España, Catalunya y el poder constituyente

La manifestación de la Diada y los anuncios que en los últimos días ha hecho el Presidente de la Generalitat Artur Mas, referéndum incluido, han abierto un debate muy interesante sobre la posibilidad de secesión de una parte de España, sobre el derecho a decidir y sobre el papel de la Constitución Española en todo esto. Quienes se han manifestado contra las pretensiones de una parte de la sociedad catalana han remitido a nuestra Carta Magna para mostrar la ilegalidad de cualquier proceso secesionista. Pero ni siquiera esto es una verdad categórica. Uno de los elementos peculiares de nuestra constitución es que contempla la posibilidad de una reforma total del texto, sin líneas rojas, aunque con un proceso más complejo y agravado en lo que se refiere a la forma de Estado o a los derechos fundamentales. Cierto es que se trata de un procedimiento tan complejo y que requiere de mayorías tan abultadas que resulta cuando menos improbable que algo así pueda ocurrir en un horizonte cercano. Pero en sentido estricto nuestra constitución podría contemplar, mediante el procedimiento de reforma, casi cualquier cosa.

Una constitución es la norma suprema de un país, aquella que no esta sometida a ninguna otra ley de rango superior. Pero eso no quiere decir que no haya nada por encima de ella. El poder constituyente es previo al texto constitucional. Por su naturaleza se trata de un poder originario, extraordinario, permanente, indivisible y soberano, es decir, no hay nada ajeno a él que lo limite. Además del poder constituyente originario, que es aquel que elabora la constitución, existe también un poder constituyente derivado, que es aquel que reforma la constitución y por tanto ha de estar limitado por los propios mecanismos que el texto original establece para su transformación.

En España el poder constituyente originario tiene algunas debilidades. En primer lugar se trata de un poder que se manifestó en una época muy concreta de la historia de España, tras una dictadura militar que duró cuatro décadas y bajo algunas presiones de poderes fácticos y ruido de sables. No es que esto deslegitime en su totalidad el texto constitucional, ni mucho menos. Pero al menos habrá que convenir que la situación que vivía España en plena Transición es muy diferente a la que hoy vivimos. Por otro lado ningún español menor de 52 años pudo votar la Constitución. Y aunque es cierto que ningún país del mundo refrenda su constitución cada generación, no es menos cierto que las circunstancias sociopolíticas en las que se elaboró la nuestra merecen al menos una reflexión sobre su adecuación a los tiempos y al sentir de los ciudadanos.

Pero además del poder constituyente originario y derivado de nuestra Constitución, podría darse la situación de que en Catalunya, o en cualquier otro de los pueblos que hoy forman parte del Estado Español, se creara un nuevo poder constituyente que expresase una voluntad secesionista y elaborase un texto constitucional de un nuevo Estado. Desde luego es un escenario improbable a medio plazo pero no es descartable. En tal caso de nada valdría hablar de legalidad o ilegalidad de tal proceso ya que el poder constituyente originario no está sometido a ley alguna. Lo que se produciría, en todo caso, sería un choque de dos poderes constituyentes de distinto signo: uno de corte secesionista y otro de carácter unionista. Pero este último poder constituyente, el de la España unida, se encuentra hoy debilitado democráticamente.

De todo ello se deduce que sería necesaria una reforma constitucional valiente, que abordase el diseño territorial de España con negociación y buscando acuerdos amplios, que adecuase la norma suprema a la realidad social de nuestro país y que renovase y fortaleciese la voluntad popular. En tal caso parece que la fórmula federal sería la más adecuada a la realidad española, en tanto que podría generar, con voluntad política, mayores consensos o al menos menores oposiciones de las posturas más encontradas. No dejaría de haber secesionistas y centralistas, pero al menos en el debate con un poder constituyente separatista podríamos plantear como alternativa otro poder constituyente integrador, respetuoso con la voluntad de cada pueblo y con un apoyo popular renovado. De lo contrario parece difícil negarles a los catalanes su derecho a decidir si quieren o no formar un Estado propio. Al menos desde posturas verdaderamente democráticas.

(Publicado en http://blogs.publico.es/xabel-vegas/)

Referendum Constitucional

Anuncios
Published in: on 27 septiembre, 2012 at 10:59  Comments (1)  
Tags: , , , , , ,

1812-2012: La izquierda y el liberalismo

Estos días se están celebrando numerosos actos conmemorativos de la Constitución de Cádiz, popularmente conocida como La Pepa, con motivo del bicentenario de su nacimiento. Las Cortes gaditanas supusieron la entrada de España en la modernidad política y el principio del fin del absolutismo. A pesar de la vida efímera de la Carta Magna de 1812, su promulgación puso las baldosas en el camino para transitar hacia la democracia y sin ella sería difícil entender el régimen de libertades y derechos del que hoy disfrutamos. Fue la tercera constitución liberal del mundo, después de las de las revoluciones americana y francesa, y la primera de España, si exceptuamos de la lista el Estatuto de Bayona de José Bonaparte.

