Los mercados pensantes

Hace unos días el ministro De Guindos, en un acceso de sinceridad y dramatismo, pidió implícitamente al BCE que actúe “contra las situaciones de irracionalidad en los mercados”. La declaración no pasó desapercibida y supone una novedad en una narrativa que se ha ido construyendo en las últimas décadas en los círculos conservadores. Por primera vez un líder de la derecha española reconoce que los mercados no son racionales, como sostiene la ortodoxia neoliberal. Resulta triste, no obstante, que haya sido la peor crisis de nuestra historia reciente la que haya hecho entender a los apologetas de la autorregulación que no es oro todo lo que reluce.

Los defensores del libre mercado hicieron descansar sus ideas en las ciencias sociales. Concretamente fue la Teoría de la Elección Racional la que dio sustento pseudocientífico a sus pretensiones desreguladoras. Algunos sociólogos y economistas de la segunda mitad del siglo XX consideraban que los seres humanos, cuando tratan de satisfacer sus intereses individuales, se comportan de forma racional. Maximizan sus beneficios y minimizan sus perdidas de modo que siempre escogen lo óptimo frente a lo que no lo es. Milton Friedman, apoyándose en Hayek, encontró sustento teórico en la Teoría de la Elección Racional para construir un ideario económico según el cual el mercado, como agregado de intereses individuales, se comporta de la manera más beneficiosa tanto para el individuo como para el colectivo. Lo mejor, por tanto, era evitar cualquier injerencia de los poderes públicos en unos mercados que no necesitaban de regulación alguna, ya que su propia racionalidad bastaba para hacerlos funcionar del mejor modo posible.

Pero la realidad es tozuda y desmintió la teoría. No solo los mercados no se autoregulan sino que dejarlos a su suerte es como soltar un león en una granja de pollos. Aquella racionalidad de la que alardeaba Friedman era en realidad avaricia. Y ya se sabe lo que dice el refranero popular sobre la avaricia. Los comportamientos guiados exclusivamente por el interés individual producen resultados nefastos a nivel colectivo, especialmente cuando los recursos son limitados. Por eso el egoísmo, elemento casi consustancial al ser humano, necesita de una regulación estricta y de medios coercitivos efectivos que obliguen a su cumplimiento. Y ahí es donde entra en juego el Estado, o cualquier otra estructura político-institucional que podamos imaginar, y su capacidad para elaborar leyes y hacerlas cumplir.

Los mercados son irracionales, si. Pero lo son ahora y lo eran cuando no había crisis, no teníamos problemas con el déficit y no estábamos pendientes de la dichosa prima de riesgo. Las burbujas económicas se producen precisamente cuando los actores de los mercados no encuentran límites normativos a su actividad. Pensar que los traders actúan de forma racional cuando especulan con bonos de deuda pública es, en el mejor de los casos, hacer teología. El inversor busca maximizar su beneficio, de eso no hay duda, pero no atiende a los riesgos de colapso de un sistema con unos recursos finitos. Ni mucho menos su presunta racionalidad da para prevenirse ante los efectos indeseables a nivel social de los mercados autoregulados: una suerte de selección natural económica, regida más por el instinto animal que por la razón, en la que los débiles son expulsados de un sistema que se cree paradisiaco. Solo creyendo que las crisis son necesarias y el sufrimiento humano inevitable se puede defender la presunta racionalidad de los mercados. Yo por mi parte no me resigno a aceptar ese ascetismo protestante que indica que solo a través del dolor, cuya máxima representación es la Pasión de Jesús, se alcanza la salvación. Evitar el sufrimiento humano no solo es posible. También es necesario.

(Publicado en http://blogs.publico.es/xabel-vegas/)

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Published in: on 25 julio, 2012 at 08:24  Comments (3)  
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1812-2012: La izquierda y el liberalismo

Estos días se están celebrando numerosos actos conmemorativos de la Constitución de Cádiz, popularmente conocida como La Pepa, con motivo del bicentenario de su nacimiento. Las Cortes gaditanas supusieron la entrada de España en la modernidad política y el principio del fin del absolutismo. A pesar de la vida efímera de la Carta Magna de 1812, su promulgación puso las baldosas en el camino para transitar hacia la democracia y sin ella sería difícil entender el régimen de libertades y derechos del que hoy disfrutamos. Fue la tercera constitución liberal del mundo, después de las de las revoluciones americana y francesa, y la primera de España, si exceptuamos de la lista el Estatuto de Bayona de José Bonaparte.

