El problema de las varas de medir

La aparición de nuevas formaciones en el escenario político español ha puesto en cuestión muchos aspectos de nuestra democracia que antes se daban por amortizados. Uno de ellos es el asunto de la responsabilidad política. Los ciudadanos tienen la sensación, no sin motivo, de que los representantes públicos no pagan con su cargo aquellos errores imperdonables que cometen. Aunque en no pocas ocasiones se exagera la diferencia, la comparación con otros países europeos nos deja en un muy mal lugar en lo que a asunción de responsabilidades políticas se refiere.

Más allá del caso de Guillermo Zapata, concejal del equipo de Carmena en el ayuntamiento de Madrid, que ha tenido que dejar sus responsabilidades en el área de cultura por unos tuits publicados hace años, la sociedad española y sus responsables públicos se enfrentan a un problema que no acaban de resolver de forma óptima. Se trata de la cuestión de las varas de medir, de aquello que es legítimo y aquello otro que no lo debería ser para un representante de los ciudadanos. Situar un criterio general que evitase los juicios ad hoc sería útil pero no es cosa sencilla de resolver. Siempre se corre el riesgo de quedarse demasiado corto y permitir cosas difícilmente tolerables o pasarse de frenada y formular un criterio que sea difícil de cumplir. Y por supuesto siempre está presente el peligro de utilizar criterios distintos para “los nuestros” y para “los otros”.

El problema de las varas de medir afecta a un sinfín de cuestiones relacionadas con la forma de actuar de los representantes políticos: desde dónde se pone el listón de la dimisión ante las sospechas de corrupción hasta aquello que es lícito decir o no decir en las redes sociales, pasando por el sueldo de los políticos o la incompatibilidad de sus cargos con otro tipo de trabajos remunerados. El gran problema es que se trata de asuntos que encienden los ánimos de los ciudadanos y que alimentan una indignación inmensamente sana pero no siempre suficientemente matizada.

Los líderes de Podemos supieron leer bien la coyuntura y recurrieron a algunos de esos elementos para aunar el descontento social y marcar unas fronteras morales nítidas entre nosotros y ellos, o entre “la casta” y los representantes del cambio y de la nueva política. En la comparación, además, salían siempre ganando porque no tenían aún responsabilidades en las instituciones que pudiesen ser evaluadas. Pero ahora la cosa es distinta y la lupa se ha situado justo encima de ellos, precisamente en el momento en el que empiezan a ocupar responsabilidades institucionales. Se trata de una lupa, en parte creada por Podemos, que hace las veces de lente de aumento pero que al mismo tiempo puede deformar la mirada sobre los problemas.

El problema de la vara de medir no es sencillo y no acaba de estar bien resuelto. Posee, además, una dificultad añadida: se trata de un debate situado en el centro de la lucha partidista, lo que impide una reflexión sosegada y no marcada por el tempo de los medios de comunicación.

Lo ocurrido en Madrid con Guillermo Zapata demuestra que entre los de Manuela Carmena no existe un criterio previamente acordado para abordar estos asuntos y que actúan más bien improvisando. Algo que resulta sorprendente teniendo en cuenta que en las últimas semanas eran conscientes de la presión mediática que iba a cernirse sobre ellos (tal y como relata Isaac Rosa en su artículo El listón de Ahora Madrid para eldiario.es), con expresiones como “Vendrán a por nosotros con toda la artillería”, “La cacería será implacable”, “No nos van a dar tregua” o “Hay que prepararse para lo peor”.

En Podemos tampoco parece existir un denominador común para abordar estos asuntos, toda vez que cada organización local, incluso cada círculo, formula el suyo propio, unas veces más laxo, otras más estricto. En las elecciones municipales y autonómicas los distintos códigos éticos manejados por las diferentes organizaciones y marcas electorales de Podemos no siempre han sido congruentes.