La separación de poderes, la igualdad jurídica o el concepto de Estado de Derecho como limitación del poder político mediante la ley son elementos que hoy nos parecen innegociables y que nacieron de aquellas cortes reunidas en San Fernando bajo la amenaza y el asedio del francés. Fue un movimiento político, el liberalismo, el que hizo posible que hace doscientos años dejáramos de ser súbditos para ser ciudadanos. Aquellas ciudades que se levantaron en armas contra el invasor eran el territorio fundamental donde el nuevo sujeto político, el individuo, podía jugar un papel en la organización de la vida común. De ahí la importancia que en las democracias liberales adquirió el poder local; una importancia que llega a nuestros días y que está encarnada en el papel de las instituciones municipales que nos hemos otorgado.

En 1812 no hubo, no obstante, revolución. Fue más bien un cambio de paradigma político y un progresivo deshacerse de aquel mundo medieval que aun sobrevivía en las instituciones políticas. Durante los siguientes dos siglos la historia de nuestro país vivió grandes avances pero también retrocesos significativos. El último de ellos y quizás el más dramático fue la dictadura franquista, basada en unos principios que despreciaban todas las aportaciones del liberalismo político y que se encargó de destruir aquello que éste había construido no sin esfuerzo.

Hoy el término liberalismo está muy desprestigiado en el ámbito de la izquierda. En no pocas ocasiones se utiliza como sinónimo de derecha, lo cual resulta paradójico si recordamos que fue en la Revolución Francesa, paradigma de revolución liberal, donde surgió la distinción entre izquierda y derecha según el lugar de la bancada que ocupaban exaltados y moderados en la Asamblea. Si liberalismo es sinónimo de derecha, también debería ser sinónimo de izquierda por los mismos motivos. Y un término que puede funcionar como sinónimo de dos contrarios resulta descriptivamente muy poco operativo.

A veces se confunde también liberalismo político con liberalismo económico. Y aunque sería inútil negar la relación entre ambos, no funcionan como términos equivalentes. No hay duda de que el liberalismo fue un movimiento burgués y en su lucha por limitar el poder del Estado estaba la semilla del laissez-faire; de un concepto de libertad ya no solo político sino también económico del que necesitaba una burguesía que desarrollaba su vida profesional principalmente en los mercados. Pero confundir liberalismo económico con liberalismo político no ayuda a entender las aportaciones positivas de ambas doctrinas. Ni tampoco las debilidades de cada una de ellas.

Hoy aun una parte de la izquierda entiende a la burguesía como la antítesis del movimiento obrero. Pero en los orígenes del liberalismo no era así. No porque no hubiese estratos sociales por debajo de ella sino porque no estaban organizados, no participaban de la vida pública ni tenían una conciencia de clase como la entendió Marx unos años más tarde. La dialéctica no era burguesía/proletariado sino aristocracia/burguesía. El liberalismo fue entonces una revolución burguesa, no contra el proletariado, sino contra la nobleza, el feudalismo y el poder omnímodo del monarca absoluto.

Liberalismo también se utiliza en ocasiones como sinónimo de neoliberalismo. Y si bien es cierto que este último es deudor del laissez-faire, también es verdad que el neoliberalismo va más allá. Se trata efectivamente de una doctrina que defiende un Estado reducido a su mínima expresión pero además considera que el Estado debe funcionar bajo el criterio del beneficio. La administración pública tendría que ser así una empresa más compitiendo en condiciones de igualdad con el resto de actores económicos. El sometimiento del Estado a la lógica de los mercados conduciría inexorablemente a una suerte de selección natural donde solo los más capaces sobrevivirían a la exclusión. Así todo, el vocablo neoliberalismo tiene un valor más normativo que descriptivo, que retrata más bien a quien lo utiliza que a lo que pretende retratar. Por eso son pocos los que se definen abiertamente como neoliberales y son muchos los que utilizan el término con una importante carga semántica despreciativa.