La separación de poderes, la igualdad jurídica o el concepto de Estado de Derecho como limitación del poder político mediante la ley son elementos que hoy nos parecen innegociables y que nacieron de aquellas cortes reunidas en San Fernando bajo la amenaza y el asedio del francés. Fue un movimiento político, el liberalismo, el que hizo posible que hace doscientos años dejáramos de ser súbditos para ser ciudadanos. Aquellas ciudades que se levantaron en armas contra el invasor eran el territorio fundamental donde el nuevo sujeto político, el individuo, podía jugar un papel en la organización de la vida común. De ahí la importancia que en las democracias liberales adquirió el poder local; una importancia que llega a nuestros días y que está encarnada en el papel de las instituciones municipales que nos hemos otorgado.

En 1812 no hubo, no obstante, revolución. Fue más bien un cambio de paradigma político y un progresivo deshacerse de aquel mundo medieval que aun sobrevivía en las instituciones políticas. Durante los siguientes dos siglos la historia de nuestro país vivió grandes avances pero también retrocesos significativos. El último de ellos y quizás el más dramático fue la dictadura franquista, basada en unos principios que despreciaban todas las aportaciones del liberalismo político y que se encargó de destruir aquello que éste había construido no sin esfuerzo.

Hoy el término liberalismo está muy desprestigiado en el ámbito de la izquierda. En no pocas ocasiones se utiliza como sinónimo de derecha, lo cual resulta paradójico si recordamos que fue en la Revolución Francesa, paradigma de revolución liberal, donde surgió la distinción entre izquierda y derecha según el lugar de la bancada que ocupaban exaltados y moderados en la Asamblea. Si liberalismo es sinónimo de derecha, también debería ser sinónimo de izquierda por los mismos motivos. Y un término que puede funcionar como sinónimo de dos contrarios resulta descriptivamente muy poco operativo.

A veces se confunde también liberalismo político con liberalismo económico. Y aunque sería inútil negar la relación entre ambos, no funcionan como términos equivalentes. No hay duda de que el liberalismo fue un movimiento burgués y en su lucha por limitar el poder del Estado estaba la semilla del laissez-faire; de un concepto de libertad ya no solo político sino también económico del que necesitaba una burguesía que desarrollaba su vida profesional principalmente en los mercados. Pero confundir liberalismo económico con liberalismo político no ayuda a entender las aportaciones positivas de ambas doctrinas. Ni tampoco las debilidades de cada una de ellas.

Hoy aun una parte de la izquierda entiende a la burguesía como la antítesis del movimiento obrero. Pero en los orígenes del liberalismo no era así. No porque no hubiese estratos sociales por debajo de ella sino porque no estaban organizados, no participaban de la vida pública ni tenían una conciencia de clase como la entendió Marx unos años más tarde. La dialéctica no era burguesía/proletariado sino aristocracia/burguesía. El liberalismo fue entonces una revolución burguesa, no contra el proletariado, sino contra la nobleza, el feudalismo y el poder omnímodo del monarca absoluto.

Liberalismo también se utiliza en ocasiones como sinónimo de neoliberalismo. Y si bien es cierto que este último es deudor del laissez-faire, también es verdad que el neoliberalismo va más allá. Se trata efectivamente de una doctrina que defiende un Estado reducido a su mínima expresión pero además considera que el Estado debe funcionar bajo el criterio del beneficio. La administración pública tendría que ser así una empresa más compitiendo en condiciones de igualdad con el resto de actores económicos. El sometimiento del Estado a la lógica de los mercados conduciría inexorablemente a una suerte de selección natural donde solo los más capaces sobrevivirían a la exclusión. Así todo, el vocablo neoliberalismo tiene un valor más normativo que descriptivo, que retrata más bien a quien lo utiliza que a lo que pretende retratar. Por eso son pocos los que se definen abiertamente como neoliberales y son muchos los que utilizan el término con una importante carga semántica despreciativa.

Liberalismo político, en definitiva, no es lo mismo que derecha, liberalismo económico o neoliberalismo y confundir estos términos no ayuda a entender su dimensión. No hay duda de que la derecha y las teorías económicas liberales y neoliberales difícilmente podrían haber existido sin aquellas revoluciones de finales del siglo XVIII y principios del XIX contra las monarquías absolutas. Pero son pocas las ideologías o las teorías políticas que han surgido desde entonces que no hayan sido deudoras de uno u otro modo, bien oposición o bien por afinidad, del universo liberal. Desde las más progresistas a las más conservadoras. Incluso el nacionalismo, especialmente el vasco, hunde sus raíces en el tradicionalismo carlista, absolutista y ultracatólico que hizo la guerra al Estado liberal.

