Sobre la consulta catalana

Con tanto debate acerca de la inconstitucionalidad de la consulta catalana del 9N se está pasando por alto un asunto crucial en cualquier referéndum: la pregunta. Cualquier sociólogo sabe que un plebiscito puede decantarse hacia uno u otro lado según se formule la pregunta. Y en el caso de Cataluña el diseño de la consulta no es inocente.

En la consulta catalana disponemos de dos preguntas. La primera de ellas sería “¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado?”, mientras que la segunda sería “¿Quiere que este Estado sea independiente?”. La particularidad es que la segunda de estas preguntas se contestaría solo en caso de responder afirmativamente a la primera. De lo cual se deduce que alguien que contestase no a la primera pregunta y respondiese en cualquier sentido a la segunda vería su papeleta declarada nula. Si de lo que hablamos es de consultar a los catalanes, no parece muy razonable impedir a un ciudadano que se pronuncie sobre si un futuro Estado catalán debería ser o no independiente por haber contestado que no desearía que Cataluña fuese un Estado. La exclusión de la segunda de las preguntas tiene poca o ninguna justificación desde el punto de vista procedimental.

Se dirá que no es razonable desear que Cataluña no sea un Estado pero al mismo tiempo desear que, en caso de serlo, sea independiente. Pero eso ya supone prejuzgar como tienen que responder los ciudadanos ante una cuestión tan crucial como la secesión de un territorio. Uno puede considerar que Cataluña debería seguir siendo una Comunidad Autónoma en la situación actual pero creer que debería ser independiente en el caso de que una mayoría desease que Cataluña se convirtiese en Estado. No hay incongruencia entre ambas respuestas en tanto que cada una de ellas contempla escenarios diferentes.

Pero además la formulación de las preguntas tiene un efecto nocivo para la calidad democrática de la consulta, ya de por si cuestionada por un sector de la opinión pública debido a su ilegalidad. Y es que siempre resulta más atractivo responder a dos preguntas que a una, del mismo modo que siempre es preferible para quien convoca la consulta defender la respuesta en afirmativo que en negativo. A efectos prácticos el 9N habrá dos referendos: uno para responder a la primera de las preguntas en la que participarán todos los catalanes y otro para responder a la segunda pregunta en el que solo están autorizados a participar los que contesten afirmativamente a la primera pregunta. ¿Tiene esto algún sentido desde el punto de vista formalmente democrático? Todo parece indicar que no.

La pregunta es, además, deliberadamente confusa. ¿La consideración de Estado no presupone un determinado grado de independencia de un territorio? ¿Se puede hablar stricto sensu de un “Estado dependiente”? Y en caso afirmativo, ¿dependiente de quién? ¿De España? ¿De la Unión Europea? ¿De la ONU? Y en todo caso, ¿no debería responder toda la sociedad española a la pregunta sobre si Cataluña debería ser un Estado dependiente (de España) en tanto que ello significaría transformar el diseño territorial español y no solo el catalán? Si es cierto –y lo es- que tan solo los catalanes tienen derecho a decidir sobre la secesión de su territorio, también lo es que una parte no puede decidir unilateralmente su modo de relacionarse con el todo.

Si lo que se pretendía con esta formulación era contemplar una especie de “tercera vía” entre la secesión y el statu quo, la pregunta debería haber sido más clara, incluso incluyendo explícitamente un concepto como el de federalismo. Se dirá entonces que no corresponde a los catalanes sino a los españoles en su conjunto decidir si España es o no un Estado federal. Y es cierto. Pero del mismo modo correspondería a España y no a Cataluña decidir si esta última se convierte en un Estado dependiente de la primera. Y si nos ponemos escrupulosos, legalmente correspondería al conjunto del soberano (esto es, la ciudadanía española) tomar cualquier tipo de decisión sobre el diseño territorial de Cataluña en tanto que parte de España. En todo caso no estaría de más saber si en Cataluña es mayoritaria la sensibilidad autonomista, la independentista o la federalista. Y la consulta no acaba de resolver bien esa cuestión.