Liberalismo político, en definitiva, no es lo mismo que derecha, liberalismo económico o neoliberalismo y confundir estos términos no ayuda a entender su dimensión. No hay duda de que la derecha y las teorías económicas liberales y neoliberales difícilmente podrían haber existido sin aquellas revoluciones de finales del siglo XVIII y principios del XIX contra las monarquías absolutas. Pero son pocas las ideologías o las teorías políticas que han surgido desde entonces que no hayan sido deudoras de uno u otro modo, bien oposición o bien por afinidad, del universo liberal. Desde las más progresistas a las más conservadoras. Incluso el nacionalismo, especialmente el vasco, hunde sus raíces en el tradicionalismo carlista, absolutista y ultracatólico que hizo la guerra al Estado liberal.

Las celebraciones del bicentenario de la Constitución de 1812 son, de algún modo, un homenaje a un liberalismo político sin el cual hubiera sido imposible el surgimiento del Estado democrático. No en vano se utiliza la expresión democracia liberal para referirse a los regímenes políticos representativos como el nuestro. El liberalismo, con sus virtudes y sus defectos, forma parte de nuestro bagaje histórico, filosófico y político. Y una parte de la izquierda lo ha despachado de un plumazo, como si nada bueno pudiera surgir de él o como si las aportaciones liberales no hubieran jugado un papel importante en la historia de la izquierda. Y es un error que quizás sea hora de ir subsanando.

La deuda pública y la reforma de la Constitución

Hace unos meses, con motivo de la reforma exprés de la Constitución pactada entre PSOE y PP para incluir un techo de endeudamiento del Estado, llovieron las críticas desde la izquierda por tal medida. Se decía, no sin razón, que se les había usurpado a los ciudadanos su derecho a decidir sobre un asunto de tanto calado. Efectivamente hasta ahora la Constitución Española había sido preservada por los dos grandes partidos de cualquier tentación reformista y no parece muy democrático colar por la puerta de atrás una reforma de ese calado en plena época preelectoral.

Pero desde la izquierda se ha dicho que limitar el déficit público no es una medida progresista. Y aunque es cierto que las consecuencias de tal decisión pueden ser devastadoras para los servicios públicos esenciales si se gestiona desde la ortodoxia neoliberal, la realidad es que la reducción de la deuda pública es bastante razonable en una situación de crisis.

Los Estados, cuando tienen problemas de liquidez, se financian mediante la emisión de bonos de deuda. Los inversores privados especulan con ellos y logran unos intereses muy altos con un riesgo relativamente bajo. En los últimos días el BCE ha prestado dinero a los bancos a un 1% de interés. Un dinero que mayoritariamente se destina a la compra de deuda pública a unos intereses de entre el 4 % y el 5% en el caso español, lo que lo convierte en un negocio muy jugoso. Esto supone que los Estados ponen dinero de las arcas públicas en manos privadas a través de los intereses de la deuda lo que alimenta la perversidad de una economía financiera que paradójicamente está dañando la estabilidad económica de los Estados con dinero prestado por esos mismos Estados.

Seguramente la necesidad de liquidez de los países hace inevitable el recurso a la deuda. Pero un discurso progresista debería centrarse en una reforma de la fiscalidad socialmente más justa que permita mayores ingresos por la vía de los impuestos. Esto supondría tener que recurrir menos a la emisión de bonos de deuda y una menor exposición a los especuladores. Parece además bastante razonable que los Estados no gasten más de lo que ingresan o al menos que ajusten sus ingresos por vía impositiva a sus necesidades de gasto.

No hay duda de que la reforma exprés de la Constitución merece ser cuestionada. El oscurantismo con el que PSOE y PP la han puesto en marcha y la sensación de sumisión al directorio franco-alemán que la propuso, deteriora la relación entre gobernantes y gobernados y alimenta algunos discursos populistas sobre la clase política en una época donde la imagen social de los representantes públicos no pasa por su mejor momento. Quizás un referéndum hubiese sido más higiénico desde el punto de vista democrático pero eso no impide que la limitación de la deuda pública sea en principio una medida que, si se gestiona bien, parece muy razonable. No tiene mucho sentido sostener un discurso antineoliberal y al mismo tiempo defender unos niveles de déficit que implican necesariamente la emisión de bonos de deuda pública. Y la deuda pública es hoy una de las herramientas más potentes que los mercados especulativos están utilizando para enriquecerse a costa de la economía de los Estados y del bienestar de los ciudadanos.