Las celebraciones del bicentenario de la Constitución de 1812 son, de algún modo, un homenaje a un liberalismo político sin el cual hubiera sido imposible el surgimiento del Estado democrático. No en vano se utiliza la expresión democracia liberal para referirse a los regímenes políticos representativos como el nuestro. El liberalismo, con sus virtudes y sus defectos, forma parte de nuestro bagaje histórico, filosófico y político. Y una parte de la izquierda lo ha despachado de un plumazo, como si nada bueno pudiera surgir de él o como si las aportaciones liberales no hubieran jugado un papel importante en la historia de la izquierda. Y es un error que quizás sea hora de ir subsanando.

La deuda pública y la reforma de la Constitución

Hace unos meses, con motivo de la reforma exprés de la Constitución pactada entre PSOE y PP para incluir un techo de endeudamiento del Estado, llovieron las críticas desde la izquierda por tal medida. Se decía, no sin razón, que se les había usurpado a los ciudadanos su derecho a decidir sobre un asunto de tanto calado. Efectivamente hasta ahora la Constitución Española había sido preservada por los dos grandes partidos de cualquier tentación reformista y no parece muy democrático colar por la puerta de atrás una reforma de ese calado en plena época preelectoral.

Pero desde la izquierda se ha dicho que limitar el déficit público no es una medida progresista. Y aunque es cierto que las consecuencias de tal decisión pueden ser devastadoras para los servicios públicos esenciales si se gestiona desde la ortodoxia neoliberal, la realidad es que la reducción de la deuda pública es bastante razonable en una situación de crisis.

Los Estados, cuando tienen problemas de liquidez, se financian mediante la emisión de bonos de deuda. Los inversores privados especulan con ellos y logran unos intereses muy altos con un riesgo relativamente bajo. En los últimos días el BCE ha prestado dinero a los bancos a un 1% de interés. Un dinero que mayoritariamente se destina a la compra de deuda pública a unos intereses de entre el 4 % y el 5% en el caso español, lo que lo convierte en un negocio muy jugoso. Esto supone que los Estados ponen dinero de las arcas públicas en manos privadas a través de los intereses de la deuda lo que alimenta la perversidad de una economía financiera que paradójicamente está dañando la estabilidad económica de los Estados con dinero prestado por esos mismos Estados.

Seguramente la necesidad de liquidez de los países hace inevitable el recurso a la deuda. Pero un discurso progresista debería centrarse en una reforma de la fiscalidad socialmente más justa que permita mayores ingresos por la vía de los impuestos. Esto supondría tener que recurrir menos a la emisión de bonos de deuda y una menor exposición a los especuladores. Parece además bastante razonable que los Estados no gasten más de lo que ingresan o al menos que ajusten sus ingresos por vía impositiva a sus necesidades de gasto.

No hay duda de que la reforma exprés de la Constitución merece ser cuestionada. El oscurantismo con el que PSOE y PP la han puesto en marcha y la sensación de sumisión al directorio franco-alemán que la propuso, deteriora la relación entre gobernantes y gobernados y alimenta algunos discursos populistas sobre la clase política en una época donde la imagen social de los representantes públicos no pasa por su mejor momento. Quizás un referéndum hubiese sido más higiénico desde el punto de vista democrático pero eso no impide que la limitación de la deuda pública sea en principio una medida que, si se gestiona bien, parece muy razonable. No tiene mucho sentido sostener un discurso antineoliberal y al mismo tiempo defender unos niveles de déficit que implican necesariamente la emisión de bonos de deuda pública. Y la deuda pública es hoy una de las herramientas más potentes que los mercados especulativos están utilizando para enriquecerse a costa de la economía de los Estados y del bienestar de los ciudadanos.

La crisis de la democracia y el 15-M

El Estado del Bienestar de buena parte de las democracias occidentales contemporáneas se ha basado en las últimas décadas en la alternancia, la competencia y la colaboración de dos teorías políticas de signo distinto: socialdemocracia y neoliberalismo. Mientras la primera abogaba por una administración fuerte y por unas políticas sociales destinadas a hacer crecer la clase media, la segunda ponía el acento en la libertad económica y en la necesidad de un Estado delgado que no interfiriese con la economía de mercado.

A finales de los años ochenta, con la desintegración del bloque del Este y la caída del muro de Berlín, la izquierda revolucionaria entró en una crisis de la que aun no ha sabido salir, a pesar de los mil y un intentos inútiles de refundación de la izquierda. Huérfana de alternativa, la izquierda hubo de conformarse con ejercer de conciencia moral de los partidos socialdemócratas. Pero la crisis financiera ha traído consigo también una grave crisis de la socialdemocracia. Esta se ha visto despojada de su discurso y ha sido obligada a ejercer unas políticas desreguladoras que han puesto a régimen al Estado del Bienestar tanto como haría cualquier ortodoxo del neoliberalismo. Las expectativas electorales del PSOE, que ya ha perdido casi todo su poder autonómico y local, ponen de manifiesto el declive de una socialdemocracia que no ha sabido alzar la voz en los escenarios internacionales como hiciera con la salida de las tropas de Iraq para reclamar unas nuevas reglas del juego económico. El pacto entre PP y PSOE para llevar a cabo la reforma constitucional que busca limitar la deuda pública es un buen ejemplo de ello.

Pero la crisis de la socialdemocracia es también y sobre todo una crisis de legitimidad de nuestro sistema representativo. No tanto porque no existan diferencias de calado entre PP y PSOE, que las hay, como porque el ciudadano percibe que vote a quien vote las cosas van a cambiar poco o nada. Y si la elección de representantes no tiene una incidencia clara en las políticas que se ejercen, la democracia pierde buena parte de su sentido decisorio.

El movimiento del 15-M es hijo de ese fenómeno. Muchos de sus jóvenes protagonistas seguramente votaron al PSOE en 2004 o celebraron su victoria como un castigo a unos gobiernos de Aznar que habían violentado nuestra democracia participando en una guerra a la que se oponía la práctica totalidad de la sociedad española. La primera legislatura de Zapatero pareció colmar, al menos en parte, las aspiraciones de sus electores. Las políticas sociales fueron la punta de lanza de un socialismo español que se quitaba al fin el lastre del felipismo. Pero la crisis estalló y lo que para muchos era un abismo entre PSOE y PP se convirtió en una diferencia de matiz poco sustancial. No solo por las políticas anticrisis que se manejaron, donde seguramente había poco margen de maniobra, sino por la ausencia de un discurso que cuestionase el orden económico establecido que esta en el origen de la crisis.

Sea como fuere el resultado es más que peligroso para la legitimidad de nuestro sistema. Porque en el mejor de los casos se deja la democracia como patrimonio exclusivo del neoliberalismo. Y en el peor de los casos, si la crisis económica no remite pronto y se confirma que la receta neoliberal es tan poco útil como la socialdemócrata, se crea un caldo de cultivo muy propicio para los populismos. Unos populismos que precisamente basan su discurso en la idea de que todos los políticos son iguales.

Esa misma senda es la que sigue el movimiento del 15-M con consignas como “no nos representan” o “lo llaman democracia y no lo es”. Se mueve en la fina línea que separa el sano deseo de regeneración democrática del peligroso populismo. Y si bien es cierto que no traspasa esa frontera que distingue el discurso demócrata del que no lo es, tampoco marca suficientes distancias con ella. Porque si nadie nos representa y si nuestro voto no tiene la capacidad de decidir que políticas se aplican, el siguiente paso lógico es la necesidad de destruir nuestro sistema democrático por inútil. Si verdaderamente “lo llaman democracia y no lo es” (lo que, por cierto, dice bien poco de la sensibilidad que tenemos hacia la gente que vive bajo el yugo de las dictaduras) habrá que buscar aquello que si sea democracia. Entre los sectores presuntamente más radicales del 15-M el asamblearismo cumple esa función en el discurso y se presenta como la verdadera democracia del pueblo. Una apelación al pueblo que una vez más remite al discurso populista que está en el origen de muchos Estados totalitarios, algunos de los cuales se presentaban a si mismos como “democracias populares”. Pero por enorme que haya sido el impacto social y mediático del movimiento del 15-M, las asambleas no congregan más que a unos cientos de personas; unos pocos miles en el mejor de los casos. Y resulta una cifra ridículamente pequeña en comparación con los millones de ciudadanos que participan en las elecciones y que de ese modo legitiman nuestro sistema democrático. No parece muy sensato proclamar aquello de “no nos representan” dirigido a la clase política de nuestro país y al mismo tiempo arrogarnos la representación de la verdadera voluntad popular.

El movimiento del 15-M deberá repensar críticamente esa parte de su discurso si realmente quiere construir una sociedad donde se escuche más a los ciudadanos y donde exista un verdadero debate de ideas para solucionar los problemas. De lo contrario estará construyendo un tejido ideológico del que podría aprovecharse el populismo para pescar en río revuelto. Se trata de poner en valor el sistema democrático que nos hemos otorgado, no de deslegitimarlo más de lo que ya lo ha hecho una parte de la clase política. Máxime cuando vienen tiempos duros con una derecha que seguramente aplicará todas las recetas neoliberales sin importarle el deterioro de nuestro Estado del Bienestar. Nos podrán gustar más o menos nuestros políticos pero lo cierto es que no son todos iguales. Desgraciadamente la realidad nos demostrará una vez más que aun los hay peores.

El mito de los mercados

La idea que tenemos hoy de los mercados se parece muy mucho a la que los griegos tenían de sus divinidades en la antigüedad. Se trataría de unos entes autónomos con una lógica interna tan difícil de entender que se nos antoja arbitraria y que actuarían según los principios del beneficio particular. Del mismo modo obraban los dioses de los que nos hablaba Hesiodo en su Teogonía. Lo que caracterizaba a aquellas divinidades era su condición de poderosas, no de buenas. Y era con ese poder con el que organizaban un mundo que no siempre era justo pero que se sabía ordenado. La idea del bien común y la ética universal son más propias de los dioses posteriores de las religiones monoteístas que aun hoy conocemos.

El discurso que habla de la existencia de una guerra entre la política y los mercados que estarían ganando estos últimos tiene mucho de mítico. El problema surge cuando el mito se convierte en realidad a base de ser repetido. En los últimos días, por causa de la reforma constitucional que introduce un techo al déficit publico, se ha convertido en trending topic el hastag #mercadocracia que pone de manifiesto la sensación que tiene una parte de la ciudadanía de que la democracia ha sido sustituida por una “dictadura de los mercados”. Una de las virtudes de esta explicación es su capacidad para cargar las responsabilidades en un elemento ajeno a nosotros, en un enemigo sin rostro al que a pesar de todo podemos identificar con unos valores indeseables.

El mito tiende a dulcificar la realidad, a hacerla más digerible y menos complicada al entendimiento. La explicación de que los mercados han subyugado a la democracia se presenta como acabada, perfecta y sin fisuras. Pero la realidad es más compleja y probablemente más descorazonadora. No se trata tanto de que el poder financiero haya sustituido al político en las democracias liberales como de la victoria de una determinada política. Lo que se ha acabado imponiendo es la idea de que existe una única solución a los problemas basada en la ortodoxia neoliberal y desreguladora. Y ese es quizás uno de los mayores peligros de nuestro sistema.

Las democracias occidentales que conocemos hoy estaban, hasta el estallido de la burbuja financiera, basadas en la alternancia y competencia de dos tipos de políticas: la neoliberal y la socialdemócrata o socioliberal. Mientras la primera ponía el acento en la autorregulación y en la necesidad de un Estado delgado, la segunda basaba su discurso en la idea de un “capitalismo de rostro humano” donde el Estado del Bienestar pudiese garantizar una cierta igualdad de oportunidades y una protección a los sectores más desfavorecidos. Hoy los partidos socialdemócratas, incluso aquellos que habían gobernado desde posiciones más progresistas como en el caso de Zapatero, se han visto obligados a aplicar políticas desreguladoras y antisociales y han entrado en lo que seguramente es la mayor crisis de valores y de credibilidad de su historia. El resultado es la victoria del neoliberalismo como única política viable. Y eso supone un deterioro grave de la democracia, en tanto que el ciudadano ve imposible escoger entre distintas alternativas.

Pero los ciudadanos no somos inocentes en este proceso. En nuestro país, a pesar del surgimiento de un movimiento social de tanta envergadura como el del 15-M que cuestiona la ortodoxia económica y política, todo hace pensar que en las próximas elecciones la respuesta a las políticas neoliberales de la socialdemocracia será un neoliberalismo aun mayor. La más que posible victoria aplastante del PP supone una cierta legitimación democrática de las políticas desreguladoras del neoliberalismo. Lo problemático del discurso sobre los mercados y la política es que pone el foco en un enemigo al que podemos responsabilizar de todos los males obviando el papel de los ciudadanos como elementos legitimadores en las democracias.

Estos días somos muchos los que reclamamos un referéndum sobre la reforma constitucional pactada entre PP y PSOE. Es de justicia que se celebre cuando se trata de reformar nuestro principal texto legal que además siempre se nos había vendido como sagrado e intocable. Pero sería un tanto ingenuo pensar que de esa consulta pudiese surgir algo diferente del apoyo a una reforma promovida por los partidos mayoritarios. Cuando exigimos que se celebre un referéndum estamos solicitando una mayor legitimación democrática de la reforma constitucional. Y sería la enésima adhesión de los ciudadanos a unas políticas que socialmente son consideradas indeseables pero ineludibles. Luego diremos que los votantes están manipulados. O que no existe democracia porque los mercados la han hurtado. Y de tanto repetirlo acabaremos creyéndolo.

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