Sobra señalar que los argumentos para negar la consulta que llegan desde Madrid (permítaseme la sinécdoque) son terriblemente limitados. Invocar una constitución elaborada en circunstancias muy particulares, cuestionada por algunos sectores sociales y que solo han votado los mayores de 57 años no parece un argumento de demasiado peso, especialmente cuando de lo que hablamos es de un proceso constituyente para Cataluña. Sorprende que tanto constitucionalista español se haya apresurado a censurar la consulta catalana apelando a su ilegalidad e ignorando que por definición en un proceso como éste el poder constituyente es incondicionado, es decir, no posee limites ni formales ni materiales ajenos a si mismo. No hay, por tanto, norma previa que pueda someter a un poder constituyente como el que se pretende establecer en Cataluña. Ni siquiera la Constitución Española. En todo caso estaríamos asistiendo a un conflicto entre un poder constituido (el de la nación española) y un poder constituyente (el de la nación catalana). Y todo indica que un poder constituyente que encuentre su legitimidad democrática en un referéndum celebrado hoy tendrá más valor, formal y material, que un poder constituido cuya legitimidad democrática surgió hace 36 años en medio del ruido de sables.

Si los gobernantes españoles fuesen suficientemente inteligentes habrían iniciado un profundo proceso de reforma constitucional refrendado en último término por los ciudadanos y que contemplase algún tipo de formulación federal para el diseño territorial español. Ese sería el único método para neutralizar el pulso independentista que llega de Cataluña. Porque, entonces sí, se podría invocar una constitución legitimada democráticamente y respetuosa con las particularidades territoriales, desactivando así parte del relato nacionalista. Y frente a un referéndum de reforma constitucional votado por todos, la consulta catalana se convertiría en poco más que una representación teatral de los sectores más recalcitrantes del independentismo y no en un grito de la sociedad catalana contra un Estado español que le hurta su capacidad de decidir.

Ante la actitud cerril del gobierno español, Artur Mas y sus socios han invocado un “derecho a decidir” al que es difícil oponerse sin ser sospechoso de antidemócrata. Pero el gobierno catalán ha perdido una oportunidad de oro para celebrar un referéndum impecablemente democrático en sus formas. La formulación torticera de las preguntas es un primer hándicap para hablar del 9N como un ejemplo de procedimiento democrático. Curiosamente el nacionalismo catalán se ha mirado en el espejo de Escocia o de Quebec, pero sin imitar la formulación clara y sin ambages de las preguntas de sus respectivas consultas.

Bien es cierto que el referéndum del 9N es meramente consultivo y sin eficacia legal. Pero su resultado será, sin lugar a dudas, fundamental para el futuro de las relaciones entre Cataluña y España. Está por ver, no obstante, que ocurre a partir de ahora. Ante la más que probable inconstitucionalidad de la consulta no sabemos si Artur Mas seguirá adelante con ella, aunque las presiones de sus socios parecen indicar que así será. Pero conviene no olvidarse de Unió Democrática de Cataluña, partido de Duran i Lleida con el que comparte coalición, que ha dicho por activa y por pasiva que solo aceptará la consulta si se ajusta a la legalidad. Ante una consulta ilegal y con un sector de la sociedad catalana opuesto a ella, parece difícil celebrar un referéndum de calidad. El futuro inmediato es incierto pero el escenario que se me antoja más probable es el de una consulta celebrada por y para el mundo independentista, sin participación de otros sectores de la sociedad catalana en las mesas electorales (lo que ya de por sí resulta muy problemático para la legitimidad democrática del referéndum) y con una participación más baja de lo previsto. Y este último punto no es baladí: ¿qué participación es necesaria para conocer la voluntad real de un pueblo? Si atendemos a los resultados del último referéndum celebrado en Cataluña, el de la aprobación del Estatut en 2006, la participación de menos de la mitad del censo electoral (concretamente un 48,85 %) no parece suficiente para certificar sin lugar a dudas la voluntad de los catalanes en un sentido u otro. Y conviene recordar que en aquella ocasión el plebiscito se celebró ajustándose a la legalidad y sin la oposición de un sector de la sociedad catalana, como sucede en este caso.