El mito de los mercados

La idea que tenemos hoy de los mercados se parece muy mucho a la que los griegos tenían de sus divinidades en la antigüedad. Se trataría de unos entes autónomos con una lógica interna tan difícil de entender que se nos antoja arbitraria y que actuarían según los principios del beneficio particular. Del mismo modo obraban los dioses de los que nos hablaba Hesiodo en su Teogonía. Lo que caracterizaba a aquellas divinidades era su condición de poderosas, no de buenas. Y era con ese poder con el que organizaban un mundo que no siempre era justo pero que se sabía ordenado. La idea del bien común y la ética universal son más propias de los dioses posteriores de las religiones monoteístas que aun hoy conocemos.

El discurso que habla de la existencia de una guerra entre la política y los mercados que estarían ganando estos últimos tiene mucho de mítico. El problema surge cuando el mito se convierte en realidad a base de ser repetido. En los últimos días, por causa de la reforma constitucional que introduce un techo al déficit publico, se ha convertido en trending topic el hastag #mercadocracia que pone de manifiesto la sensación que tiene una parte de la ciudadanía de que la democracia ha sido sustituida por una “dictadura de los mercados”. Una de las virtudes de esta explicación es su capacidad para cargar las responsabilidades en un elemento ajeno a nosotros, en un enemigo sin rostro al que a pesar de todo podemos identificar con unos valores indeseables.

El mito tiende a dulcificar la realidad, a hacerla más digerible y menos complicada al entendimiento. La explicación de que los mercados han subyugado a la democracia se presenta como acabada, perfecta y sin fisuras. Pero la realidad es más compleja y probablemente más descorazonadora. No se trata tanto de que el poder financiero haya sustituido al político en las democracias liberales como de la victoria de una determinada política. Lo que se ha acabado imponiendo es la idea de que existe una única solución a los problemas basada en la ortodoxia neoliberal y desreguladora. Y ese es quizás uno de los mayores peligros de nuestro sistema.

Las democracias occidentales que conocemos hoy estaban, hasta el estallido de la burbuja financiera, basadas en la alternancia y competencia de dos tipos de políticas: la neoliberal y la socialdemócrata o socioliberal. Mientras la primera ponía el acento en la autorregulación y en la necesidad de un Estado delgado, la segunda basaba su discurso en la idea de un “capitalismo de rostro humano” donde el Estado del Bienestar pudiese garantizar una cierta igualdad de oportunidades y una protección a los sectores más desfavorecidos. Hoy los partidos socialdemócratas, incluso aquellos que habían gobernado desde posiciones más progresistas como en el caso de Zapatero, se han visto obligados a aplicar políticas desreguladoras y antisociales y han entrado en lo que seguramente es la mayor crisis de valores y de credibilidad de su historia. El resultado es la victoria del neoliberalismo como única política viable. Y eso supone un deterioro grave de la democracia, en tanto que el ciudadano ve imposible escoger entre distintas alternativas.

Pero los ciudadanos no somos inocentes en este proceso. En nuestro país, a pesar del surgimiento de un movimiento social de tanta envergadura como el del 15-M que cuestiona la ortodoxia económica y política, todo hace pensar que en las próximas elecciones la respuesta a las políticas neoliberales de la socialdemocracia será un neoliberalismo aun mayor. La más que posible victoria aplastante del PP supone una cierta legitimación democrática de las políticas desreguladoras del neoliberalismo. Lo problemático del discurso sobre los mercados y la política es que pone el foco en un enemigo al que podemos responsabilizar de todos los males obviando el papel de los ciudadanos como elementos legitimadores en las democracias.

Estos días somos muchos los que reclamamos un referéndum sobre la reforma constitucional pactada entre PP y PSOE. Es de justicia que se celebre cuando se trata de reformar nuestro principal texto legal que además siempre se nos había vendido como sagrado e intocable. Pero sería un tanto ingenuo pensar que de esa consulta pudiese surgir algo diferente del apoyo a una reforma promovida por los partidos mayoritarios. Cuando exigimos que se celebre un referéndum estamos solicitando una mayor legitimación democrática de la reforma constitucional. Y sería la enésima adhesión de los ciudadanos a unas políticas que socialmente son consideradas indeseables pero ineludibles. Luego diremos que los votantes están manipulados. O que no existe democracia porque los mercados la han hurtado. Y de tanto repetirlo acabaremos creyéndolo.

La República, la monarquía y la Constitución

Podría empezar esta entrada del blog con algún chascarrillo sobre los Borbones y sobre su capacidad intelectual. Pero hoy se celebra el 80 aniversario de la proclamación de la 2ª República Española y es un día para recordar y homenajear a quienes dejaron su vida por la libertad y la igualdad ante la ley y para reflexionar sobre el régimen político que hoy nos toca vivir. Un régimen que lleva más de tres décadas de vida y en el que hemos nacido buena parte de los ciudadanos de este país.

