Por qué no Podemos

¿Podemos o no Podemos? Esa es pregunta que desde hace unas semanas se llevan haciendo las gentes de izquierda militante; esas personas que están a la zurda del PSOE y que hasta ahora se han debatido entre la abstención, el voto a formaciones minoritarias, a organizaciones de izquierda nacionalista o a Izquierda Unida. La irrupción en escena de Podemos y el entusiasmo que está generando entre los sectores más activistas abre una nueva posibilidad de cara a las elecciones que unos ven con buenos ojos y otros con desconfianza. Y otros como yo somos escépticos y tenemos más dudas que certezas ante la aparición de Podemos en la arena política y ante sus posibilidades de movilizar a los votantes de izquierdas.

Podemos es un proyecto aun por concretar. Se trata de una iniciativa cuyo objetivo parece ser la creación de una candidatura electoral para las elecciones europeas del próximo 25 de Mayo. Como cabeza visible del colectivo se sitúa Pablo Iglesias, un joven profesor de Ciencia Política, presentador de debates televisivos y tertuliano profesional. No se trata de un partido político al uso sino más bien de un colectivo ciudadano, aunque su vocación electoral parece fuera de toda duda.

Si como todo parece indicar Podemos se presenta finalmente a las elecciones, le disputará a Izquierda Unida un espacio electoral que con la crisis de credibilidad de los dos grandes partidos españoles (en particular la del PSOE) está en franco crecimiento. Según todas las encuestas Izquierda Unida lograría hoy los mejores resultados electorales de su historia. Incluso algún sondeo reciente del CIS le daba a la coalición una intención de voto directa igual o mayor que la de los socialistas, si bien esos datos habría que ponderarlos (o “cocinarlos”, como se dice habitualmente) para dilucidar la horquilla real de diputados que lograría Izquierda Unida si los comicios se celebrasen hoy. Pero así todo Izquierda Unida se consolidaría como la tercera fuerza electoral en España, con un papel importante como partido “bisagra” y recortando distancias al bipartidismo de las formaciones catch-all o “atrapalotodo” que se disputan el centro político; esto es, PP y PSOE.

La realidad sociológica española necesita de una opción electoral como Izquierda Unida que sirva de referente en las urnas de aquellos ciudadanos que se definen nítidamente como “de izquierdas”. Y la irrupción de Podemos puede fragmentar ese espacio electoral haciéndolo más frágil en las instituciones. Hasta donde conocemos, las diferencias programáticas entre IU y Podemos son mínimas, casi de matiz, lo que difícilmente justifica la creación de una nueva marca electoral.

El discurso que se maneja desde Podemos es el de la mano tendida a IU para buscar una confluencia de las izquierdas. Se habla de ofrecerle a IU un pacto para crear una gran plataforma de izquierdas, a la manera de la Syriza griega. Pero realmente no existe tal ofrecimiento. Lo que ha hecho Podemos es echarle un órdago a IU, exigiéndole que le trate de igual a igual. No me cabe duda de que sería una buena noticia que las gentes que hoy están detrás de Podemos pudieran participar en una candidatura conjunta con Izquierda Unida. Tanto en un lugar como en el otro hay personas valiosísimas que llevan años trabajando en los movimientos sociales de forma desinteresada y sería deseable no dejar a ninguno de ellos fuera.

Uno podría pensar, leyendo las declaraciones de los líderes de Podemos, que Izquierda Unida quiere blindarse ante otras formaciones de izquierdas; que se niega a confluir y a buscar alianzas con otras sensibilidades ajenas a la coalición, como si los de Cayo Lara quisieran monopolizar el voto de izquierdas. Pero la realidad es otra. Lo cierto es que desde hace años Izquierda Unida ha desarrollado una estrategia de alianzas con colectivos de lo más variado, algunos de ellos marginales, incluso a costa de ofrecerles puestos institucionales a organizaciones que apenas lograban un par de miles de votos cuando se presentaban en solitario. Es lo que IU bautizó como “La Izquierda Plural”. Basta ver que en casi todas las circunscripciones donde IU se presenta, lo hace “con apellidos”: Chunta Aragonesista-Izquierda Unida, Izquierda Unida-Verdes-Socialistas Independientes de Extremadura, Izquierda Unida-Los Verdes de Madrid, Izquierda-Ezkerra en Navarra (con IU, Batzarre y Los Verdes), y así hasta un sinfín de siglas que en unos u otros comicios han participado con IU en las elecciones. Si realmente Podemos hubiera tenido intención de confluir con Izquierda Unida se habría sumado a “La Izquierda Plural” sin necesidad de recurrir a discursos sobre la presunta “derechización de IU” con el que se han despachado algunos de los artífices de Podemos.

Por otra parte Podemos se ha presentado en sociedad como una izquierda “moderna” frente a la vieja izquierda representada por Izquierda Unida. Una izquierda más joven, menos dogmática y con vocación de ser el referente electoral del 15M. Bien es cierto que este relato está más fabricado por los medios de comunicación que por Podemos, pero el movimiento encabezado por Pablo Iglesias se está aprovechando de este fenómeno para construirse una imagen alejada de la de los viejos partidos comunistas. Pero curiosamente detrás de Podemos, como verdadero artífice del asunto, se encuentra Izquierda Anticapitalista, una organización trotskista heredera de la Liga Comunista Revolucionaria (partido de extrema izquierda activo durante las décadas de los setenta y ochenta) que aun pertenece a la IV Internacional. Y el mismo Pablo Iglesias ha sido militante de las Juventudes Comunistas de España, organización juvenil del PCE. Nada por tanto de nueva izquierda frente a la izquierda tradicional representada por IU.

La vinculación de Podemos con el 15M es sencillamente literatura que algunos medios de comunicación han potenciado. Resulta complicado señalar qué fue el 15M y sobre todo qué queda de aquella experiencia nacida en la Puerta del Sol. Se trataba de la confluencia de miles de ciudadanos indignados, muchos de ellos sin una adscripción política clara, y con un alto nivel de heterogeneidad. El 15M nunca tuvo un programa político ni una ideología. No era ese su objetivo. Pero si algo dejó claro el movimiento de los indignados fue su alergia a los liderazgos y su negativa expresa a participar en un proceso electoral bajo unas siglas determinadas. Todo ello sería incompatible con cualquier intento de Podemos de erigirse en portavoz del 15M en unas instituciones políticas a las que los indignados gritaban aquello de “no nos representan”.

La figura de Pablo Iglesias en Podemos es otro de los elementos controvertidos que más críticas ha cosechado entre los más escépticos. Ciertamente no parece descabellado acusar de personalista a una formación que se ha dado a conocer con la elección opaca de su portavoz (y todo indica que será también cabeza de lista en las elecciones) por parte de una “asamblea de notables” antes de desarrollar su proyecto organizativo a través de asambleas locales. No parece que ese sea el procedimiento más democrático para escoger a un portavoz. Pero en todo caso la elección de Iglesias no es inocente. Se trata de un personaje joven y muy mediático, un tertuliano que ocupa los asientos de la izquierda en los debates de televisión (que tienen más de show que de confrontación de ideas) frente a mostrencos de la derecha más radical como Francisco Marhuenda.

Más allá de las simpatías y antipatías que pueda despertar Pablo Iglesias, su actuación en las últimas semanas ha sido como mínimo cuestionable. El episodio del video que está circulando por la red con una intervención suya en la que, relatando un robo que se produjo en un centro social madrileño, utiliza expresiones desafortunadas como “lúmpenes, gentuza de clase mucho más baja que la nuestra“, ha indignado a un sector del público potencial de Podemos que lo han calificado de “clasista”. Pero la guinda a las palabras de Pablo Iglesias la ha puesto él mismo con una carta de rectificación publicada en este mismo diario, en su blog, en la que aprovecha unas disculpas hechas con la boca pequeña para lanzar dardos contra eldiario.es, periódico digital que publicó el video y otras informaciones sobre Podemos, y contra su director Ignacio Escolar, acusándoles de no jugar limpio.

No parece lo más adecuado que alguien que dice defender la libertad de expresión lance acusaciones veladas a un diario por publicar informaciones verídicas que no le gustan. La idea de “disparar al mensajero” es tan antigua como el propio periodismo pero sería deseable que Podemos evitara ese tipo de actitudes. Máxime cuando hablamos de un referente de la información digital progresista como eldiario.es y de un periodista con una trayectoria intachable como Ignacio Escolar que en su etapa como primer director de Público logró crear un espacio informativo imprescindible a la izquierda de El País.

Por último falta saber cual será la estrategia de Podemos si finalmente se presentan a las elecciones y logran representación institucional. Mientras la principal de las acusaciones que desde las filas de Podemos se le hace a IU es la de ser comparsa del PSOE en las instituciones (como en el caso de la Junta de Andalucía), los de Pablo Iglesias no explican que harían ellos en una situación similar. ¿Pactarían con los socialistas o permitirían un gobierno conservador del PP? Antes de votar estaría bien saber que harían en ese caso. Solo de ese modo sabríamos si realmente podemos o no podemos.

(Publicado en http://blogs.publico.es/xabel-vegas/)

Podemos

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1812-2012: La izquierda y el liberalismo

Estos días se están celebrando numerosos actos conmemorativos de la Constitución de Cádiz, popularmente conocida como La Pepa, con motivo del bicentenario de su nacimiento. Las Cortes gaditanas supusieron la entrada de España en la modernidad política y el principio del fin del absolutismo. A pesar de la vida efímera de la Carta Magna de 1812, su promulgación puso las baldosas en el camino para transitar hacia la democracia y sin ella sería difícil entender el régimen de libertades y derechos del que hoy disfrutamos. Fue la tercera constitución liberal del mundo, después de las de las revoluciones americana y francesa, y la primera de España, si exceptuamos de la lista el Estatuto de Bayona de José Bonaparte.

La separación de poderes, la igualdad jurídica o el concepto de Estado de Derecho como limitación del poder político mediante la ley son elementos que hoy nos parecen innegociables y que nacieron de aquellas cortes reunidas en San Fernando bajo la amenaza y el asedio del francés. Fue un movimiento político, el liberalismo, el que hizo posible que hace doscientos años dejáramos de ser súbditos para ser ciudadanos. Aquellas ciudades que se levantaron en armas contra el invasor eran el territorio fundamental donde el nuevo sujeto político, el individuo, podía jugar un papel en la organización de la vida común. De ahí la importancia que en las democracias liberales adquirió el poder local; una importancia que llega a nuestros días y que está encarnada en el papel de las instituciones municipales que nos hemos otorgado.

En 1812 no hubo, no obstante, revolución. Fue más bien un cambio de paradigma político y un progresivo deshacerse de aquel mundo medieval que aun sobrevivía en las instituciones políticas. Durante los siguientes dos siglos la historia de nuestro país vivió grandes avances pero también retrocesos significativos. El último de ellos y quizás el más dramático fue la dictadura franquista, basada en unos principios que despreciaban todas las aportaciones del liberalismo político y que se encargó de destruir aquello que éste había construido no sin esfuerzo.

Hoy el término liberalismo está muy desprestigiado en el ámbito de la izquierda. En no pocas ocasiones se utiliza como sinónimo de derecha, lo cual resulta paradójico si recordamos que fue en la Revolución Francesa, paradigma de revolución liberal, donde surgió la distinción entre izquierda y derecha según el lugar de la bancada que ocupaban exaltados y moderados en la Asamblea. Si liberalismo es sinónimo de derecha, también debería ser sinónimo de izquierda por los mismos motivos. Y un término que puede funcionar como sinónimo de dos contrarios resulta descriptivamente muy poco operativo.

A veces se confunde también liberalismo político con liberalismo económico. Y aunque sería inútil negar la relación entre ambos, no funcionan como términos equivalentes. No hay duda de que el liberalismo fue un movimiento burgués y en su lucha por limitar el poder del Estado estaba la semilla del laissez-faire; de un concepto de libertad ya no solo político sino también económico del que necesitaba una burguesía que desarrollaba su vida profesional principalmente en los mercados. Pero confundir liberalismo económico con liberalismo político no ayuda a entender las aportaciones positivas de ambas doctrinas. Ni tampoco las debilidades de cada una de ellas.

Hoy aun una parte de la izquierda entiende a la burguesía como la antítesis del movimiento obrero. Pero en los orígenes del liberalismo no era así. No porque no hubiese estratos sociales por debajo de ella sino porque no estaban organizados, no participaban de la vida pública ni tenían una conciencia de clase como la entendió Marx unos años más tarde. La dialéctica no era burguesía/proletariado sino aristocracia/burguesía. El liberalismo fue entonces una revolución burguesa, no contra el proletariado, sino contra la nobleza, el feudalismo y el poder omnímodo del monarca absoluto.

Liberalismo también se utiliza en ocasiones como sinónimo de neoliberalismo. Y si bien es cierto que este último es deudor del laissez-faire, también es verdad que el neoliberalismo va más allá. Se trata efectivamente de una doctrina que defiende un Estado reducido a su mínima expresión pero además considera que el Estado debe funcionar bajo el criterio del beneficio. La administración pública tendría que ser así una empresa más compitiendo en condiciones de igualdad con el resto de actores económicos. El sometimiento del Estado a la lógica de los mercados conduciría inexorablemente a una suerte de selección natural donde solo los más capaces sobrevivirían a la exclusión. Así todo, el vocablo neoliberalismo tiene un valor más normativo que descriptivo, que retrata más bien a quien lo utiliza que a lo que pretende retratar. Por eso son pocos los que se definen abiertamente como neoliberales y son muchos los que utilizan el término con una importante carga semántica despreciativa.

Liberalismo político, en definitiva, no es lo mismo que derecha, liberalismo económico o neoliberalismo y confundir estos términos no ayuda a entender su dimensión. No hay duda de que la derecha y las teorías económicas liberales y neoliberales difícilmente podrían haber existido sin aquellas revoluciones de finales del siglo XVIII y principios del XIX contra las monarquías absolutas. Pero son pocas las ideologías o las teorías políticas que han surgido desde entonces que no hayan sido deudoras de uno u otro modo, bien oposición o bien por afinidad, del universo liberal. Desde las más progresistas a las más conservadoras. Incluso el nacionalismo, especialmente el vasco, hunde sus raíces en el tradicionalismo carlista, absolutista y ultracatólico que hizo la guerra al Estado liberal.

Las celebraciones del bicentenario de la Constitución de 1812 son, de algún modo, un homenaje a un liberalismo político sin el cual hubiera sido imposible el surgimiento del Estado democrático. No en vano se utiliza la expresión democracia liberal para referirse a los regímenes políticos representativos como el nuestro. El liberalismo, con sus virtudes y sus defectos, forma parte de nuestro bagaje histórico, filosófico y político. Y una parte de la izquierda lo ha despachado de un plumazo, como si nada bueno pudiera surgir de él o como si las aportaciones liberales no hubieran jugado un papel importante en la historia de la izquierda. Y es un error que quizás sea hora de ir subsanando.

El papel de los partidos políticos en democracia

En los últimos tiempos, de la mano de la deslegitimación creciente de la clase política española, se ha venido escuchando una idea recurrente sobre nuestro sistema electoral: que debieran ser votados los individuos y no las listas. Es un movimiento no ya contra el bipartidismo sino contra el mismísimo sistema de partidos. La crisis económica ha acabado por potenciar este tipo de planteamientos y ya se escuchan voces de intelectuales y movimientos sociales reclamando un sistema de listas abiertas similar al que se utiliza actualmente para escoger representantes al Senado.

Se dice que de este modo los políticos tendrían que demostrar su honradez ante sus electores, conjurando así el peligro de que individuos condenados por corrupción ocupen los escaños de los parlamentos. No dudo de que sería deseable que los partidos políticos fuesen más contundentes con el fenómeno de la corrupción pero parece más que cuestionable que las listas abiertas solucionen realmente este problema sin provocar otros tanto o más indeseables.

Nuestro sistema político descansa efectivamente sobre la existencia de unos partidos que son los encargados de articular la voluntad popular. Se trata de una fórmula que hace primar las ideas frente al individuo y los proyectos frente a los rostros. En un país que ha sufrido un conflicto secular entre lo que Machado llamó “las dos Españas”, una de izquierdas y otra de derechas, parece razonable la existencia de dos grandes formaciones políticas con las que amplios sectores de la población puedan identificarse. Los partidos además tienen como tarea garantizar la estabilidad del sistema. Una estabilidad lograda a costa de un desgaste de la legitimación de una clase política considerada como previsible e inmovilista y de una desafección ciudadana hacia el voto como instrumento que, lejos de cambiar las cosas, las perpetúa.

En tiempos de la Restauración la alternancia de dos grandes partidos, el conservador de Cánovas y el liberal de Sagasta, perpetuó durante casi medio siglo un sistema político que supuso la modernización de la sociedad española, si bien esto se realizó a costa de unos altísimos niveles de caciquismo y del amaño constante de elecciones. Pero la verdadera decadencia del sistema de la Restauración vino de la mano de la muerte de los líderes de ambos partidos, que habían conseguido cohesionar a las distintas familias de sus formaciones políticas. En plena crisis de final de siglo, la transición de un sistema bipartidista a un sistema de facciones políticas lideradas por el personalismo en las que ninguna de ellas disponía de la suficiente mayoría parlamentaria para llevar a cabo un proyecto de gobierno supuso el descrédito social de un régimen que estaba ya en sus estertores. De ahí a la dictadura militar de Primo de Rivera medió un paso y el tirano vendió su proyecto autoritario y populista como la superación de un partidismo inútil y corrupto.

El bipartidismo plantea evidentemente numerosos problemas relacionados con la legitimidad democrática, especialmente cuando el voto a una u otra formación política se hace no con entusiasmo sino con el criterio de “el mal menor”. Pero quizás las democracias contemporáneas consistan precisamente en eso: en una previsible gestión de la frustración popular a partir de una ética trágica según la cual el ser humano elige siempre entre dos males, no entre un bien y un mal. De ese modo los sistemas democráticos de la actualidad tienen que soportar una tensión irresoluble: la que se produce entre los deseos de estabilidad y los de transformación, entre la pragmática y la ética o, como hace años decía la izquierda, entre reforma y revolución.

Parece muy cuestionable que los sistemas representativos que hacen escoger al ciudadano entre personas y no entre listas sean más democráticos. En la era de la comunicación sabemos que el marketing político puede convertir unas elecciones en una encuesta de popularidad en la que el carisma esté sobrevalorado y las ideas brillen por su ausencia. Y si atendemos a la experiencia norteamericana es fácil ver el peligro de un sistema donde los candidatos son casi por definición millonarios que pueden costearse las campañas mediáticas necesarias para lograr la elección. La existencia de unos partidos sólidos conjura en buena medida el fenómeno del populismo. Y cuando se dice que los partidos no sirven, que son el problema y no la solución, se están poniendo las bases para la aparición del personalismo, el autoritarismo y el mesianismo. Se trata de discursos que son sintomáticos de una enfermedad de nuestro sistema político y de un déficit en la cultura democrática de nuestra sociedad.

Sobre la crítica a los sindicatos

Una parte de la izquierda comparte con el movimiento del 15-M un desprecio visceral por los sindicatos, muy especialmente por UGT y CCOO, que cada vez es más evidente. Y razones no les faltan. Las grandes centrales sindicales se han mostrado en ocasiones silenciosas, cuando no condescendientes, con algunas de las políticas que han precarizado el empleo en nuestro país. Los sindicatos son hijos de una época en la que los trabajadores con empleo estable, principalmente en el sector secundario, estaban en el origen de buena parte de los derechos sociales y laborales de nuestro país. Era la época de la metalurgia, la siderurgia o los grandes astilleros. Desde entonces los sindicatos se han caracterizado por ser conservadores, no tanto en el terreno moral como en el sentido del mantenimiento de unos puestos de trabajo que por sus características eran más propios de una sociedad industrial que de una basada en los servicios.

Los sindicatos son vistos por la juventud como un fenómeno generacional en el que en ocasiones ha primado la defensa de los trabajadores fijos en detrimento de los precarios. Y si a eso le unimos la sensación de que existe una cierta corruptela sindical, sea esto exagerado o no, se explica bien por qué los sindicatos están según todas las encuestas en la escala más baja en cuanto a la confianza que inspiran a los españoles, solo por detrás de la clase política, los partidos y los bancos. Para una buena parte de los ciudadanos de nuestro país, UGT y CCOO forman parte de ese entramado institucional en el que están también PP y PSOE. Y el descrédito de los sindicatos forma parte del mismo fenómeno que supone el descrédito de los políticos y de los partidos. Se trata de una cierta impugnación a la totalidad de la forma de hacer política en esta parte del mundo.

Pero sobre los sindicatos, como sobre muchos fenómenos sociopolíticos, se pueden hacer lecturas ambivalentes. Si es cierto que los grandes sindicatos se han atrincherado en el sector secundario, no es menos cierto que gracias a ellos se han atenuado algunos de los efectos más nocivos de la desindustrialización. Si es verdad que han sido poco combativos con el deterioro de los derechos laborales, especialmente entre los más jóvenes, no podemos olvidar tampoco que los sindicatos han contribuido enormemente a la construcción de un Estado del Bienestar donde consideramos innegociables algunos derechos que en otras zonas del mundo son poco menos que una utopía.

La crítica a los sindicatos no solo es legítima sino que resulta sana para la higiene democrática de nuestro país. Pero en ocasiones desde algunos sectores de izquierdas se sitúa a los grandes sindicatos dentro de ese conjunto tan maniqueo y simplista que son “los enemigos”. Efectivamente CCOO y UGT necesitarían una renovación tanto de discursos como de caras que los acercase a la gente joven que más sufre la precariedad y el paro. Sería deseable también combatir una burocracia en la que se perpetúan algunos liberados sindicales que acaban creando un cierto caciquismo laboral. Pero resulta muy peligrosa la coincidencia de la derecha y de los sectores más a la izquierda en el desprecio a los sindicatos. Desde las parcelas más conservadoras se ha lanzado un discurso antisindical en el que abundan las mentiras y la exageraciones y que trata de fomentar con éxito una imagen de los sindicatos como pesebre de unos liberados que cobran por no hacer nada. Y eso no solo es injusto y falaz sino que además supone un ataque, por vía indirecta, a un Estado del Bienestar que los sindicatos, más mal que bien si se quiere, se han encargado de proteger.

Por muy deficientes que sean los sindicatos, nuestro país sería infinitamente peor en cuanto a derechos y libertades si no existieran. Desgraciadamente cada vez tienen menos capacidad de movilización y eso deja desprotegida a la sociedad frente a las pretensiones de horadar unos derechos laborales que han costado sangre, sudor y lágrimas a muchos sindicalistas. Y cuando una parte de la izquierda hace gala de su discurso antisindical está fomentando sin quererlo ideas muy conservadoras sobre la protección de los trabajadores. Los sindicatos aun hoy, con todas las críticas que les podamos hacer, hacen de muro de contención de los excesos patronales. Y eso a la derecha no le gusta nada. No hace falta más que recordar el “ce, ce, o, o” de Urdaci en tiempos de Aznar.

Published in: on 22 septiembre, 2011 at 11:11  Dejar un comentario  
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Culpar al sistema

En los últimos tiempos, con motivo de la crisis económica que tanto daño está haciendo, hemos oído hablar en multitud de ocasiones del sistema. A él se le responsabiliza de todos los males que nos aquejan y, al mismo tiempo, se llama antisistema a aquellos que, con mayor o menor fortuna en los planteamientos, ponen sobre la mesa la urgencia de transformar los aspectos más negativos de nuestra realidad. ¿Pero que es lo que se quiere decir cuando se habla del sistema? En el lenguaje común el vocablo sistema hace referencia al modo en el que funciona un determinado universo de cosas para formar un todo común. En el caso que nos ocupa, ese universo esta formado por la economía y la política de los países occidentales.

Pero sistema no es una palabra inocente. Quien la usa suele hacerlo dándole una carga valorativa enorme. El sistema entonces es aquello que nos oprime, que se muestra cruel, y que condena a una parte de la humanidad a la miseria. Se aplican valores netamente humanos a algo que por definición no lo es. Pero incluso aceptando esto –que el sistema sea un ser pensante- como metáfora, se acaba haciendo uso de otro tropo que acaba por enrevesar aun más las cosas: la sinécdoque. Se utiliza el todo para designar una parte lo cual, cuando hablamos de nuestro sistema, resulta realmente peligroso. El sistema es de ese modo aquello que provoca el enriquecimiento de los más ricos y el empobrecimiento de los más pobres, el desempleo, la precariedad o la falta de expectativas. Y efectivamente el sistema es todo aquello pero también mucho más.

El sistema, nuestro sistema, es también ese modo de organización social que ha permitido la conquista de numerosas libertades individuales que hoy consideramos innegociables pero que en otros países son poco menos que una quimera. La libertad sexual, la libertad de prensa y de opinión o la libertad religiosa son pilares fundamentales de eso que se conoce como nuestro sistema. El Estado del Bienestar también forma parte de esa forma de organización de la sociedad en la que la educación y la sanidad son gratuitas, en la que existe un subsidio de desempleo por muy insuficiente que este sea, y en la que el nivel de vida, a pesar de la crisis, está a años luz del que tiene el 80% de la población mundial. La democracia representativa, con todo lo imperfecta que pueda ser, también forma parte de esas cosas que solo aprecian quienes carecen de ellas.

Es cierto que nuestro sistema necesita algo más que un maquillaje. Hay que repensar un mundo en el que hablar del reparto de la riqueza significa ser un ingenuo o en el que los recursos naturales limitados son consumidos a un ritmo insostenible. Pero es necesario también no despreciar los logros de unos sistemas políticos occidentales que han conseguido el mayor crecimiento de la historia de la humanidad en el terreno del bienestar, de las libertades y los derechos y de la creación de conocimiento. Y que ha logrado separar la religión de la política, algo que en otras zonas del planeta es sencillamente impensable.

Hablar del sistema significa ahorrar en el lenguaje y simplificar las cosas para no entrar en matices que pueden ser tediosos. Pero preocupa cuanto pueda haber también de ahorro en el pensamiento. Porque la impugnación total de nuestros sistemas ya no es patrimonio de la izquierda revolucionaria sino del populismo antidemocrático. Y si el sistema es el culpable de todos los males que nos aquejan, resulta sencillo sentirse cómodo en el papel de víctima y no asumir ninguna responsabilidad sobre lo ocurrido.

Cada vez es más urgente elaborar una teoría de la transformación social que a la vez sea radicalmente democrática y sepa valorar los logros más valiosos de nuestra civilización. De lo contrario cuando hablamos del sistema estaremos invitando a destruir un edificio que necesita una reforma urgente, pero bajo cuyos techos somos capaces de pensar en libertad.

La crisis de la democracia y el 15-M

El Estado del Bienestar de buena parte de las democracias occidentales contemporáneas se ha basado en las últimas décadas en la alternancia, la competencia y la colaboración de dos teorías políticas de signo distinto: socialdemocracia y neoliberalismo. Mientras la primera abogaba por una administración fuerte y por unas políticas sociales destinadas a hacer crecer la clase media, la segunda ponía el acento en la libertad económica y en la necesidad de un Estado delgado que no interfiriese con la economía de mercado.

A finales de los años ochenta, con la desintegración del bloque del Este y la caída del muro de Berlín, la izquierda revolucionaria entró en una crisis de la que aun no ha sabido salir, a pesar de los mil y un intentos inútiles de refundación de la izquierda. Huérfana de alternativa, la izquierda hubo de conformarse con ejercer de conciencia moral de los partidos socialdemócratas. Pero la crisis financiera ha traído consigo también una grave crisis de la socialdemocracia. Esta se ha visto despojada de su discurso y ha sido obligada a ejercer unas políticas desreguladoras que han puesto a régimen al Estado del Bienestar tanto como haría cualquier ortodoxo del neoliberalismo. Las expectativas electorales del PSOE, que ya ha perdido casi todo su poder autonómico y local, ponen de manifiesto el declive de una socialdemocracia que no ha sabido alzar la voz en los escenarios internacionales como hiciera con la salida de las tropas de Iraq para reclamar unas nuevas reglas del juego económico. El pacto entre PP y PSOE para llevar a cabo la reforma constitucional que busca limitar la deuda pública es un buen ejemplo de ello.

Pero la crisis de la socialdemocracia es también y sobre todo una crisis de legitimidad de nuestro sistema representativo. No tanto porque no existan diferencias de calado entre PP y PSOE, que las hay, como porque el ciudadano percibe que vote a quien vote las cosas van a cambiar poco o nada. Y si la elección de representantes no tiene una incidencia clara en las políticas que se ejercen, la democracia pierde buena parte de su sentido decisorio.

El movimiento del 15-M es hijo de ese fenómeno. Muchos de sus jóvenes protagonistas seguramente votaron al PSOE en 2004 o celebraron su victoria como un castigo a unos gobiernos de Aznar que habían violentado nuestra democracia participando en una guerra a la que se oponía la práctica totalidad de la sociedad española. La primera legislatura de Zapatero pareció colmar, al menos en parte, las aspiraciones de sus electores. Las políticas sociales fueron la punta de lanza de un socialismo español que se quitaba al fin el lastre del felipismo. Pero la crisis estalló y lo que para muchos era un abismo entre PSOE y PP se convirtió en una diferencia de matiz poco sustancial. No solo por las políticas anticrisis que se manejaron, donde seguramente había poco margen de maniobra, sino por la ausencia de un discurso que cuestionase el orden económico establecido que esta en el origen de la crisis.

Sea como fuere el resultado es más que peligroso para la legitimidad de nuestro sistema. Porque en el mejor de los casos se deja la democracia como patrimonio exclusivo del neoliberalismo. Y en el peor de los casos, si la crisis económica no remite pronto y se confirma que la receta neoliberal es tan poco útil como la socialdemócrata, se crea un caldo de cultivo muy propicio para los populismos. Unos populismos que precisamente basan su discurso en la idea de que todos los políticos son iguales.

Esa misma senda es la que sigue el movimiento del 15-M con consignas como “no nos representan” o “lo llaman democracia y no lo es”. Se mueve en la fina línea que separa el sano deseo de regeneración democrática del peligroso populismo. Y si bien es cierto que no traspasa esa frontera que distingue el discurso demócrata del que no lo es, tampoco marca suficientes distancias con ella. Porque si nadie nos representa y si nuestro voto no tiene la capacidad de decidir que políticas se aplican, el siguiente paso lógico es la necesidad de destruir nuestro sistema democrático por inútil. Si verdaderamente “lo llaman democracia y no lo es” (lo que, por cierto, dice bien poco de la sensibilidad que tenemos hacia la gente que vive bajo el yugo de las dictaduras) habrá que buscar aquello que si sea democracia. Entre los sectores presuntamente más radicales del 15-M el asamblearismo cumple esa función en el discurso y se presenta como la verdadera democracia del pueblo. Una apelación al pueblo que una vez más remite al discurso populista que está en el origen de muchos Estados totalitarios, algunos de los cuales se presentaban a si mismos como “democracias populares”. Pero por enorme que haya sido el impacto social y mediático del movimiento del 15-M, las asambleas no congregan más que a unos cientos de personas; unos pocos miles en el mejor de los casos. Y resulta una cifra ridículamente pequeña en comparación con los millones de ciudadanos que participan en las elecciones y que de ese modo legitiman nuestro sistema democrático. No parece muy sensato proclamar aquello de “no nos representan” dirigido a la clase política de nuestro país y al mismo tiempo arrogarnos la representación de la verdadera voluntad popular.

El movimiento del 15-M deberá repensar críticamente esa parte de su discurso si realmente quiere construir una sociedad donde se escuche más a los ciudadanos y donde exista un verdadero debate de ideas para solucionar los problemas. De lo contrario estará construyendo un tejido ideológico del que podría aprovecharse el populismo para pescar en río revuelto. Se trata de poner en valor el sistema democrático que nos hemos otorgado, no de deslegitimarlo más de lo que ya lo ha hecho una parte de la clase política. Máxime cuando vienen tiempos duros con una derecha que seguramente aplicará todas las recetas neoliberales sin importarle el deterioro de nuestro Estado del Bienestar. Nos podrán gustar más o menos nuestros políticos pero lo cierto es que no son todos iguales. Desgraciadamente la realidad nos demostrará una vez más que aun los hay peores.

El mito de los mercados

La idea que tenemos hoy de los mercados se parece muy mucho a la que los griegos tenían de sus divinidades en la antigüedad. Se trataría de unos entes autónomos con una lógica interna tan difícil de entender que se nos antoja arbitraria y que actuarían según los principios del beneficio particular. Del mismo modo obraban los dioses de los que nos hablaba Hesiodo en su Teogonía. Lo que caracterizaba a aquellas divinidades era su condición de poderosas, no de buenas. Y era con ese poder con el que organizaban un mundo que no siempre era justo pero que se sabía ordenado. La idea del bien común y la ética universal son más propias de los dioses posteriores de las religiones monoteístas que aun hoy conocemos.

El discurso que habla de la existencia de una guerra entre la política y los mercados que estarían ganando estos últimos tiene mucho de mítico. El problema surge cuando el mito se convierte en realidad a base de ser repetido. En los últimos días, por causa de la reforma constitucional que introduce un techo al déficit publico, se ha convertido en trending topic el hastag #mercadocracia que pone de manifiesto la sensación que tiene una parte de la ciudadanía de que la democracia ha sido sustituida por una “dictadura de los mercados”. Una de las virtudes de esta explicación es su capacidad para cargar las responsabilidades en un elemento ajeno a nosotros, en un enemigo sin rostro al que a pesar de todo podemos identificar con unos valores indeseables.

El mito tiende a dulcificar la realidad, a hacerla más digerible y menos complicada al entendimiento. La explicación de que los mercados han subyugado a la democracia se presenta como acabada, perfecta y sin fisuras. Pero la realidad es más compleja y probablemente más descorazonadora. No se trata tanto de que el poder financiero haya sustituido al político en las democracias liberales como de la victoria de una determinada política. Lo que se ha acabado imponiendo es la idea de que existe una única solución a los problemas basada en la ortodoxia neoliberal y desreguladora. Y ese es quizás uno de los mayores peligros de nuestro sistema.

Las democracias occidentales que conocemos hoy estaban, hasta el estallido de la burbuja financiera, basadas en la alternancia y competencia de dos tipos de políticas: la neoliberal y la socialdemócrata o socioliberal. Mientras la primera ponía el acento en la autorregulación y en la necesidad de un Estado delgado, la segunda basaba su discurso en la idea de un “capitalismo de rostro humano” donde el Estado del Bienestar pudiese garantizar una cierta igualdad de oportunidades y una protección a los sectores más desfavorecidos. Hoy los partidos socialdemócratas, incluso aquellos que habían gobernado desde posiciones más progresistas como en el caso de Zapatero, se han visto obligados a aplicar políticas desreguladoras y antisociales y han entrado en lo que seguramente es la mayor crisis de valores y de credibilidad de su historia. El resultado es la victoria del neoliberalismo como única política viable. Y eso supone un deterioro grave de la democracia, en tanto que el ciudadano ve imposible escoger entre distintas alternativas.

Pero los ciudadanos no somos inocentes en este proceso. En nuestro país, a pesar del surgimiento de un movimiento social de tanta envergadura como el del 15-M que cuestiona la ortodoxia económica y política, todo hace pensar que en las próximas elecciones la respuesta a las políticas neoliberales de la socialdemocracia será un neoliberalismo aun mayor. La más que posible victoria aplastante del PP supone una cierta legitimación democrática de las políticas desreguladoras del neoliberalismo. Lo problemático del discurso sobre los mercados y la política es que pone el foco en un enemigo al que podemos responsabilizar de todos los males obviando el papel de los ciudadanos como elementos legitimadores en las democracias.

Estos días somos muchos los que reclamamos un referéndum sobre la reforma constitucional pactada entre PP y PSOE. Es de justicia que se celebre cuando se trata de reformar nuestro principal texto legal que además siempre se nos había vendido como sagrado e intocable. Pero sería un tanto ingenuo pensar que de esa consulta pudiese surgir algo diferente del apoyo a una reforma promovida por los partidos mayoritarios. Cuando exigimos que se celebre un referéndum estamos solicitando una mayor legitimación democrática de la reforma constitucional. Y sería la enésima adhesión de los ciudadanos a unas políticas que socialmente son consideradas indeseables pero ineludibles. Luego diremos que los votantes están manipulados. O que no existe democracia porque los mercados la han hurtado. Y de tanto repetirlo acabaremos creyéndolo.

Lo bello es difícil

En uno de los diálogos de transición de Platón, el Hipias Mayor, el autor cierra la conversación con una sentencia que pasaría a la historia del pensamiento occidental: Lo bello es difícil. De ello, como del resto de los textos de Platón, se infiere una visión problematizadora del mundo. Una visión cercana al pensamiento trágico, que considera que los seres humanos rara vez escogemos entre un bien y un mal. Casi siempre nos vemos obligados a elegir el mal menor.

El desarrollo histórico de nuestra civilización, especialmente con el fenómeno conocido como modernidad, ha fabricado sociedades plurales, dinámicas, cambiantes… Se trata de sociedades que son cada día más complejas. Los problemas que les afectan suelen ser poliédricos, afectan de distinta manera a distintos seres humanos y requieren de soluciones complicadas y de una reflexión previa sobre sus consecuencias que no siempre existe.

La idea de que los problemas tienen soluciones sencillas viene de lejos en la historia de la política. Es un clásico del pensamiento populista, que ofrece respuestas a todas las preguntas, por más enrevesadas que estas sean. La visión problematizadora del mundo nunca ha sido muy popular, ni siquiera entre aquellos sectores que dicen defender el pensamiento crítico o que se sitúan a la izquierda del espectro político.

Una época como la que nos está tocando vivir, con una crisis económica aguda que está situando a muchas personas en los márgenes del sistema, es terreno abonado para el pensamiento simplista. El populismo se ha nutrido de ello, especialmente en el Norte de Europa. Los planteamientos que responsabilizan a un sector de la sociedad de todos los males de esta son paradigmáticos del pensamiento simplista basado en la dialéctica amigo/enemigo que suele manejar la extrema derecha. De ese modo son los inmigrantes, los homosexuales o los musulmanes los responsables del paro, la pérdida de valores o la violencia. Y ya se sabe que cuando se identifica al enemigo, el siguiente paso es su destrucción.

En nuestro país, por fortuna, aun no se han dado a gran escala este tipo de fenómenos, aunque resultados electorales como los de Vic o Badalona hacen presagiar lo peor. Pero incluso desde un movimiento social progresista de regeneración democrática como es el 15-M han surgido discursos que formulan soluciones fáciles a problemas que no lo son. Se plantea por ejemplo la dación en pago como solución a los miles de desahucios que se producen hoy en nuestro país. Y es cierto que sería más que deseable una legislación en ese sentido. Pero no se contempla como esta medida puede frenar el crédito a las familias y perpetuar la situación de pobreza de algunos sectores sociales.

Existen también soluciones fáciles a problemas complejos a los que es difícil oponerse porque aciertan en la diana de la corrección política. La consigna “papeles para todos” que se ha popularizado entre los sectores más progresistas para enfrentar el asunto de la inmigración irregular es probablemente tan bienintencionada como poco realista. Y no tiene en cuenta los problemas sociales que una política de puertas abiertas pudiera generar a los inmigrantes que ya están en nuestro país, el deterioro en las condiciones de vida de estos, los brotes de racismo que podrían darse… El problema surge de la brecha entre lo que debiera ser y lo que puede ser, cuyo equilibrio no siempre es fácil. Y si uno no tiene ninguna responsabilidad sobre lo que hace y lo que dice, no tiene necesidad de plantearse la viabilidad de sus propuestas políticas o lo problemáticas que puedan ser las soluciones planteadas. No se trata de un debate entre realismo y utopismo sino del necesario dialogo que debería haber entre ambos cuando tratamos de organizar la convivencia. En eso consiste la virtud según la entendía otro filósofo griego, Aristóteles.

Nuestro mundo, por fortuna o por desgracia, es cada vez más complejo. Los problemas que surgen en él también lo son. Y requieren de correcciones complicadas, que rara vez solucionaran los problemas sin crear otros. El verdadero pensamiento crítico desconfía de las visiones simplistas. Las soluciones mágicas son superstición frente a la ciencia del análisis social concienzudo, documentado y crítico. Entender que nuestras propuestas son parciales, efímeras, incompletas y problemáticas sin perder el horizonte moral que nos mueve a la acción es la única manera de construir un mundo más justo y más humano. Porque ya se sabe que lo bello es difícil.

Sobre la democracia participativa

En los últimos meses he podido escuchar numerosas opiniones sobre la necesidad de avanzar hacia una democracia participativa frente a la democracia representativa actual, que sería insuficiente e imperfecta. Huelga decir que el desgaste de nuestra clase dirigente en un régimen con poco más de 30 años de existencia merece una reflexión profunda sobre los límites de nuestro sistema democrático y el papel que el ciudadano debería jugar en él. La desconfianza que los políticos generan en la sociedad es un problema de primer orden y un síntoma de que algo se está pudriendo en las raíces de nuestro Estado. Si hasta ahora España parecía vacunada de la lacra del populismo, la proliferación del discurso de que “todos los políticos son iguales” puede hacernos temer lo contrario.

No hay duda de que sería deseable una mayor implicación del ciudadano en la vida pública. Y es cierto que quizás nuestra democracia no haya sabido crear los cauces suficientes para que ello ocurra. Pero no está de más pensar críticamente la sacralización del concepto “democracia participativa” que se puede detectar en algunos sectores de jóvenes activistas. Se citan instrumentos como los referendos o las Iniciativas Legislativas Populares como herramientas para avanzar en una democracia más participativa. ¿Pero la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones conduce necesariamente a un sistema más democrático? La respuesta es no.

Es habitual que quienes defienden sin ambigüedades el concepto de democracia participativa pongan de ejemplo experiencias como las de Porto Alegre, Marinaleda o Islandia. Se trata de experimentos locales (aunque Islandia es un Estado, su población es poco mayor que la de Córdoba) que se han convertido en modelos a base de ocultar sus consecuencias más problemáticas y exagerar sus beneficios. Por otro lado, como ha señalado Giovanni Sartori, es necesario diferenciar entre micro y macrodemocracia y no pretender a gran escala lo que parece haber funcionado a pequeña escala.

Cuando se habla de democracia participativa rara vez se cita una de las experiencias más significativas: la de California. En la pasada década se celebraron hasta 74 referendos sobre los temas más variopintos, si bien la mayoría trataban asuntos fiscales. El resultado es que todos los analistas advierten del problema de gobernabilidad que el recurso a los referendos ha generado en California. Si la iniciativa de la senadora demócrata Loni Hancock prospera, en 2012 se presentará a consulta popular la eliminación de la pena de muerte en California. Y eso, en un Estado con un 70% de la población a favor de ella según las últimas encuestas, no parece muy positivo desde el punto de vista democrático. Los ciudadanos de otro Estado norteamericano, Wisconsin, recomendaron a sus legisladores a través de un referéndum recuperar la pena de muerte abolida en 1853.

En un país como Suiza, donde el referéndum está recogido constitucionalmente y en pleno ejercicio desde 1874, se decidió en 2009 a través de este método la prohibición de los minaretes en las mezquitas. Curiosamente de los 180 centros de culto musulmanes que existen en el país helvético tan solo cuatro tienen minaretes. En nuestro país algunas de las Iniciativas Legislativas Populares que mayor acogida han tenido son aquellas que reclamaban el endurecimiento del Código Penal e incluso la cadena perpetua al calor de crímenes horrendos como el de la niña Mari Luz Cortés.

La democracia no puede ser un sistema puramente formal, un juego de mayorías y minorías. Hay valores intrínsecos a los sistemas democráticos que debieran servir como límites materiales. Unos límites que son tanto o más importante que la participación del ciudadano del que, por cierto, no sabemos si quiere participar ni hasta donde. Dejar toda decisión al arbitrio popular supone la traslación a la política del relativismo moral. Por otro lado la decisión solitaria de un individuo puede estar determinada por la desinformación, la manipulación o los prejuicios. Y no está sometida a los controles políticos, mediáticos, populares y legislativos que vigilan la labor de los gobernantes en las democracias.