 Ocurra lo que ocurra, el choque de trenes entre España y Cataluña está garantizado para una temporada larga. Si nadie lo remedia antes (y tengo dudas de que no se haya cruzado ya el punto de no retorno) nacionalismos de un signo y de otro, liderados además por fuerzas conservadoras, izarán sus respectivas banderas e invocarán identidades, por más que ninguna de ellas sea excluyente. Se trata ya de una lucha de maximalismos donde las posturas más razonables, aquellas que tratan de construir puentes, están condenadas al fracaso toda vez que no hay voluntad de entendimiento entre las partes. De un lado el españolismo más carpetovetónico, incapaz de comprender que la sociedad catalana ansía un nuevo tipo de relación con España, mayores cotas de autogobierno y respeto por las señas de identidad propias. Del otro lado el catalanismo más tramposo, que ha dado el salto de la reclamación de un nuevo modelo de financiación a la soberanía, invocando un derecho de autodeterminación allá donde no existen condiciones objetivas para ello. Pero nos guste más o menos, existen condiciones subjetivas y un sector amplio de la ciudadanía catalana (está por saber su dimensión) ha abrazado un relato identitario donde, como en todo relato identitario, se mezcla realidad y ficción, agresión y victimismo, razón y sentimiento. Y ni siquiera el discurso más razonable y pragmático es capaz de desactivar aquel otro que apela a las vísceras, a la emoción, al himno y a la bandera. Pisamos terreno resbaladizo cuando los relatos identitarios, tanto en España como en Cataluña, invaden el terreno de la política, espacio que debería estar reservado para el diálogo y la razón y no para las lágrimas y la exaltación de las masas.

Papeleta 9N

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Published in: on 29 septiembre, 2014 at 15:53  Comments (4)  
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Catalunya y España como proyecto común

Actualmente en el mundo existen alrededor de doscientos Estados con sus fronteras, su moneda (en algunos casos compartida con otros), sus pasaportes, sus instituciones… Habrá a quien le parezca un número exiguo pero ese no es mi caso. Lo que necesita el mundo hoy no son más países, más Estados ni más fronteras que separen a unos ciudadanos de otros. ¿Eso quiere decir que no hay justificación posible para la creación de un nuevo Estado? De ningún modo. Pero la creación de un nuevo Estado, esto es, la secesión, requiere de un discurso que la justifique con algún argumento más allá del mero voluntarismo. Las consecuencias que un proceso de independencia y de creación de un nuevo Estado puedan tener son lo suficientemente graves como para exigir que se responda a dos preguntas cruciales: por qué y para qué.

En último término la creación de nuevos Estados debería ser una herramienta y no un fin en si mismo. Una herramienta destinada a combatir una violación flagrante de los derechos sociales, políticos, económicos o culturales de los ciudadanos de un territorio determinado. Si la independencia resulta útil para que los ciudadanos logren aquellos derechos que les han sido hurtados, entonces bienvenida sea. El caso de Palestina es paradigmático de ello.

Pero argüir que en Catalunya hoy se está produciendo una violación sistemática y generalizada de los derechos sociales, políticos, económicos o culturales de los ciudadanos catalanes no resiste un mínimo análisis comparativo con la realidad. Tal vez la relación entre las instituciones del centro y las catalanas no sean todo lo fluidas que sería deseable. Y parece que los deseos de los catalanes de mayores cotas de autogobierno y de un modelo de financiación distinto son claros y deberían de ser abordados. Por otro lado no cabe duda de que existe un poder mediático en la capital que desprecia todo aquello que huela a catalanismo y que es respondido por buena parte de los medios catalanes con la misma virulencia y demagogia. Se trata del clásico periodismo de trinchera reconvertido en un periodismo “de bandera”.

No existen, por tanto, motivos que recomienden la secesión de un territorio que goza de altísimos niveles de autogobierno en un Estado federal, democrático y de derecho como el español. Existen en cambio motivos de sobra para plantear abiertamente el debate del modelo de Estado o de la financiación autonómica. Y resulta urgente una reforma constitucional que atenúe los conflictos entre el Estado central y algunas comunidades autónomas, particularmente de las denominadas históricas. Pero la secesión hoy solo encuentra sustento en un discurso sobre la identidad cargado de elementos prerracionales y de victimismo y sustentado en una premisa ciertamente dudosa: a cada nación, un Estado. Y bien es sabido que aquello que no entra dentro del terreno de lo racional (esto es, la identidad) no es susceptible de ser debatido y por tanto no es terreno de la política. La identidad, como la religión, es legítima siempre y cuando no pretenda trascender del espacio privado para instalarse en el público, en el de la política y el debate.

Por otro lado el discurso del nacionalismo catalán insiste en caracterizar a España como poco más que un conjunto de administraciones creado además de forma artificial y autoritaria. Se obvia lo evidente: que en España (incluida Catalunya) existen lazos sociales, familiares, económicos, culturales e históricos que están firmemente asentados en la ciudadanía y que forman eso que puede denominarse como “proyecto común”. Pretender romper unilateralmente esos lazos y que la sociedad española no tenga ni voz ni voto al respecto es, como mínimo, injusto.