Se ha dicho, por activa y por pasiva, que nuestra Constitución Española es el saldo de una negociación entre los sectores más moderados del franquismo y del antifranquismo. Los primeros cedieron ante la legalización del Partido Comunista o ante la configuración autonómica española y los segundos cedieron ante monarquía constitucional y ante los símbolos del Estado. No pretendo juzgar aquí este proceso y estoy seguro de que los demócratas que redactaron la Constitución, con todas las críticas que se les pueda hacer, que son muchas, actuaron hasta donde pudieron para instaurar en nuestro país un régimen de libertades. Y hoy, más de tres décadas después, parece justo reconocer que vivimos en un estado homologable con el resto de democracias europeas. Lo cual, visto lo que ocurre en otras zonas del mundo, no es poco.

Pero sigue habiendo algunos temas que se me antojan mal resueltos o insuficientes en nuestra Constitución. La monarquía y sus símbolos, la necesidad de progresos hacia el federalismo y la urgencia de avanzar en la recuperación de la memoria histórica y en la reparación a sus víctimas son quizás algunos de los más importantes. Los dos primeros son, a día de hoy, una quimera. Solo el debate sobre la memoria histórica esta presente en la sociedad española lo que no impide que muchos de nosotros sigamos luchando por una España republicana y federal.

Incluso los que no estamos de acuerdo con esta Constitución debemos reconocer, por más que nos desagrade, que está legitimada socialmente. No hay grandes movimientos de oposición al texto constitucional y su reforma ni siquiera suscita ninguna urgencia dentro de la ciudadanía española. Con eso y con todo hay dos reflexiones que me parecen importantes a la hora de hablar sobre el papel de la Constitución. En primer lugar nuestra norma fundamental fue votada por la sociedad española no después de un levantamiento popular contra la dictadura sino tras la muerte plácida del propio dictador. El “ruido de sables” de la época estaba muy presente en una sociedad que ansiaba, de manera un tanto abstracta, un régimen democrático y el riesgo de involución era enorme. Tal es así que tres años después del referéndum constitucional este país sufrió un golpe de estado militar. Las intrigas golpistas duraron hasta el año 86, fecha en la cual el Coronel ultraderechista Carlos de Meer, uno de los abogados defensores del 23F, conspiró para instaurar por la fuerza un régimen sin partidos políticos; una operación que por cierto financiaba curiosamente Gadafi. No es descabellado preguntarse en este contexto si la sociedad española tuvo la oportunidad de reflexionar libremente sobre el futuro político de su país.

La segunda reflexión sobre nuestra Carta Magna es quizás más propia de la teoría constitucional que de la política. Ninguno de los que somos menores de 50 años tuvimos la oportunidad de votar la Constitución. Y resulta curioso el modo en que en España, como en tantos otros estados, el poder constituyente se hereda de una generación a otra como el pecado original. Somos herederos a la fuerza de lo que han votado nuestros padres, nuestros abuelos o incluso nuestros bisabuelos. Y ello ocurre cuando España ha sido el país europeo que más ha cambiado en los últimos treinta años. En nada se parece aquella sociedad del 1978 a la que tenemos en 2011 y lo que servía para entonces no tiene por que servir para ahora. Quizás la norma fundamental de nuestro ordenamiento jurídico debiera confirmar su legitimidad en las urnas al menos cada dos o tres décadas.

Dicho esto vuelvo a reconocer, por más que me desagrade, que la aprobación social de nuestra constitución está fuera de toda duda. Somos pocos, muy pocos, los que nos situamos a la contra del texto que se aprobó en el 78 y solo en la Comunidad Autónoma Vasca existe una considerable masa social crítica con él. No obstante la sociedad española sigue considerando mayoritariamente que el régimen republicano es mas justo que la monarquía parlamentaria y solo acepta esta última como mal menor.

Es cierto que no existe un gran movimiento por la III República pero el curso de la historia nos muestra que los reyes son, cada vez más, un rescoldo del pasado que más tarde o más temprano tendrá que apagarse o convertirse en un recuerdo folclórico de una época que ya solo se encuentra en los libros de historia de Europa. En Francia, el país de mayor tradición republicana, muchos ven a las monarquías como signo de atraso. Razón no les falta. Y hoy, como hace ochenta años, sigue siendo necesario reinvindicar un régimen donde no existan los privilegios y donde todos, absolutamente todos, seamos iguales ante la ley. Por eso y por muchas más cosas… …¡Viva la República!

Published in: on 14 abril, 2011 at 11:27  Comments (1)  
Tags: , , ,
A %d blogueros les gusta esto: