las comisiones y subcomisiones que existen en el Congreso o los procedimientos parlamentarios más elementales. Muchos no sabrían decir el nombre de más de media docena de diputados, en el mejor de los casos. Pero nos permitimos juzgarlos con una facilidad pasmosa, como si conociéramos con precisión la agenda de cada uno de los 350 ciudadanos que ocupan los escaños del Congreso.

A veces he llegado a leer publicaciones exigiendo que los diputados cobren 900 euros al mes, para equipararlos de ese modo al salario mínimo de los españoles. A mi me parece sencillamente un disparate. Porque probablemente nadie aceptaría que un diputado trabajase ocho horas diarias o que asumiera que su tiempo libre es sagrado y por tanto se negase, fuera de su horario laboral, a tener reuniones, atender a medios de comunicación o a responder demandas de los ciudadanos. Un político, habitualmente, no es un trabajador normal. Y pensar que la inmensa mayoría de ellos se dedica a tocarse el higo supone comprar una imagen demasiado generalizadora, basada en un escasísimo conocimiento de la realidad del trabajo que desempeñan y convenientemente alimentada por algunos medios de comunicación. Solo los espacios más antidemocráticos se pueden ver beneficiados por ese tipo de descrédito de la política.

Tengo la fortuna de conocer a varios diputados y varios concejales de distintas formaciones políticas. También a algún ex presidente de comunidad autónoma, a unos cuantos consejeros y viceconsejeros y a algún que otro director general. Y tal vez yo haya tenido mucha suerte, pero todos los que conozco se dejan la piel en su tarea de representación de los ciudadanos. Incluso aunque no siempre esté de acuerdo con sus posiciones políticas, me parecen trabajadores ejemplares que suelen hacer mucho más de lo humanamente exigible a cualquier empleado. En muchos casos, además, su vida personal presente y pasada se ve puesta bajo el foco de la opinión pública.

Trabajan mucho, muchísimo más de 40 horas semanales, en contra de lo que la inmensa mayoría de la sociedad piensa. Y están prácticamente disponibles las 24 horas del día y los 365 días del año, si tienen que atender alguna contingencia. Además de encontrarse con numerosas trabas burocráticas para ejercer su tarea, se topan también con la incomprensión de una ciudadanía que los considera, casi por sistema, indignos. Y ese fenómeno resulta particularmente preocupante en un país cuya democracia tiene apenas cuarenta años de edad. Desgraciadamente la derecha radical se alimenta de ese tipo de ideas, aunque la izquierda alternativa tampoco se ha quedado corta en su discurso antipolítico. La decisión de Podemos de limitar los salarios de sus cargos públicos a tres veces el salario mínimo interprofesional puede tener algún sentido. Pero hubiera sido un gesto de responsabilidad discursiva no difundirla como si se tratase de una virtud, echando gasolina al fuego de la antipolítica. Y es que siempre es más difícil hacer pedagogía con lo que es complejo que buscar el aplauso fácil.

En los últimos años se ha hablado de los privilegios de los políticos con una demagogia y un desconocimiento abrumador de la realidad. Algunos partidos presentan como gran medida de regeneración democrática la eliminación de los aforamientos. Y aunque resulta pertinente el debate sobre su alcance, lo cierto es que los aforamientos son una medida de protección de los electores más que de los elegidos. Resulta difícil comprender qué privilegio político existe en que ante un presunto delito te juzgue el Tribunal Supremo, lo que en la práctica supone disponer de menos instancias de recurso que cualquier otro ciudadano.

Por supuesto, la fiscalización de los ciudadanos hacia sus representantes políticos es sana y necesaria. Y resulta imprescindible profundizar en ella. El problema aparece cuando se juzga sin ni siquiera conocer bien aquello que es juzgado. Y cuando se mete en el mismo saco a todos, haciendo tabula rasa con todos los representantes políticos. Evidentemente existen políticos poco diligentes, corruptos o vagos. Pero también los hay de esa clase entre los médicos o los profesores de enseñanzas medias. Y a nadie se le ocurriría hacer con ellos esa clase de generalizaciones de brocha gorda que hacemos con los representantes de los ciudadanos.

Pero además, cuando denostamos a los políticos estamos indirectamente despreciando a los ciudadanos que los han votado, lo que demuestra una enorme carencia en el terreno de la cultura democrática. Se trata de un síntoma más de esa desafección hacia la política que supone uno de los principales retos de las democracias contemporáneas. Y que alimenta el extremismo reaccionario y las soluciones simplistas a cuestiones complejas. Como si el gran problema de nuestros sistemas políticos fuese el sueldo de los diputados o el número de coches oficiales.

Yo prefiero que mis representantes en las instituciones estén bien pagados. No solo porque creo que desempeñan una tarea de una enorme responsabilidad y dedicación sino porque es necesario retribuir a aquellos ciudadanos que interrumpen durante varios años su carrera profesional, en ocasiones mejor remunerada, para dedicarse a la cosa pública. Soy consciente de que esta postura no es la más popular, pero la contraria me parece asumir un discurso facilón que no problematiza en absoluto las consignas que socialmente se han convertido en verdades reveladas que no soportan un mínimo examen crítico.

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Lo individual y lo colectivo

Durante mi adolescencia y mi juventud me socialicé en un ambiente activista que le daba un particular valor a la dimensión colectiva. Militaba en una organización que, aunque había emprendido un valioso proceso de autocrítica hacia su propia tradición ideológica, mantenía aún tics propios de la izquierda de herencia leninista. Los más mayores nos contaban experiencias de su pasado en la clandestinidad antifranquista que nos sonaban, nunca mejor dicho, a chino: decidían colectivamente si un militante de la organización tenía derecho a comprarse un nuevo coche o a tener un hijo. La individualidad era vista como un mal a erradicar en favor de lo colectivo, que acababa siendo casi el único ámbito de decisión verdaderamente legítimo. Funcionaba prácticamente como una expresión dogmática y sectaria que estaba destinada irremediablemente a ser vanguardia de una revolución que nunca llegó. Pero que dejó damnificados por el camino y costes personales enormes.

Por fortuna yo no viví aquella época. Pero a principios de la década de los noventa aún quedaba en esa extrema izquierda reminiscencias de un modelo organizativo que asfixiaba la individualidad. A pesar de haber abandonado aquella mirada marxista de la sociedad, asumida durante años sin suficiente autocrítica, seguíamos presos de una forma de entender la militancia política que nunca tuvo demasiado respeto por la libertad individual. Tampoco por la democracia. Veníamos de una tradición profundamente autoritaria, que entendía que las realidades sociales y políticas se podían observar desde criterios científicos, como si se tratase de la mismísima ley de gravedad. No existía espacio para la opinión y prácticamente todo se leía en términos de verdad o mentira. Por supuesto nosotros siempre estábamos del lado de la verdad, lo que nos permitía legitimar argumentalmente la violencia política como un método para lograr aquello que nosotros considerábamos irrefutablemente justo. Y en una auténtica pirueta moral considerábamos que el fin justificaba los medios.

Aquella experiencia organizativa provocó en mi y en quienes me rodeaban una reflexión sobre los costes personales y políticos de un colectivismo ciego y extremo. Con todo, la dimensión colectiva, entendida en su justa media y sin excesos, tiene un valor enorme en la construcción de la convivencia en sociedad. Hay algo en ella de renuncia personal que me parece enormemente valioso. Supone asumir democráticamente que lo que decide el conjunto nunca responderá por completo a la propia voluntad, aceptando que vivimos con otros seres humanos con sus propias miradas hacia la realidad que es necesario contemplar. Y para mi ha resultado ser un aprendizaje vital inmenso, que me ha ayudado a encajar mejor en ámbitos colectivos que son siempre complejos y diversos.

Desde esa mirada sobre lo colectivo, siempre me resulta sorprendente cuando me encuentro a alguien que me dice que no vota -o que lo hace en blanco- porque no existe ningún partido que le convenza. Hay algo en esa manera de entender la democracia que me parece terriblemente egoísta. Una forma de individualismo ciego y poco solidario, que no es capaz de valorar el impacto que nuestras acciones tienen en otros seres humanos. Y que prioriza como criterio de elección la satisfacción completa del propio pensamiento antes que el mayor bienestar posible para uno mismo y sus semejantes. Porque lo cierto es que existen tantas alternativas electorales a lo largo del espectro político que resulta casi imposible no sentirse más cercano a alguna de ellas. Salvo que uno busque un partido hecho a su imagen y semejanza, cosa que por definición no puede existir en un proyecto colectivo que implica a cientos de miles de ciudadanos. En la democracia, como en tantos otros ámbitos de la vida, opera el pensamiento trágico: casi nunca escogemos entre un bien y un mal sino el menor de entre dos males. Negarse a escoger es jugar a la ruleta rusa con uno mismo y sobre todo con los demás.

En ocasiones, no obstante, no somos conscientes de que existe una tensión continua e irresoluble entre lo individual y lo colectivo. Encontrar el equilibrio no siempre es fácil y habitualmente nos escoramos más hacia uno de los dos extremos. La renuncia a una parte de la propia individualidad en favor de lo colectivo puede ser muy sana, pero en exceso se convierte en una mordaza asfixiante para la libertad personal. Del mismo modo, una individualidad que no sea capaz de entender que la vida en sociedad supone aceptar decisiones colectivas que no siempre nos satisfacen por completo es una individualidad poco capacitada para la convivencia.

Desde la adolescencia he tenido que aceptar cosas que no me gustaban demasiado o de las que no estaba completamente convencido, siempre con la justificación de un bien colectivo superior. He participado en manifestaciones en las que se gritaban consignas o se lucían pancartas que a mi me parecían sencillamente aberrantes. Pero consideraba que ganaba más participando en aquella expresión colectiva, cuyo objetivo último me parecía importante, de lo que perdía teniendo que compartir espacio reivindicativo con algunas posturas que me resultaban intolerables.

Desde hace algún tiempo, en cambio, he empezado a poner en cuestión la importancia, probablemente excesiva, que yo le daba a la dimensión colectiva. Y cada vez me cuesta más tragar sapos y renunciar a mi propia individualidad y a mi libertad de pensamiento y de expresión. Habrá quien piense que me estoy volviendo conservador, porque lo cierto es que cada vez me siento más incómodo en eso que se conoce como la izquierda. Pero yo en cambio creo que he madurado lo suficiente como para poner en cuestión esa corriente que a veces nos arrastra sin que nos demos cuenta hacia un terreno que tiene más de identitario que de transformador.

Si algún error hemos cometido en la izquierda durante las tres últimas décadas ha sido construir nuestro edificio moral bajo una gruesa corteza de corrección política que ha asfixiado la libertad individual. Hemos exigido adhesiones inquebrantables a nuestras ideas hasta el punto de excluir a quienes ponen en cuestión alguna de aquellas posturas que consideramos, casi de forma religiosa, más obvias. Hemos estrechado tanto el espacio de debate que hemos acabado por dividir el mundo entre nosotros y los otros. A nuestro lado de la trinchera está siempre la verdad, la igualdad, el anticapitalismo, el feminismo o el antirracismo. Al otro lado están los malvados egoístas, mentirosos, machistas y xenófobos. Fascistas, en definitiva, a quienes debemos combatir. De ese modo hemos destruido el espacio de las mediaciones, donde está permitido dudar y convencer al otro o ser convencido por él.

Los límites de nuestra corrección política son ahora tan férreos y precisos que hemos dejado un enorme espacio en los márgenes para que crezcan propuestas políticas extremistas e indeseables. Si no eres de los nuestros, eres del enemigo. La duda es percibida como síntoma de debilidad, de equidistancia o de inconsistencia moral. Pero en realidad la duda ha sido siempre una de las herramientas más valiosas del pensamiento libre, de una individualidad capaz de poner en cuestión aquello que se da por hecho. Nada hay más conservador que la ausencia de duda. Y algo falla cuando tenemos más respuestas que preguntas en un mundo tan complejo.

Necesitamos seres humanos autónomos capaces de rebelarse contra la corrección política y no repetidores de consignas, habitualmente más expresivas y autorreferenciales que verdaderamente útiles para transformar la realidad. Necesitamos darle valor a lo colectivo, porque sin ello no existe sociedad ni convivencia posible. Pero necesitamos también hombres y mujeres libres que puedan decir aquello que piensan y que sean capaces de expresar sus dudas sin que tengan que someterse a una suerte de inquisición moral en nombre de una colectividad abstracta y difusa. Se trata, en definitiva, de hacer que el yo y el nosotros no sean incompatibles.

Maoismo

El momento populista o Conor McGregor y la política

Hace cosa de un año descubrí por casualidad las Artes Marciales Mixtas. Se trata de un espectáculo -no sé si llamarlo deporte- verdaderamente fascinante. Dos tipos se meten en una jaula octogonal y literalmente se hinchan a hostias. Abundan los puñetazos, los codazos, las patadas o las estrangulaciones. En muchos casos el combate termina cuando uno de los dos pierde el conocimiento o cuando el árbitro considera que un golpe más puede mandar a uno de los luchadores al otro barrio. En no pocas ocasiones el octógono en el que se desarrollan las peleas termina cubierto de sangre y las caras de los peleadores resultan irreconocibles hasta para sus propias madres.

Las Artes Marciales Mixtas son absolutamente hipnóticas. Es algo así como ver un accidente del que uno no puede apartar la mirada. Se trata de un espectáculo que evoca como ningún otro la arena de los gladiadores romanos y que explota a la perfección las más bajas pasiones del espectador ansioso de sangre y sufrimiento. Por eso es ya un fenómeno de masas, al menos en EEUU. Cada pelea llena estadios y las audiencias televisivas de pago por visión son estratosféricas, lo que lo ha convertido en un jugoso negocio en el que se mueven millones de dólares.

En buena medida el responsable del éxito de las Artes Marciales Mixtas es Conor McGregor. Se trata de un peleador irlandés, pelirrojo y de torso tatuado, que se ha convertido en un fenómeno mediático tanto dentro como fuera del octógono. La popularidad del personaje se debe a que representa todos los valores antideportivos: es un auténtico macarra, presumido y violento, que no desaprovecha la oportunidad de recordar que se ha convertido en multimillonario a base de golpes y patadas. Antes de cada pelea calienta el ambiente, y de paso engorda las audiencias, a base de insultos a su oponente o de tanganas durante las ruedas de prensa. Se ha metido en más de un lío que ha acabado con sus huesos en los calabozos, lo que alimenta aún más su fama de broncas. Conor McGregor haría pasar al mismísimo Cristiano Ronaldo por un tipo humilde que pretende pasar desapercibido.

McGregor se ha convertido en un auténtico fenómeno de masas digno de estudio. En el fondo es aquello que mucha gente desearía ser: un millonario que no respeta ninguna norma elemental de cortesía y que dice y hace exactamente lo que quiere en cada momento, sin atender a las consecuencias. Precisamente porque su actitud es despreciable, resulta aún más atractiva.

McGregor es la representación icónica del momento populista que estamos viviendo. Si en los años ochenta y noventa el yuppie neoliberal era el epítome del éxito social, hoy lo es un tipo con aspecto de pandillero que a nadie le gustaría tener como yerno. Su virtud es la de no tener pelos en la lengua, la de decir aquello que se le pasa por la cabeza aunque sea una soberana memez o resulte ofensivo a su audiencia. Su imagen tiene algo de superhombre capaz de elevarse ante la corrección política dominante. Y por eso se ha convertido en un fenómeno de masas, al que se puede odiar, admirar y envidiar al mismo tiempo. Representa todo aquello que muchas personas querrían ser si pudieran abstraerse de la presión social.

Una de las características del momento populista que estamos viviendo es que supone una auténtica rebelión de sectores amplios de la sociedad contra la corrección política. Muchos ciudadanos entienden que existen unas normas no escritas y elaboradas por los poderosos que les impiden decir aquello que piensan, bajo la amenaza de ser excluidos de la categoría de los biempensantes. Trump en Estados Unidos o Vox en España han apostado por recoger políticamente la cosecha de esa rebelión. Se trata de decir aquello que no debe ser dicho, aunque se trate de un auténtico disparate o de una estupidez supina. Y es que importa más no seguir la corriente dominante que decir algo que tenga algún sentido. Es la mcgregorización de la política, en la que importa más el músculo que el cerebro. El valor de los discursos no es tanto su contenido concreto como su posición a la contra. De tal modo que muchos ciudadanos pueden considerar una barbaridad la propuesta de Abascal sobre las armas, pero ven como una virtud que sea capaz de hablar de ello sin temer a la reacción de la corrección política. En la batalla cultural que están librando esos sectores, el enemigo es el establishment político y moral. Y cualquier cosa que se le oponga es virtuosa, por más descabellada que pueda parecer.

Las fake news difundidas por la derecha radical triunfan no tanto por su contenido, que no soporta un mínimo examen de validez, como por ser la presunta alternativa informativa a los medios de comunicación considerados “del sistema”. Del mismo modo, McGregor triunfa precisamente porque no se somete a ninguna norma previa, lo que le sitúa como una suerte de rebelde. Incluso aunque esa rebeldía sea más la del músculo atiborrado de esteroides que la del cerebro capaz de analizar la realidad y transformarla.

El reto de las democracias contemporáneas es precisamente descifrar cómo es posible afrontar el fenómeno de la mcgregorización de la política. Pero pasa, entre otras cosas, por una buena dosis de autocrítica. Conviene revisar que se ha hecho mal para que cientos de miles de ciudadanos se sientan enemigos del sistema de valores dominante, al que consideran opresivo. Es necesario reflexionar sobre una corrección política que a veces se ha convertido en asfixiante y que coarta la libre expresión del pensamiento. El triunfo ante los McGregor de la política pasa no tanto por una lucha cuerpo a cuerpo entre dos sistemas de valores enfrentados como por ser capaces de poner en cuestión nuestros principios morales como sociedad. Se trata de revisarlos para poder reforzarlos argumentalmente sin necesidad de una imposición colectiva que no siempre es bien comprendida por los ciudadanos. Entender que nuestros propios valores son obvios y se explican por si mismos suele ser una mala estrategia que genera más resistencias que adhesiones. Si jugamos a su juego y nos enfrentamos a golpes, McGregor tiene todo a su favor para noquearnos.

Mcgregor

La batalla cultural que estamos perdiendo

Quien mejor ha sabido interpretar la realidad actual en las sociedades democráticas ha sido la derecha radical. No se cansan de decírnoslo: están inmersos en una auténtica batalla cultural. Lo más preocupante es que van ganando. Y ni siquiera nos hemos dado cuenta aún.

Por primera vez desde mediados del siglo XX, los valores reaccionarios han pasado a la ofensiva. Los atentados del 11S tienen el papel simbólico de momento fundacional. Fue una declaración de guerra en toda regla contra los valores progresistas. A nuestro país llegó un aciago 11 de marzo de 2004, con el estruendo de las bombas en los trenes de cercanías. José María Aznar quiso experimentar antes de tiempo la estrategia de las fake news, del mismo modo que lo hizo George W. Bush con las armas de destrucción masiva apenas unos años antes. Al hacerlo, dejaron el terreno abonado para la realidad que estaba por llegar. Esa que hoy estamos viviendo.

Desde la izquierda nos hemos creído siempre en el lado perdedor de la historia. Pero es solo una verdad a medias. Es cierto que no hemos tenido aquella capacidad de transformación que anhelábamos. Las estructuras políticas y económicas no han caído, lo que por otra parte no es una mala noticia si tenemos en cuenta nuestra capacidad de construir realidades estatales sobre montañas de cadáveres. Pero hemos tenido un espacio de triunfo del que, sin embargo, ni siquiera nos hemos dado cuenta: hemos marcado, de algún modo, el tempo sociocultural. Buena parte de nuestro sistema de valores ha acabado siendo triunfante. La ausencia de capitulación expresa del sistema de valores reaccionario no hace que nuestra victoria sea menos importante. La mayoría de los principios morales asumidos por la sociedad han pertenecido al ámbito progresista: el laicismo, el feminismo, los derechos LGTBI, la diversidad, la paz, la solidaridad, el ecologismo… Aquella fue una victoria que se fraguó lentamente en las últimas décadas del pasado siglo y de la que ni siquiera hemos sido conscientes.

Esos valores han crecido en nuestras sociedades sin apenas oposición. Hasta el punto de construir una cierta hegemonía moral de la izquierda, entendiendo esta en un sentido amplio. Tácitamente nos repartimos el pastel: la derecha se quedaba con las estructuras políticas y económicas y nosotros asumíamos el rumbo moral de la sociedad. De manera que cuando gobernaba la izquierda no transformaba gran cosa en el terreno estructural y cuando lo hacía la derecha evitaba en lo posible meterse en jardines morales consolidados. El fracaso de Gallardón con su intento de reforma de la ley del aborto o la renuncia a dar marcha atrás en la cuestión del matrimonio homosexual dan buena cuenta de ello.

Como toda patología crónica, nuestro tratamiento tenía efectos secundarios. La victoria de nuestros valores tuvo como reverso indeseable la construcción de una corrección política que ha ahogado el pensamiento libre en los últimos años. Cada vez es más estrecho el espacio de aquello que se puede decir y más ancho aquel sobre el que hay que callar. El debate público se ha encogido en los últimos quince años sin que apenas nos diéramos cuenta. E incluso ha menguado el espacio de disenso dentro de la propia izquierda. Nos quejamos, con razón, de los Valtonycs o los Hasels pero en realidad nuestra capacidad de censura ha sido habitualmente mayor que la de la propia derecha. Incluso hemos abanderado la creación de categorías jurídicas tan arbitrarias y dudosamente democráticas como los llamados “delitos de odio”, estirando después su alcance más allá de lo razonable. Y así hemos renunciado a convencer y hemos convertido a quienes odian a determinados colectivos en una suerte de delincuentes que son perseguidos por el sistema por expresar aquel odio que sienten. Al mismo tiempo que nos indignamos por la condena a un rapero que invita a matar guardias civiles, exigimos la prohibición de los estúpidos autobuses de Hazteoir.

En los márgenes de la corrección política progre empezaron a crecer las infecciones de virus reaccionarios. Nosotros mismos les proporcionamos espacio para que reagruparan sus diezmadas fuerzas, tras 75 años en los que les había tocado simplemente resistir a un mundo que casi llegó a considerarlos un infausto deshecho de la historia. Paradójicamente nuestra victoria moral fue la que hizo posible que el enemigo se hiciera fuerte. Trazar fronteras nítidas entre aquello acerca de lo que es posible hablar y aquello sobre lo que se debe callar les proporcionó un enorme espacio discursivo. Si nosotros callamos sobre la inmigración, porque situar este fenómeno en la agenda política está mal visto, allá están ellos para aparecer como abanderados de aquello sobre lo que no se debe hablar.

En realidad la derecha radical ha entendido mejor que nadie el concepto de hegemonía de Gramsci. Y entiende a la izquierda mejor de lo que la entendemos quienes somos de izquierdas. Entre otras cosas porque mientras ellos leen a los pensadores de nuestra tradición política, nosotros ni siquiera conocemos el nombre de sus intelectuales. Alain de Benoist es un auténtico desconocido en las bibliotecas progres europeas. José Javier Esparza es casi un friki en nuestro país. Hasta hace dos días sus debates nos eran ajenos y sus textos nos sonaban a retórica ultraderechista a la que no había que hacer mucho caso. Hemos asistido preocupados a lo que sucedía en EEUU, en Francia o en otros países europeos. Pero nos creímos demasiado aquello de “la excepción española”. Hasta que conocimos los resultados de las elecciones andaluzas. Y ni siquiera lo vimos venir.

Desde la izquierda seguimos creyendo que se trata de una batalla política. Que basta con ganar las elecciones o con impedir que las gane la derecha. Y nos equivocamos. El movimiento reaccionario tiene claro que su combate no es por el poder político. No es ese su objetivo último. Se trata más bien de una batalla cultural por la hegemonía de un conjunto de valores. Una batalla que están ganando incluso antes de que nosotros nos demos cuenta de que la estamos librando. Son menos que nosotros pero mucho más inteligentes, más hábiles y mejor preparados para esa guerra. Por eso en la izquierda española llevamos tres meses hablando de ellos y regalándoles el protagonismo que buscaban. Y les viralizamos sus contenidos bajo el estúpido pretexto de nuestra propia indignación. Ellos nos combaten pero nosotros les proporcionamos las armas. Han entendido a la perfección que la identidad de izquierdas es autorreferencial y se construye por oposición: demostrando a los otros la propia superioridad moral mediante la condena pública y vehemente de aquello que consideramos aberrante. Aunque ello suponga proporcionar un altavoz a la aberración.

La derecha radical está librando una auténtica guerra de guerrillas contra nuestro ejército regular. Somos más fuertes pero menos ágiles. Nos adaptamos peor al terreno. Ellos, en cambio, son rápidos y nos están obligando a bombardear nuestras propias posiciones. Cada misil que tratamos de disparar se convierte en un acto suicida. Cada paso que damos refuerza al enemigo y nos debilita a nosotros mismos. Ellos atacan y nosotros nos defendemos de la peor forma.

El feminismo es un buen ejemplo de lo que está sucediendo en el campo de batalla. El éxito del pasado 8 de marzo nos proporciona una falsa sensación de victoria frente al universo reaccionario. Pero ellos también se alimentan de nuestro éxito. Si la lucha por la igualdad ha salido fortalecida con cientos de miles de personas en las calles, el discurso del odio contra lo que llaman “ideología de género” ha ganado también enteros. Porque su propio público crece en la misma medida que nuestros triunfos. Porque ya no existen mediaciones posibles. No hay ya tierra de nadie por conquistar ni espacio para la duda. Nuestro exceso de corrección política ha formulado un “o conmigo o contra mi” en el que nuestra contraparte se hace grande con nuestras victorias. Siendo menos que nosotros, han logrado una fuerza con la que combatirnos que es al menos tan poderosa como la nuestra. Cuanto más fuertes nos creemos, más débiles somos. La corrección política nos ha hecho desproteger nuestra retaguardia: creemos que ya está todo explicado, que los valores que defendemos se justifican por si mismos. Y a la vista está que no es cierto. Somos como un boxeador noqueado por exceso de confianza en su propio mentón.

Las armas de esta batalla ya no son las del pasado, por más que nos empeñemos en utilizar categorías del siglo XIX para explicar el siglo XXI. Internet y las redes sociales han creado el espacio ideal para la contrahegemonía. Los medios de comunicación tradicionales ya no son la medida de las cosas sino tan solo un edificio cultural desde el que sus habitantes miran al mundo exterior con asco y miedo. Desde fuera la derecha radical prepara el asalto. Y las puertas blindadas en forma de valores con las que la corrección política cree protegerse no hacen más que alimentar las ganas de acceder a su interior. A la zurda del espacio político esa situación nos provoca una falsa sensación de seguridad, una fe ciega y estúpida en que aquellos muros nunca serán traspasados y mucho menos derribados.

Nos hemos autoconvencido de que las armas de la derecha radical son las fake news, la posverdad, la deformación de la realidad o las respuestas simples a problemas complejos. Pero son también nuestras armas, solo que nosotros las utilizamos peor y tenemos menos éxito con ellas. Hasta tal punto que nos matamos a nosotros mismos con fuego amigo. Si nos dicen que solo el 17% de las denuncias por violencia de género acaban en condena, respondemos que solo existen un 0,01% de denuncias falsas. Es decir, pretendemos combatir un dato falso con otro que no es ni tan siquiera muy verosímil. De ese modo situamos el debate en términos de verdad o mentira, lo que nos impide discutir las opiniones con otras opiniones mejor argumentadas. Y al final las controversias se resuelven por medio de actos de fe en los datos dudosos que aporta cada parte y no como resultado del debate pluralista entre diferentes posiciones.

Por si fuera poco, respondemos al riesgo de involución con propuestas de cordones sanitarios. Tratamos así de reforzar aún más el espacio de la corrección que hemos creado y que está en el origen de este fenómeno. Y de ese modo no solo consagramos al enemigo como tal y le damos carta de naturaleza sino que trazamos nítidamente los márgenes de nuestro discurso y les cedemos todo el espacio que queda fuera de ellos. La experiencia, además, indica que en otros países los cordones sanitarios no solo no han dado buenos resultados sino que han potenciado aún más el fenómeno de la derecha radical. No deja de resultar curioso que la decisión de un grupo de comunicación privado de incluir a Vox en sus debates electorales televisivos haya levantado ampollas en miles de perfiles de izquierda en redes sociales. No me cabe ni la más mínima duda de que los de Abascal hubieran preferido exactamente lo contrario. Excluirles del debate les hubiera dado la baza electoral del victimismo y les habría situado simbólicamente como única formación no sistémica. Justo la imagen que pretenden proyectar. En cambio su presencia les obliga a debatir, a defender su programa y a retratarse. Les convierte en uno más. Y es en ese terreno donde pierden.

La batalla cultural a la que estamos asistiendo solo se puede ganar renunciando al combate: borrando los márgenes de la corrección política e incluyendo la alteridad en el espacio político democrático, por más reaccionaria que nos parezca. Supone asumir que la Ley Integral contra la Violencia de Género puede ser discutible y que incluso es posible tener un debate razonable con quien pone en cuestión algunos de sus aspectos, tal y como hizo un sector del feminismo hace quince años, cuando se aprobó. Ganar la batalla cultural significa asumir que ningún fenómeno es netamente positivo o completamente negativo. Que la inmigración irregular puede ser enormemente enriquecedora pero que también plantea retos y problemas que es necesario resolver a través del debate democrático. Renunciar a un relato sobre la inmigración que vaya más allá de los aspectos positivos del fenómeno es regalarle a la derecha radical un espacio discursivo por incomparecencia.

Vencer esta batalla supone también asumir que el patriotismo no es siempre ni necesariamente un fenómeno vinculado a la derecha centralista sino que puede resultar útil desde el punto de vista de la construcción de la convivencia en torno a unos valores compartidos. Significa, en definitiva, vencer al enemigo reaccionario por la vía de incluirlo en el debate democrático, arrebatándole el carácter confrontador del que se nutre. Vencer al enemigo es dejar de considerarlo enemigo y empezar a entenderlo como adversario. De lo contrario nosotros nos convertiremos, aún más, en símbolos del sistema de valores dominante. Y ellos crecerán como la alternativa al mismo, como el pegamento que aglutina el descontento con lo culturalmente establecido. Seguiremos llamándoles fachas, machistas o xenófobos para evitar debatir con ellos y con sus ideas. Y un día nos lamentaremos porque habrán acabado ganando la batalla.

Alain de Benoist

Juan Luis Cebrián, que te folle un pez

El que fuera director del diario El País y actual presidente del Consejo de Administración del Grupo Prisa, Juan Luis Cebrián, publicó el pasado domingo en su periódico un extenso artículo de opinión que lleva por título “¿Monarquía o República?: Democracia”. En el despliega todas sus armas dialécticas, de esas que pretenden manipular la realidad para acomodarla al deseo de uno mismo. Unas estrategias (des)informativas que bien podría haber aprendido Cebrián en su etapa como redactor jefe del diario Pueblo, propiedad del Sindicato Vertical, o como jefe de informativos de RTVE durante el franquismo.

Tendrán que disculparme mis lectores por el título grosero de este artículo. No cumple con los estándares mínimos de respeto que se le debería exigir a cualquier texto que pretenda rebatir una opinión ajena. El motivo de tal exabrupto no es que el artículo de Cebrián resulte insultante o sea indignante, que lo es. Incluso eso sería tolerable dentro de los parámetros de la opinión. Pero Cebrián comete en su artículo un crimen aun más grave: es tramposo. Juega sucio. Y a los tramposos difícilmente se les puede tratar como merecen ser tratados los jugadores honestos. Lo que procede es expulsarlos del tablero por desvirtuar las mínimas normas que deberían regir los debates sobre asuntos públicos.

Cuando uno escribe columnas de opinión pretende expresar su postura de la forma más clara posible para que esta sea tenida en cuenta en el debate sobre el asunto en cuestión. Como se ha encargado de señalar en su obra el filósofo alemán Jürgen Habermas, la razón es dialógica. Y para entablar ese diálogo reflexivo es imprescindible hacer uso de dos actitudes fundamentales: querer entender al otro y querer hacerse entender a uno mismo. Pero Cebrián utiliza el recurso más tramposo en estas lides, propio del peor de los sofistas, y tan antiguo como el mismo lenguaje: caricaturiza y distorsiona las opiniones ajenas para darle mayor entidad a las propias. Un recurso típico de los malos jugadores y de los tramposos: no discuto tus opiniones sino que ridiculizo lo que dices para que me sea más fácil rebatirlo.

Cebrián comienza su reflexión apelando a la sociología más ramplona: según las encuestas, dice, un porcentaje muy bajo de los españoles se muestran inquietos con la sucesión a la corona. En cambio, arguye, un 80% de los españoles señala que su principal inquietud es el desempleo. Fenomenal. Los datos son ciertos, de eso no hay duda. Pero la inferencia que hace Cebrián de ellos es torticera: según él, que la forma de jefatura de Estado no esté entre las prioridades de los ciudadanos indica que les resulta indiferente que en la cúspide del sistema constitucional se sitúe un monarca o un presidente de la república. Cebrián obvia, no obstante, un dato publicado por su propio diario: que el 62% de los ciudadanos desea que se celebre un referéndum para decidir entre monarquía o república. Pero ese dato parece ser baladí para el presidente del Grupo Prisa, no vaya a ser que estropee un buen argumento.

Cebrián pretende situarse en la equidistancia entre la derecha monárquica y la izquierda republicana, como si se tratara de un demiurgo situado más allá del bien y del mal. Pero su apología de la monarquía en España es delatada por la forma de retratar a sus críticos: “Para otros, entre los que sobresale Izquierda Unida, pretendida aliada del anarquismo suave rampante en nuestra sociedad, esta Monarquía parlamentaria es en realidad un apaño de las élites extractoras, responsables de la crisis financiera y económica que ha deteriorado y empobrecido a amplios sectores de la clase media.” Ante afirmaciones de tal calibre uno no puede sino hacerse algunas preguntas. ¿Es Izquierda Unida una “aliada del anarquismo suave rampante”? Tal sentencia merecería alguna explicación a modo ilustrativo, salvo que se pretenda señalar en la dirección de la ecuación IU=Caos. El ex director de El País parece señalar que aquellos que pretenden reformar las instituciones democráticas, en este caso la jefatura de Estado, tienen el oscuro objetivo de destruirlas. Pero Cebrián va más allá y remata el párrafo de la siguiente forma: “De donde infieren, en un salto acrobático de la inteligencia, que la única manera de evitar que continúen los desahucios a quienes no pagan las hipotecas sería un cambio de régimen.” Y es que el tramposo Cebrián se retrata cuando pone en boca de los dirigentes de la coalición tamaña soplapollez. ¿O es que algún líder de Izquierda Unida ha dicho en algún momento que una república acabaría automáticamente con todos los males que aquejan a nuestra sociedad? La república, sobra decirlo, no es ni de izquierdas ni de derechas y no presupone unas políticas determinadas.

Pero Cebrián no se queda ahí y en el siguiente párrafo insiste en la trampa: “Por si fuera poco, ahora que está en boga el derecho a decidir, exigen una consulta popular sobre el tema, reclamando así para las manifestaciones callejeras la representación de la soberanía popular.” No solo trata de confundir mezclando la consulta soberanista en Catalunya con un referéndum sobre la jefatura de Estado en este país. Por si acaso se encarga de recordarnos que “está en boga el derecho a decidir”, como si la democracia fuese una moda pasajera que incomoda al presidente del Grupo Prisa. Y él mismo realiza, esta vez si, un salto mortal acrobático argumental: “(…) exigen una consulta popular sobre el tema, reclamando así para las manifestaciones callejeras la representación de la soberanía popular.” Y suenan las alarmas de la inteligencia: Si exigen una consulta popular en las urnas, un referéndum, un plebiscito… ¿supone eso reclamar que las manifestaciones callejeras sean la representación de la soberanía popular? Parece, y lo es, contradictorio. Reclamamos que se consulte a los ciudadanos precisamente porque la soberanía popular se expresa en las urnas y no en manifestaciones callejeras. Ni tampoco, no está de más recordarlo, en artículos de opinión.

El autor continúa y no puede sino señalar lo evidente: “es obvio que las monarquías no son en absoluto instituciones democráticas en lo que se refiere a su funcionamiento interno”. Se merece sin duda un positivo en observación y análisis de las instituciones públicas. Pero remata con una loa cortesana a las virtudes de la jefatura de Estado hereditaria recordando que “en su versión parlamentaria amparan algunos de los regímenes más democráticos, libres y avanzados de la Tierra”. Cualquier lector despistado podría inferir, por tanto, que la jefatura de Estado monárquica es superior a la republicana en lo que respecta a la democracia, libertad y progreso. Pero se olvida de señalar Cebrián que también las repúblicas han albergado y albergan algunos de los regímenes más democráticos, libres y avanzados del mundo. Y lo contrario también es cierto: algunos de los regímenes políticos más indeseables que existen sobre la faz de la Tierra son, indistintamente, monarquías (algunas de ellas parlamentarias) o repúblicas. De lo cual podemos deducir que poco tiene que ver la jefatura de Estado de un país con la calidad de su democracia. Pero si la segunda parte de la sentencia es falaz, la primera es una verdad inapelable: “las monarquías no son en absoluto instituciones democráticas”. Cebrián dixit.

Cebrián ejerce, como ha venido haciendo tradicionalmente, de guardián de la ortodoxia constitucional (y neoliberal) en el PSOE. Y ahí va un aviso a navegantes: “En lo que se refiere a la izquierda, los socialistas que apresuradamente se apuntan a una consulta exclusiva sobre la forma de gobierno, olvidando otras más acuciantes carencias constitucionales, deberían aprender del historial de conflictos de su partido con los anarquismos de turno, siempre deseosos de arrebatarles el protagonismo de una revolución, hoy imposible, y ahora de las reformas solicitadas, tan necesarias como difíciles”. No vaya a ser que a alguno de los candidatos a la secretaría general del PSOE le de por dejarse seducir por los cantos de sirena del republicanismo, que es a ojos de Cebrián síntoma de un peligroso anarquismo revolucionario que parece ser una verdadera obsesión para el CEO del Grupo Prisa. Vete tú a saber por qué. Pero lo peor en este caso no es su papel de policía –antidisturbios- de la socialdemocracia y de tutor ideológico del próximo candidato socialista. Lo más lamentable de esta línea argumental es aquello de que “hay cosas más importantes”. Pues claro que las hay. Hay asuntos mucho más acuciantes que el de la jefatura de Estado y que también merecen una reforma, faltaría más. El desempleo, los desahucios o la pobreza son algunos de ellos. Pero hasta donde yo sé en democracia no existe un límite de reformas y abordar la cuestión de la jefatura de Estado no impide tratar otros asuntos. En todo caso ha sido el propio monarca con su abdicación el que ha puesto el foco de debate en la monarquía. Y si el momento de la sucesión no es el adecuado para abordar la cuestión de la jefatura de Estado no sabemos cual lo será. El argumento de “no toca”, “no es el momento” o “no es la prioridad” ha sido en demasiadas ocasiones la coartada de los poderes para abortar reformas necesarias y para perpetuar el statu quo.

Cebrián se despacha a gusto más tarde con aquellos que cuestionan el proceso sucesorio: “La inicial renuencia o el abierto rechazo de Convergència i Unió y de Izquierda Unida (heredera del Partido Comunista de España) a mostrarse coherentes con la ley que sus antiguos dirigentes redactaron y votaron es una patética prueba, una más, de la ausencia de liderazgo político en sus filas y de las inclinaciones populistas de quienes las encabezan”. Todo un canto al inmovilismo de los partidos políticos, que según la óptica de Cebrián deben sostener, casi cuarenta años más tarde, las posiciones que tuvieron en aquel proceso constituyente en el que el ruido de sables era ensordecedor. Como si no fuese otra generación la que hoy protagoniza la vida política en España. Una generación que, por cierto, no tuvo la posibilidad de refrendar en las urnas la actual Carta Magna. Pero Cebrián va aun más allá: cuestionar la monarquía es síntoma de falta de liderazgo y de populismo en los partidos políticos. Otra sentencia que deja sin explicación y que tenemos que tomar como dogma de fe, por más absurda que resulte.

Cebrián concluye su artículo abogando por una reforma constitucional. Se trata de rematar la operación que ha comenzado con la abdicación regia y que pretende darle un lavado de cara a nuestro sistema político bajo la premisa de “que todo cambie para que todo siga igual”. Esa parece ser la estrategia de las élites políticas y económicas para combatir una desafección ciudadana que ya es un problema muy grave para el mantenimiento del statu quo. Pero Cebrián remata la faena con una de sus trampas dialécticas: “Por supuesto la expresión de las redes sociales, las de los locutores de programas de entretenimiento político y, sobre todo, la de miles de manifestantes que exhiben con toda libertad su protesta, deben tenerse en cuenta. Pero no pueden sustituir, ni legal ni emocionalmente, a la voluntad democrática expresada en las urnas. No, si queremos evitar un suicidio colectivo.” Pues eso mismo, nada puede sustituir a la voluntad democrática expresada en las urnas. Ni la presunta estabilidad del sistema ni una constitución votada hace 36 años en unas circunstancias muy excepcionales pueden sustituir la voz de los ciudadanos expresada democráticamente. Por eso es imprescindible preguntarle a los españoles y las españolas si desean continuar con una monarquía parlamentaria en la figura de Felipe VI o quieren que la jefatura de Estado sea al fin verdaderamente democrática a través de un Presidente de la República votado por todos los ciudadanos. Ya no vale poner excusas.

Lo mejor del artículo del multimillonario Cebrián es que pretendiendo retratar a quienes exigimos un referéndum sobre la jefatura de Estado se ha retratado a si mismo. No es la primera vez que lo hace. No extraña, desde esa óptica, la deriva conservadora del diario El País en los últimos tiempos que ha provocado una sangría de lectores y la salida de un buen número de firmas de calidad, que han dejado de publicar en las páginas del periódico de Prisa a la vista de la derechización evidente de su línea editorial. De modo que no puedo sino reiterarme en mis mejores deseos para el que fuera director de El País: Juan Luis Cebrián, que te folle un pez. Y uno bien grande, a ser posible.

Cebrian

Published in: on 9 junio, 2014 at 13:48  Comments (2)  
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La caja de Pandora

Los Estados del Bienestar occidentales han vivido atrapados en una tensión permanente entre estabilidad y transformación que se ha saldado siempre a favor de la primera. Las democracias liberales gustan poco de grandes cambios que pongan en riesgo la tan manida estabilidad institucional a la que los grandes partidos con vocación de gobierno suelen hacer referencia. En España esta situación resulta particularmente significativa por la juventud de nuestra democracia que, a pesar de serlo, se percibe como esclerotizada por una parte de los ciudadanos.  No es poco habitual escuchar a lideres de PP y PSOE  exigirse mutuamente “sentido de Estado” para referirse a la voluntad de preservar el statu quo. Pero la crisis económica en España parece haber tirado por la borda algunos de los pactos tácitos generados en la Transición y durante los primeros gobiernos socialistas sobre la necesidad de un amplio consenso para transformar cualquier aspecto fundamental de la joven democracia española.

Los primeros meses de gobierno conservador han puesto en cuestión aquellos acuerdos implícitos. Si de algo no se puede acusar a Rajoy es de inmovilismo. Ha emprendido en solitario la mayor reforma del Estado en todos sus aspectos de los últimos 30 años. Solo que en este caso se trata de una transformación regresiva que tiene como consecuencia, y tal vez como objetivo, un deterioro en las condiciones de vida de una parte muy significativa de la sociedad. Y por supuesto no hay mayoría absoluta que legitime tal cosa. La crisis económica aparece como un elemento justificador de unas reformas que se venden como coyunturales pero que estaban mucho antes de la crisis de Lehman Brothers en el mismísimo ADN de la derecha.

A medio y largo plazo el escenario es bastante desesperanzador. En el peor de los casos, y también el más probable, el deterioro del Estado del Bienestar será irreversible. al menos durante varias décadas. Y en el menos malo de los casos la estabilidad institucional podría dar paso a un periodo de reformas y contrarreformas según el signo político del gobierno de turno, como ocurriera en buena parte de la historia contemporánea de España; desde la época de las Cortes de Cádiz hasta la Guerra Civil.

Sería necesario, en todo caso, una mayor audacia de los socialdemócratas europeos. Por ahora las expectativas generadas por una virtual victoria de Hollande tienen más de fe que de ciencia. Pero sigue siendo nuestra última esperanza, aquella que se encuentra en el fondo de la caja de Pandora abierta por la crisis. Y en cualquiera de las hipótesis de futuro existe un peligro real: el ascenso del populismo. Los resultados de Marine Le Pen en las elecciones francesas tiene que ser vistos como una señal de alarma de lo que puede ocurrir en Europa. Si la vieja política ya no vale, bien sea por un retroceso muy significativo del Estado del Bienestar o por la inestabilidad que pudiera generar la alternancia de grandes reformas en uno y otro sentido, el saldo puede ser una victoria de quienes pescan en río revuelto con mensajes mesiánicos. Y resulta imposible no pensar en la Europa de hace ochenta años y en sus nefastas consecuencias.

(Publicado en http://blogs.publico.es/xabel-vegas/)

Pandora. Vasija

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