Para sostener un concepto tan deliberadamente ambiguo como ese del “derecho a decidir” se ha venido utilizando con insistencia la metáfora del matrimonio en el que uno de los cónyuges pretende divorciarse. Y es cierto que cuando esa situación se da, la ruptura unilateral no solo es razonable sino incluso deseable. Pero utilizar este símil simplifica las cosas hasta un grado superlativo. Si se quiere buscar una imagen más adecuada habría que recurrir a la de la comunidad de vecinos en la que uno de los propietarios quiere independizarse del resto pasando por alto todos los elementos comunes del bloque (escaleras, portal, ascensor, fachada, etc…) que además son indivisibles. Del mismo modo el nacionalismo catalán pretende extrañarse de ese ámbito común que llamamos España sin dejar espacio alguno para soluciones intermedias que no desnaturalicen a los ciudadanos catalanes que se sienten legítimamente españoles. Y a decir verdad el nacionalismo español opera del mismo modo. Se trata de una lucha de maximalismos donde diálogo y consenso son palabras tabú.

Pero dicho esto, si los catalanes persisten en una voluntad de secesión expresada de forma inequívoca y con una mayoría suficiente que a día de hoy no está clara, son pocos, por no decir ninguno, los argumentos de índole democrática que permitan negarles tal anhelo. La legalidad vigente, es decir, la Constitución, no puede ser argumento para impedir la creación de un nuevo Estado, por más absurdo que pueda parecer ese deseo. Porque en último término el nacimiento de un nuevo Estado parte siempre de lo fáctico y no de lo normativo. Y un poder constituyente es por definición ilimitado y no atiende a más legalidad que la autootorgada. De modo que si finalmente Catalunya quiere ser un Estado, lo mejor que puede hacer el gobierno español es facilitar una salida lo menos traumática posible.

La izquierda de ámbito estatal se encuentra fuera de juego en todo este debate sobre Catalunya. Por un lado la derecha se ha hecho con el monopolio de la idea de España, heredera de las cuatro décadas de dictadura nacionalista, y de sus símbolos. Una idea, la de España, que aparece en el imaginario colectivo político como sinónimo de centralismo, de desprecio a la diferencia y de valores conservadores. Pero curiosamente el concepto de España como proyecto común hunde sus raíces en los movimientos liberales, progresistas y antiabsolutistas de comienzos del siglo XIX. Del otro lado, del reaccionario, se situaba un carlismo foralista, ultracatólico, ruralista y antiliberal.

Ya en el siglo XX, existe toda una tradición de una izquierda republicana y federal que no renuncia a la idea de España como proyecto común sin caer en la tentación centralista. Azaña será el principal referente de una corriente que acabará desapareciendo con la generación de la Guerra Civil. La Transición trató de reeditarla bajo la formula del autonomismo progresista pero ya el escenario no era el mismo ni el empuje nacionalista se vio atenuado por él. Finalmente la izquierda, desde la socialdemocracia a las propuestas más radicales, se ha visto atrapada entre dos aguas, la del autonomismo centralista conservador y la del independentismo nacionalista, y sin posibilidad de encontrar un espacio discursivo propio. Mientras el PSOE se veía tímidamente arrastrado por la retórica antinacionalista, el PSE y las izquierdas alternativas mostraban cierta condescendencia hacia la retórica del “derecho de autodeterminación” por haber sido este uno de los discursos que alimentó la lucha antifranquista contra una dictadura que hacía gala de un ultranacionalismo español.

Recuperar para la izquierda el espacio del proyecto común de España respetuoso con las diferencias, con las identidades nacionales y con los deseos de autogobierno no es una tarea fácil pero sí necesaria. Profundizar en el proyecto de un federalismo integrador es quizás uno de los mayores retos con los que tiene que lidiar la izquierda española. Pero para ello es fundamental reconocer que las identidades (la catalana, pero también la española) son legítimas siempre y cuando se expresen en el terreno de lo privado. Se trata por tanto de hablar de derechos y no de sentimientos, respetando las diferencias pero poniendo en valor lo común. Se trata también de perseguir el consenso, el acuerdo, el diálogo y la negociación. Y se trata por último de entender que en todo este proceso el protagonista tiene que se el ciudadano y no las naciones. Solo de este modo la cuestión catalana podrá llegar a buen puerto.

(Publicado en http://blogs.publico.es/xabel-vegas)

Azaña

Published in: on 13 diciembre, 2013 at 15:33  Dejar un comentario  
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I ara què?

Las elecciones catalanas han caído como un jarro de agua fría para las pretensiones independentistas. La falta de éxito se ha convertido en un fracaso para quienes blandieron la estelada en las últimas semanas. Sumados los resultados de los tres partidos abiertamente soberanistas (si es que CiU lo es), alcanzan un saldo ligeramente inferior en escaños al de las elecciones de 2010. Si entonces el Parlament contaba con 76 diputados catalanistas, suma de CiU, ERC y Solidaritat Catalana per la Independència (el partido de Joan Laporta), estos comicios arrojan unos resultados que otorgan 74 escaños a los partidos que apuestan por el proceso independentista. Pero si en ambas citas electorales sumamos los resultados de Iniciativa per Cataluña, favorable al derecho a decidir, el marcador soberanista se quedaría en un 86-87 a favor de los últimos comicios, que superarían por la mínima los resultados de 2010. E incluso el PSC, ambigüedades aparte, ha incluido en su programa electoral la posibilidad de celebrar una consulta sobre el futuro de Cataluña como país, con lo cual la mayoría en el Parlament favorable a un referéndum es abrumadora, con las únicas excepciones de los 28 diputados del PP y de Ciutadans en una cámara de 135 escaños.

Pero en cualquier caso el proceso iniciado por Artur Mas tras la numerosísima manifestación de la Diada ha quedado seriamente tocado. No se ha logrado esa exultante mayoría que se pretendía y que se decía necesaria para avanzar en la construcción de un Estado propio. Aunque la mayoría catalanista sigue siendo amplia, muy amplia, y permitiría replantearse el papel de Catalunya en España y la relación de ésta con aquella, las elecciones han puesto un obstáculo –uno más- en la vía soberanista. Lo que hace tan solo unos meses parecía pan comido, hoy se presenta como una tarea hercúlea en la que CiU tendrá que lidiar con pactos postelectorales complicados y con una gobernabilidad más difícil que en la última legislatura. Ni siquiera es completamente descartable que la imposibilidad de alcanzar acuerdos sólidos y de aprobar los presupuestos obliguen a convocar una nueva cita electoral a medio plazo.

Pero si no ha habido grandes desplazamientos electorales en el eje soberanismo/españolismo, si se ha producido un movimiento de los votantes hacia la izquierda. Si en 2010 había 48 diputados progresistas en el Parlament, hoy son 57 sin sumar los 9 escaños de Ciutadans, que a pesar de hacer gala de un españolismo que a algunos les parecerá incompatible con la izquierda, mantienen un programa electoral de corte social. Las agresivas políticas neoliberales de Artur Mas explican este viraje a babor del electorado. Y la sana irrupción de la Candidatura d’Unitat Popular en el Parlament servirá para vigilar que las posibles tentaciones de ERC de sacrificar políticas sociales por soberanismo se encuentren con una alternativa que en un futuro puede ser la horma de su zapato, como lo fue el partido de Beiras al BNG en las pasadas elecciones gallegas.

Ahora el pacto más lógico parece ser el de CiU y ERC. Parece difícil pensar que el PP quiera mancharse las manos apoyando a una formación sobre la que ha puesto el foco de la desintegración de España, por mucho que sus políticas neoliberales sean similares. Y en cuanto al PSC, la mácula de una eventual participación en el que probablemente sea el gobierno más antisocial del Estado sería el tiro de gracia que le faltaba no solo al socialismo catalán, sino también al español, que a pesar de los malos resultados electorales ha conseguido mejorar las desastrosas expectativas que le auguraban las encuestas en Catalunya.

La pelota, por tanto, está en el tejado de ERC. Se trata de saber si sacrifican la primera de sus siglas por un proceso soberanista del que ni siquiera CiU está muy convencida. O si por el contrario entienden que la vía hacia la independencia, si bien no está muerta, ha quedado muy tocada y participar en un gobierno liquidador del Estado del Bienestar plantea más problemas que beneficios para una formación progresista. Pero en cualquier caso ya no se trata solo de saber que capacidad tiene ERC de arrastrar a CiU hacia la independencia, sino de conocer hasta que punto Artur Mas es capaz de calmar a una parte importante de la sociedad que le reclama coherencia en el prometido proceso soberanista.

En definitiva las elecciones presentan un panorama incierto para los que pensaban que el masivo apoyo ciudadano a la independencia estaba hecho. Pero sería un error para quienes desean una Cataluña dentro de España pensar que el proceso soberanista quedará en el cajón de los olvidos. Al menos la consulta va a ser obligada, si atendemos a la correlación de fuerzas favorables a ella en el Parlament y a la presión que pueda ejercer la calle en esa dirección. A nadie mínimamente sensato puede sorprenderle la frustración de una parte de la sociedad catalana sobre su encaje en España tras la sentencia del Estatut. Y esa frustración no desaparece de la noche a la mañana, por mucho que Artur Mas se empeñe en ello.

Si existiese vida inteligente en la cabeza de quienes nos gobiernan desde Madrid tratarían de desactivar el pulso independentista catalán, y de paso el vasco, a través de un nuevo modelo de Estado que avance en la vía federal. Pero para eso se necesitan reformas constitucionales que requieren de amplios consensos. Y no parece que en Moncloa el diálogo sea un valor en alza. Si finalmente la vía soberanista queda abortada por estos resultados electorales no será más que un nuevo cierre en falso. Y cuando vuelva a abrirse esa puerta puede hacerlo de un modo mucho más doloroso y traumático.

(Publicado en http://blogs.publico.es/xabel-vegas/)

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Published in: on 26 noviembre, 2012 at 10:40  Comments (1)  
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España, Catalunya y el poder constituyente

La manifestación de la Diada y los anuncios que en los últimos días ha hecho el Presidente de la Generalitat Artur Mas, referéndum incluido, han abierto un debate muy interesante sobre la posibilidad de secesión de una parte de España, sobre el derecho a decidir y sobre el papel de la Constitución Española en todo esto. Quienes se han manifestado contra las pretensiones de una parte de la sociedad catalana han remitido a nuestra Carta Magna para mostrar la ilegalidad de cualquier proceso secesionista. Pero ni siquiera esto es una verdad categórica. Uno de los elementos peculiares de nuestra constitución es que contempla la posibilidad de una reforma total del texto, sin líneas rojas, aunque con un proceso más complejo y agravado en lo que se refiere a la forma de Estado o a los derechos fundamentales. Cierto es que se trata de un procedimiento tan complejo y que requiere de mayorías tan abultadas que resulta cuando menos improbable que algo así pueda ocurrir en un horizonte cercano. Pero en sentido estricto nuestra constitución podría contemplar, mediante el procedimiento de reforma, casi cualquier cosa.

Una constitución es la norma suprema de un país, aquella que no esta sometida a ninguna otra ley de rango superior. Pero eso no quiere decir que no haya nada por encima de ella. El poder constituyente es previo al texto constitucional. Por su naturaleza se trata de un poder originario, extraordinario, permanente, indivisible y soberano, es decir, no hay nada ajeno a él que lo limite. Además del poder constituyente originario, que es aquel que elabora la constitución, existe también un poder constituyente derivado, que es aquel que reforma la constitución y por tanto ha de estar limitado por los propios mecanismos que el texto original establece para su transformación.

En España el poder constituyente originario tiene algunas debilidades. En primer lugar se trata de un poder que se manifestó en una época muy concreta de la historia de España, tras una dictadura militar que duró cuatro décadas y bajo algunas presiones de poderes fácticos y ruido de sables. No es que esto deslegitime en su totalidad el texto constitucional, ni mucho menos. Pero al menos habrá que convenir que la situación que vivía España en plena Transición es muy diferente a la que hoy vivimos. Por otro lado ningún español menor de 52 años pudo votar la Constitución. Y aunque es cierto que ningún país del mundo refrenda su constitución cada generación, no es menos cierto que las circunstancias sociopolíticas en las que se elaboró la nuestra merecen al menos una reflexión sobre su adecuación a los tiempos y al sentir de los ciudadanos.

Pero además del poder constituyente originario y derivado de nuestra Constitución, podría darse la situación de que en Catalunya, o en cualquier otro de los pueblos que hoy forman parte del Estado Español, se creara un nuevo poder constituyente que expresase una voluntad secesionista y elaborase un texto constitucional de un nuevo Estado. Desde luego es un escenario improbable a medio plazo pero no es descartable. En tal caso de nada valdría hablar de legalidad o ilegalidad de tal proceso ya que el poder constituyente originario no está sometido a ley alguna. Lo que se produciría, en todo caso, sería un choque de dos poderes constituyentes de distinto signo: uno de corte secesionista y otro de carácter unionista. Pero este último poder constituyente, el de la España unida, se encuentra hoy debilitado democráticamente.

De todo ello se deduce que sería necesaria una reforma constitucional valiente, que abordase el diseño territorial de España con negociación y buscando acuerdos amplios, que adecuase la norma suprema a la realidad social de nuestro país y que renovase y fortaleciese la voluntad popular. En tal caso parece que la fórmula federal sería la más adecuada a la realidad española, en tanto que podría generar, con voluntad política, mayores consensos o al menos menores oposiciones de las posturas más encontradas. No dejaría de haber secesionistas y centralistas, pero al menos en el debate con un poder constituyente separatista podríamos plantear como alternativa otro poder constituyente integrador, respetuoso con la voluntad de cada pueblo y con un apoyo popular renovado. De lo contrario parece difícil negarles a los catalanes su derecho a decidir si quieren o no formar un Estado propio. Al menos desde posturas verdaderamente democráticas.

(Publicado en http://blogs.publico.es/xabel-vegas/)

Referendum Constitucional

Published in: on 27 septiembre, 2012 at 10:59  Comments (1)  
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Sobre la independencia de Catalunya

Tras el éxito de la manifestación por la independencia en la pasada Diada de Catalunya, creo que es necesario hacer un ejercicio de reflexión colectiva para afrontar el futuro a corto y medio plazo en lo que a la cuestión territorial se refiere. Ahí van algunas consideraciones al respecto:

a) La situación creada tras la multitudinaria manifestación de Barcelona supone un punto de inflexión en las relaciones entre Catalunya y el Estado. Casi con toda seguridad se ha llegado a una zona de no retorno.

b) Esta situación debería ser abordada sin dramatismos, con voluntad democrática y de entendimiento por todas las partes en juego. Sería sano desterrar las amenazas, los envites, los maximalismos, el revanchismo y las posturas intransigentes. Los medios de comunicación tienen una especial responsabilidad en la construcción de un clima de respeto mutuo.

c) La voluntad de independizarse de España de una parte muy importante de la sociedad catalana –quién sabe si mayoritaria- es manifiesta. No se puede minimizar, caricaturizar o despreciar ese planteamiento.

d) Dicho lo anterior, es también un hecho que una parte de la sociedad catalana no es independentista y que su voluntad deberá ser valorada igualmente en cualquier proceso que pudiera iniciarse.

e) Esta expresión de una voluntad soberanista amplia en Catalunya se da en un momento muy delicado de la historia de España, con una crisis económica que afecta de manera muy significativa a los ciudadanos y que alimenta movimientos tanto centrífugos como centrípetos en sus versiones más extremas. Está por ver que el aumento exponencial de la voluntad independentista que reflejan las encuestas en los últimos dos años sea algo más que un fenómeno coyuntural.

f) Parece razonable plantear la necesidad de que se inicie un proceso de reflexión sobre la realidad territorial española donde participen representantes políticos y sociales, expertos, intelectuales, etc… Es un hecho que el actual Estado de las Autonomías no colma las aspiraciones de los ciudadanos de algunas comunidades autónomas y sería deseable buscar caminos intermedios basados en la negociación que no acaben convirtiéndose en un juego de suma cero.

g) Sería deseable evitar en la medida de lo posible las asimetrías que pudieran generar un futuro malestar en algunos territorios que hoy conforman España. En ese sentido un proceso federalizante podría atenuar el conflicto, aunque no solucionaría los problemas planteados por las posiciones más extremas.

h) Es necesario evitar todo tipo de victimismo y neutralizar los discursos populistas, etnicistas o mitológicos que se dan tanto en Catalunya como en España.

i) El independentismo catalán debería desterrar de su relato cualquier referencia a otras comunidades autónomas. Eso solo puede alimentar el agravio comparativo en uno u otro sentido y fomenta la falta de empatía entre Catalunya y el resto de España.

j) Hay que reconocer que el déficit fiscal catalán es un asunto mal resuelto que provoca malestar social y que urge abordarlo. Pero la sociedad catalana debería valorar también los privilegios políticos, económicos, competenciales y de infraestructuras que ha tenido Catalunya con respecto a otras comunidades autónomas.

k) Si bien es cierto que el modelo de financiación ha situado a Catalunya en una situación económica muy delicada, no lo es menos que ha sido el gobierno de Artur Mas quien ha emprendido los recortes más duros y antisociales de todas las comunidades autónomas. No es descartable que la bandera de la independencia sea una huida hacia delante de CiU con la intención de descargar parte de su responsabilidad en España.

l) Cualquier proyecto político para Catalunya, ya sea unionista o secesionista, debería integrar a la parte contraria en un modelo basado en la convivencia de distintas sensibilidades. Debería evitarse la política de frentes nacionales.

m) No se puede utilizar la Constitución de 1978 como escudo contra un proceso secesionista. Eso supondría de facto enfrentar dos poderes constituyentes de distinto signo. Ya va siendo hora de reformar una Constitución que una parte muy importante de la sociedad española no ha votado. Solo puede blandir la Constitución como excusa quien no tiene ninguna voluntad de que ésta sea reformada para adaptarla a la actual realidad española.

n) Dicho lo anterior, parece poco razonable la exigencia de que el Estado establezca mecanismos para su propia desintegración. Pero al mismo tiempo es una obligación para el Estado buscar las fórmulas menos conflictivas para solucionar los problemas de integración territorial, incluso aunque puedan abrir la vía a la independencia.

o) La inviabilidad económica de una Catalunya independiente es un argumento torticero y sin fundamento científico alguno.

p) El instrumento del referéndum sobre la independencia debería ser un recurso último en una situación donde el consenso se encuentre bloqueado y se hayan explorado todas las vías intermedias.

q) Si bien es la sociedad catalana la que tiene la última palabra a través del referéndum, la sociedad española no puede ser dejada al margen en un proceso en el que también es parte interesada. Los mecanismos de la consulta (censo, preguntas, procedimientos electorales, plazos…) deberían ser negociados entre los representantes políticos de la sociedad catalana y la española.

r) Una mayoría simple no parece el mejor método para decidir en un proceso tan importante como este. Debería establecerse algún mecanismo de mayoría cualificada que garantizara la expresión de la voluntad inequívoca de la mayoría social catalana.

s) No se puede blandir un presunto derecho de autodeterminación de los pueblos ilimitado que tan solo ha existido en procesos de descolonización. Habría que matizar sus límites y su alcance o de lo contrario estaríamos legitimando la capacidad de cualquier grupo humano para crear Estados en un ejercicio puramente voluntarista, lo cual sería sencillamente absurdo.

t) Los argumentos etnicistas no parecen razonables en un mundo donde las realidades culturales son cada vez más permeables y mestizas. Los sentimientos nacionales, por su carácter prerracional, deberían quedar al margen del debate público y la clase política debería asumir que tan legítimo es sentirse catalán como español.

u) La independencia solo debería ser planteada como un ejercicio para resolver un problema que no pueda ser resuelto de otro modo. Parece dudosa la pertinencia de crear nuevos Estados que no sirvan para evitar una conflictividad territorial mayor.

v) La voluntad de independencia de Catalunya tendría que lidiar con su propia territorialidad de un modo tan democrático como el que se exige para su ejercicio de soberanía. Habrá que atender a la peculiaridad de territorios como el Val d’Aran, la franja de Aragón u otros pertenecientes a los llamados Països Catalans. En un eventual proceso de independencia ese asunto debería quedar lo suficientemente claro como para que no se diesen disputas territoriales entre España y Catalunya que no atendieran a la voluntad de los habitantes de esas zonas.

w) Por último, un proceso de independencia de Catalunya como el descrito en el que se den todas las garantías democráticas y de respeto al pluralismo debería ser motivo suficiente como para que España avalara la participación catalana en los diferentes organismos supranacionales. Al mismo tiempo los lazos históricos, sociales, culturales y económicos entre Catalunya y España harían necesario establecer unas relaciones privilegiadas entre ambos Estados, ya sea en forma de confederación, de libre asociación o cualquier otro modelo posible que además impida la desnaturalización de la minoría catalana no nacionalista.

(Publicado en http://blogs.publico.es/xabel-vegas/)

Senyera

Published in: on 13 septiembre, 2012 at 12:15  Comments (4)  
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