La democracia representativa ha demostrado que tiene grandes limitaciones. Es necesario avanzar hacia un sistema donde el ciudadano tenga un lugar más determinante y mayor capacidad de decisión más allá de las elecciones. Pero la democracia participativa es una solución no exenta de problemas; algunos muy graves. Para construir un régimen que satisfaga, al menos en parte, las expectativas de la ciudadanía es necesario conjugar representación y participación. Y huir de fórmulas mágicas y de construcciones artificiales acerca de una sociedad capaz de participar y de movilizarse cuando la situación lo requiere. Pero también capaz de elegir una y otra vez a seres corruptos y reaccionarios como representantes políticos.

¿Qué ocurre con Izquierda Unida?

Si hay alguna formación política con la que la democracia española ha sido especialmente injusta esa es sin lugar a dudas Izquierda Unida. Los hombres y mujeres del PCE que lideraron en buena medida la lucha contra la dictadura franquista se vieron de la noche a la mañana, en plena Transición, desplazados como gran partido referente de la izquierda por un PSOE con un importante apoyo internacional y en cuyo congreso de Suresnes desplazó al sector tradicional, aquel que había luchado en la Guerra Civil y que se encontraba en el exilio, en favor de una nueva generación representada por Felipe González. En pocos años los comunistas españoles que habían sufrido cárcel y represión en su lucha contra el franquismo se vieron reducidos al papel de tercera fuerza política, muy por detrás de PSOE y UCD. En las primeras elecciones democráticas, las de 1977, el PCE consiguió tan solo 19 escaños de un parlamento con 350 asientos. El resultado fueron años de tensiones internas y purgas de dirigentes históricos que se saldaron en 1985 con la expulsión de aquel que había sido icono del comunismo ibérico desde la Guerra Civil, Santiago Carrillo. Finalmente en 1986 el PCE, junto con otros sectores de la izquierda, fundó Izquierda Unida.

Si algo bueno ha salido de las elecciones del pasado domingo es sin duda una cierta recuperación de Izquierda Unida. A pesar de haber perdido su tradicional feudo cordobés, la coalición ha logrado los mejores resultados desde 1999 y por primera vez en quince años no ha perdido apoyo en unas elecciones. Hace tan solo unos meses algunos voceros de la derecha mediática se mofaban de lo que llamaban “Izquierda Hundida” y vaticinaban la desaparición de la coalición. Hoy una de las grandes noticias es la recuperación de la formación de Gaspar Llamazares y Cayo Lara. Tímida recuperación, habría que decir. Pero recuperación al fin y al cabo.

Se ha dicho hasta la saciedad que la ley electoral española es especialmente injusta con Izquierda Unida. Y no hay más que ver los datos para confirmarlo. A la coalición le cuesta ocho veces más votos sacar un diputado que al PP y al PSOE. El sistema de circunscripciones y el principio de corrección territorial (y no tanto la Ley d’Hont, como comúnmente se cree) provoca desigualdades escandalosas entre formaciones con un número de votos similar. Este método se creo con la intención de discriminar positivamente a las zonas menos pobladas en una España donde la diferencia entre el mundo rural y el urbano era abismal. Pero hoy, en un mundo globalizado y con unas infraestructuras que han salvado esa distancia, mantener ese sistema solo tiene sentido para unos partidos mayoritarios que no quieren perder una cuota de representación en favor de una proporcionalidad más justa.

Pero sería injusto remitir el problema de Izquierda Unida a una cuestión puramente procedimental. Hay razones que explican en mayor o menor medida por qué la coalición no recibe más apoyos de esa parte de la sociedad española sociológicamente de izquierdas. Una de ellas tiene que ver con la posición que ocupa en el espectro político y como se relaciona con otras formaciones, especialmente con el PSOE. Entre el público natural de IU suelen darse dos tensiones contrapuestas y difícilmente conciliables. Por un lado un sector a la izquierda al que no le parece suficiente la diferenciación entre PSOE e Izquierda Unida y rechaza cualquier tipo de pacto entre ambos. Por la otra parte nos encontraríamos con un sector más cercano a la socialdemocracia, cuya prioridad es parar a la derecha y que considera que los gobiernos PSOE-IU son necesarios para alcanzar ese objetivo. Izquierda Unida se debate entre estas dos tendencias tratando de contentar a ambas sin lograrlo. Pero la realidad es que la coalición ha apostado en los últimos años por la estrategia del acuerdo con el PSOE allí donde los socialistas no tienen mayoría absoluta. Está por saber si son menos los votantes que pierde Izquierda Unida con estos acuerdos que los que perdería en caso de buscar más distancia con el socialismo español. Se mueve entre una espada y una pared que le provoca, haga lo que haga, la desafección de una parte de sus votantes potenciales.

Izquierda Unida además tiene desde hace tiempo un problema de comunicación. Su discurso, coincidiendo en buena medida con el que tiene una parte de la juventud más combativa que estos días se manifiesta en Sol, no acaba de resultar atractivo. En ello influye decisivamente una cierta tendencia a la ortodoxia política y unos dirigentes aparentemente formados más en la política institucional que en los movimientos sociales. Eso provoca en ocasiones que una parte de la sociedad los incluya injustamente en esa clase política desprestigiada que establece pocos puentes para la comunicación con los ciudadanos. Además existe también una cierta distancia generacional entre una formación cuyas cabezas visibles suelen ser de mediana edad y unos movimientos sociales más jóvenes. Si Izquierda Unida quiere acercarse a movimientos como el altermundismo o el surgido tras el 15-M debiera tal vez renovar a sus dirigentes y tratar de buscar unas prácticas políticas más imaginativas que la diferencien del resto de las formaciones políticas. No se trata tanto de visibilizarse en las movilizaciones sociales como de servir de correa de transmisión de las mismas haciendo uso de los medios y el eco que proporcionan las instituciones.

Izquierda Unida ha sido injustamente tratada por nuestro sistema electoral y por una parte de la izquierda. Bien es cierto que sus luchas fratricidas internas no han contribuido a construir la imagen de izquierda plural de la que presumen sus dirigentes. Y la competencia de una izquierda nacionalista en algunas comunidades autónomas también ha provocado que IU pierda parte de su espacio sociopolítico. La tímida recuperación electoral de la formación podría significar un nuevo tiempo para Izquierda Unida. Pero para ello tienen que afrontar alguna de sus debilidades y saber adaptarse a los tiempos que corren. Los hombres y mujeres de IU hacen gala de valores como la solidaridad, la igualdad o la honestidad que no abundan en la clase política. Ahora les faltan buenas ideas para ponerlos en práctica y ser la voz de la izquierda en las instituciones. Llevan años buscando esas ideas. Esperemos que pronto las encuentren.

Published in: on 24 mayo, 2011 at 12:46  Comments (1)  
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