El problema de la vara de medir no tiene una solución sencilla. Se trata de calcular con precisión quirúrgica el ángulo con el que lanzamos la pelota de la responsabilidad política. Si es demasiado vertical lo más probable es que nos caiga encima. Algo de eso le ha ocurrido a Tania Sánchez que, a base de formular públicamente unos criterios de responsabilidad política en los que los imputados deben abandonar cualquier tipo de cargo público, ha cavado su propia tumba política. La severidad con la que juzgamos al adversario es de ida y vuelta y en política funciona a modo de boomerang que nos es devuelto con la misma fuerza que lo hemos lanzado.

La idea de la imputación como límite a partir del cual es imperativo asumir responsabilidades políticas ha sido un producto de dudosa factura elaborado no se sabe muy bien por quién y al que se han apuntado no pocos políticos. Un producto, además, consumido con fruición por los ciudadanos indignados, que han visto en él la medida exacta de una decencia política que, hasta la aparición de Podemos, no se había formulado como cuestión capital del quehacer de los representantes públicos. Como criterio para juzgar la responsabilidad política ante la corrupción es tremendamente arbitrario, igual que lo es la propuesta socialista de situarlo en la apertura de juicio oral. En ninguno de los dos casos, además, se explica que tiene de particular uno u otro momento procesal para que quien lo padece esté obligado a la dimisión o al cese.

Vincular la responsabilidad política a algún momento del proceso penal distinto a la sentencia, además de ser arbitrario, desvirtúa la concepción democrática de la justicia penal. Tanto si se escoge un límite como el otro (la imputación o la apertura del juicio oral) la presunción de inocencia queda caracterizada como un recurso que utilizan los políticos para eludir responsabilidades y no como lo que verdaderamente es: un derecho innegociable y cuyo cuestionamiento resulta peligrosísimo.

Pero sea cual sea el criterio que se quiera utilizar debe de ser formal pero también sustantivo. Es decir, debe hacer referencia a dónde situamos el límite entre lo aceptable y lo que no lo es pero también a qué delitos nos referimos. ¿A todos? ¿Sólo a los de corrupción? ¿A los de corrupción y alguna cosa más? Desde luego parece evidente que hay delitos que, aunque no estén relacionados directamente con el ámbito institucional, revisten la suficiente gravedad como para ser inadmisibles para un representante de los ciudadanos. El caso de la violencia de género es un ejemplo de ello pero no el único. Del mismo modo no cabe duda de que hay actitudes que, no siendo delictivas, hacen a su autor merecedor de un cese sin contemplaciones.

Tal vez resulte útil hacerse también la pregunta en negativo: ¿qué delitos no deberían llevar aparejada una responsabilidad política? Podríamos señalar aquellos relacionados con la desobediencia civil no violenta, como fue el caso de los jóvenes insumisos al servicio militar en los años ochenta y noventa. Pero incluso en esos casos habría que explicitar el qué y el por qué. Y no siempre es sencillo puesto que aquello que nosotros entendemos como activismo sociopolítico puede ser concebido para otros como un delito inaceptable en un sistema democrático. Y viceversa.

Otra cuestión a tener en cuenta es el “hasta cuándo” de la responsabilidad política. ¿Cometer un determinado delito (o cualquier otro tipo de transgresión moral grave aunque no sea delictiva, como en el caso de Guillermo Zapata) inhabilita a su autor de por vida para ejercer un cargo público? Responder afirmativamente a esta pregunta nos llevaría a validar una concepción del ser humano en la que no tiene cabida la transformación, el perdón, la rehabilitación, la reparación del daño causado… Pero responder negativamente nos plantea aún más cuestiones a resolver: ¿Cómo valorar la transformación de una persona que ha obrado mal? ¿Cuándo “prescribe” la falta? La petición de perdón, ¿es sincera o es una manera de evitar la asunción de responsabilidades políticas?

Los delitos que generan mayor indignación son aquellos directamente relacionados con la gestión de la cosa pública. Pero ahí también nos encontramos con numerosos problemas. ¿A qué llamamos corrupción? ¿Exclusivamente al lucro personal?  No queda muy claro. El caso de Ángel González, el que fuera diputado autonómico de IU en Asturies, imputado en un caso de fraccionamiento de facturas sin que existiese lucro personal, da buena cuenta de las dificultades con las que nos encontramos a la hora de formular criterios claros.

Pudiera ser que el mejor criterio fuese la ausencia de criterio, esto es, evaluar cada caso individualmente y actuar de forma justa atendiendo a los hechos probados y su contexto. De tal modo que alguien que haya sido pillado metiendo las manos en la caja de manera incontestable debería ser cesado automáticamente sin necesidad de esperar a la imputacion. Y al mismo tiempo un imputado en un caso de corrupción puede estar perfectamente siendo víctima de la judicialización de la política, de un juez prevaricador o de cualquier otro fenómeno similar imposible de prever, y en tal caso no existiría motivo alguno para certificar su muerte política. Porque además, en caso de resultar finalmente inocente, no existen mecanismos para invocar su resurrección.

El criterio de la ausencia de criterio plantea dos problemas. Por una parte incluso para valorar cada caso individualmente necesitamos algún tipo de estándar al que ajustarnos. Los estándares son, por definición, generalizaciones para las que casi siempre existe algún tipo de excepción. Lo que nos conduce otra vez al punto de partida. Nuevamente la arbitrariedad aparece aquí como problema. Con el hándicap de que, sin unos criterios sólidos a modo de norma, el peso de la valoración recae únicamente sobre el evaluador. Y quien evalúa posee unas filias y unas fobias particulares que, en ausencia de criterios y normas que las limiten, acaban influyendo inevitablemente en el veredicto. Sería algo así como un juez sin leyes.

Pero la ausencia de criterios generales y las valoraciones ad hoc platean un segundo problema: pueden ser útiles para resolver los casos individuales pero impiden, o al menos dificultan, la construcción de un discurso en torno a los valores de la responsabilidad política. Y es precisamente con ese discurso con el que Podemos se ha convertido en un artefacto atractivo para la ciudadanía indignada. ¿Cómo renunciar a él?

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Published in: on 17 junio, 2015 at 13:02  Dejar un comentario  

La virtud ciudadana

Las encuestas no dejan lugar a dudas. Los ciudadanos son conscientes de que la corrupción es un problema gravísimo, casi atávico, de la política española. Llegan incluso a exagerarla con generalizaciones del tipo “todos los políticos son unos corruptos” que, obviamente, son falsas. Pero lo más curioso, si uno lee atentamente los sondeos de opinión que publican los periódicos, es que el castigo electoral a los partidos donde se producen más casos de corrupción no se corresponde con la indignación que muestra la sociedad ante ese tipo de actitudes inmorales e ilegales. Incluso hoy, con el que probablemente sea el mayor caso de corrupción de la democracia que afecta a la práctica totalidad de la cúpula del partido en el gobierno, los españoles seguirían votando mayoritariamente al PP. La merma de apoyo electoral es importante, de eso no hay duda, pero no todo lo que se podría esperar de una sociedad que realmente detestase la corrupción.

En ocasiones los ciudadanos tendemos a culpar con demasiada facilidad al otro de nuestras propias miserias. Nos descargamos de una responsabilidad que, al menos en parte, nos pertenece. Parece evidente que urge un movimiento de regeneración democrática que transforme el qué y el cómo de los partidos políticos y que introduzca en la práctica de los representantes públicos criterios de ética y de honradez. Resulta insoportable la actitud de los partidos, especialmente de los dos principales, en lo que concierne a la corrupción y a la sensibilidad ante los problemas que más afectan a los ciudadanos. Pero difícilmente se puede conseguir tal objetivo si los cambios que le exigimos a la clase política no se producen también en la propia sociedad.

No se trata solo de desterrar de una vez por todas esa tendencia hispana hacia la picaresca que se traduce en la sempiterna pregunta “¿con IVA o sin IVA?”. Con ser importante, no es lo fundamental. Se trata también, y sobre todo, de castigar a quien utiliza la política como un medio que responde a un fin exclusivamente privado. Lo ocurrido en los últimos años en Valencia o en algunas zonas de Galicia, donde la corrupción y el caciquismo estaban a la orden del día y eran actitudes conocidas por cualquiera con un mínimo de información, no es solo culpa de los políticos de esos territorios. La sociedad no ha querido castigar en las urnas unas prácticas corruptas que, al menos durante un tiempo, fueron sinónimo de éxito. Y restar responsabilidad a los ciudadanos no ayuda a construir una sociedad mejor.

Algo similar a lo que está ocurriendo hoy en España sucedió en los noventa en Italia. El proceso Manos Limpias se llevó por delante a una clase política trufada de corruptos e hizo desaparecer a la práctica totalidad de las formaciones políticas italianas, incluido el que había sido el partido hegemónico desde la postguerra: la Democracia Cristiana. Pero lejos de la esperada regeneración democrática, a lo que asistieron los italianos fue al advenimiento del berlusconismo político. Berlusconi era sinónimo de éxito empresarial y los italianos le confiaron el destino de su país como si se tratara de una más de sus empresas. Dos eran los razonamientos de sus votantes: o bien se consideraba que un multimillonario no tenía la necesidad de ser corrupto o se admitía la corrupción como un efecto secundario sin importancia de la medicina del éxito económico.

¿Puede ocurrir en España lo mismo que en Italia? No necesariamente. Nuestra historia y nuestra cultura política (si es que algo de eso hay en España) tienen poco que ver con las de la Italia de los noventa. Pero no está de más prevenirse ante esos males. Y para ello, además de exigirles a los políticos que sean honrados, es necesario poner en valor un concepto que, como todos los conceptos importantes, viene del mundo griego: la virtud ciudadana. Virtud es no votar a quien no tiene una ética intachable. Virtud es preocuparse más por lo público –la sociedad- que por lo privado –el individuo-, y obrar en conciencia. Virtud es informarse de lo que sucede en las instituciones para poder escoger a quienes nos deben gobernar y expulsar a quienes nos gobiernan mal. Al fin y al cabo en democracia somos los ciudadanos los que les damos auctoritas a los políticos; los que les concedemos la legitimidad necesaria para organizar la convivencia. Y del mismo modo somos nosotros quienes podemos retirarles esa legitimidad en las urnas. No vale responsabilizar solo a los políticos de lo que, al menos en parte, es culpa nuestra. Ojalá los casos de corrupción a los que estamos asistiendo en los últimos tiempos sirvan al menos para crear ciudadanos más responsables que impidan que lo que está sucediendo en España vuelva a ocurrir.

(Publicado en http://blogs.publico.es/xabel-vegas/)

berlusconi-salvador

Published in: on 3 febrero, 2013 at 13:39  Dejar un comentario  
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Mudanza

Después de un año escribiendo en este espacio, comienzo un nuevo blog en la web de Público. Todo mi agradecimiento a sus trabajadores por invitarme a participar con mi voz en un medio de comunicación que, a pesar de no estar viviendo sus mejores momentos, sigue siendo imprescindible.

A partir de ahora escribiré en El Óxido, un nuevo blog que pretende seguir los pasos de este y continuar analizando la actualidad con una mirada crítica. Podéis seguirme en http://blogs.publico.es/xabel-vegas/.

Seguiré publicando también las entradas en este blog, porque no quiero dejar morir un espacio en el que he tratado de expresar con la mayor honestidad posible lo que opino sobre el mundo que nos rodea.

Un millón de gracias a todos los que me leéis, porque tanto este espacio como el nuevo que comienzo hoy no tendrían sentido sin vosotros.

Xabel Vegas 

oxido

Published in: on 18 abril, 2012 at 11:38  Comments (2)  
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