Sobre la consulta catalana

Con tanto debate acerca de la inconstitucionalidad de la consulta catalana del 9N se está pasando por alto un asunto crucial en cualquier referéndum: la pregunta. Cualquier sociólogo sabe que un plebiscito puede decantarse hacia uno u otro lado según se formule la pregunta. Y en el caso de Cataluña el diseño de la consulta no es inocente.

En la consulta catalana disponemos de dos preguntas. La primera de ellas sería “¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado?”, mientras que la segunda sería “¿Quiere que este Estado sea independiente?”. La particularidad es que la segunda de estas preguntas se contestaría solo en caso de responder afirmativamente a la primera. De lo cual se deduce que alguien que contestase no a la primera pregunta y respondiese en cualquier sentido a la segunda vería su papeleta declarada nula. Si de lo que hablamos es de consultar a los catalanes, no parece muy razonable impedir a un ciudadano que se pronuncie sobre si un futuro Estado catalán debería ser o no independiente por haber contestado que no desearía que Cataluña fuese un Estado. La exclusión de la segunda de las preguntas tiene poca o ninguna justificación desde el punto de vista procedimental.

Se dirá que no es razonable desear que Cataluña no sea un Estado pero al mismo tiempo desear que, en caso de serlo, sea independiente. Pero eso ya supone prejuzgar como tienen que responder los ciudadanos ante una cuestión tan crucial como la secesión de un territorio. Uno puede considerar que Cataluña debería seguir siendo una Comunidad Autónoma en la situación actual pero creer que debería ser independiente en el caso de que una mayoría desease que Cataluña se convirtiese en Estado. No hay incongruencia entre ambas respuestas en tanto que cada una de ellas contempla escenarios diferentes.

Pero además la formulación de las preguntas tiene un efecto nocivo para la calidad democrática de la consulta, ya de por si cuestionada por un sector de la opinión pública debido a su ilegalidad. Y es que siempre resulta más atractivo responder a dos preguntas que a una, del mismo modo que siempre es preferible para quien convoca la consulta defender la respuesta en afirmativo que en negativo. A efectos prácticos el 9N habrá dos referendos: uno para responder a la primera de las preguntas en la que participarán todos los catalanes y otro para responder a la segunda pregunta en el que solo están autorizados a participar los que contesten afirmativamente a la primera pregunta. ¿Tiene esto algún sentido desde el punto de vista formalmente democrático? Todo parece indicar que no.

La pregunta es, además, deliberadamente confusa. ¿La consideración de Estado no presupone un determinado grado de independencia de un territorio? ¿Se puede hablar stricto sensu de un “Estado dependiente”? Y en caso afirmativo, ¿dependiente de quién? ¿De España? ¿De la Unión Europea? ¿De la ONU? Y en todo caso, ¿no debería responder toda la sociedad española a la pregunta sobre si Cataluña debería ser un Estado dependiente (de España) en tanto que ello significaría transformar el diseño territorial español y no solo el catalán? Si es cierto –y lo es- que tan solo los catalanes tienen derecho a decidir sobre la secesión de su territorio, también lo es que una parte no puede decidir unilateralmente su modo de relacionarse con el todo.

Si lo que se pretendía con esta formulación era contemplar una especie de “tercera vía” entre la secesión y el statu quo, la pregunta debería haber sido más clara, incluso incluyendo explícitamente un concepto como el de federalismo. Se dirá entonces que no corresponde a los catalanes sino a los españoles en su conjunto decidir si España es o no un Estado federal. Y es cierto. Pero del mismo modo correspondería a España y no a Cataluña decidir si esta última se convierte en un Estado dependiente de la primera. Y si nos ponemos escrupulosos, legalmente correspondería al conjunto del soberano (esto es, la ciudadanía española) tomar cualquier tipo de decisión sobre el diseño territorial de Cataluña en tanto que parte de España. En todo caso no estaría de más saber si en Cataluña es mayoritaria la sensibilidad autonomista, la independentista o la federalista. Y la consulta no acaba de resolver bien esa cuestión.

Sobra señalar que los argumentos para negar la consulta que llegan desde Madrid (permítaseme la sinécdoque) son terriblemente limitados. Invocar una constitución elaborada en circunstancias muy particulares, cuestionada por algunos sectores sociales y que solo han votado los mayores de 57 años no parece un argumento de demasiado peso, especialmente cuando de lo que hablamos es de un proceso constituyente para Cataluña. Sorprende que tanto constitucionalista español se haya apresurado a censurar la consulta catalana apelando a su ilegalidad e ignorando que por definición en un proceso como éste el poder constituyente es incondicionado, es decir, no posee limites ni formales ni materiales ajenos a si mismo. No hay, por tanto, norma previa que pueda someter a un poder constituyente como el que se pretende establecer en Cataluña. Ni siquiera la Constitución Española. En todo caso estaríamos asistiendo a un conflicto entre un poder constituido (el de la nación española) y un poder constituyente (el de la nación catalana). Y todo indica que un poder constituyente que encuentre su legitimidad democrática en un referéndum celebrado hoy tendrá más valor, formal y material, que un poder constituido cuya legitimidad democrática surgió hace 36 años en medio del ruido de sables.

Si los gobernantes españoles fuesen suficientemente inteligentes habrían iniciado un profundo proceso de reforma constitucional refrendado en último término por los ciudadanos y que contemplase algún tipo de formulación federal para el diseño territorial español. Ese sería el único método para neutralizar el pulso independentista que llega de Cataluña. Porque, entonces sí, se podría invocar una constitución legitimada democráticamente y respetuosa con las particularidades territoriales, desactivando así parte del relato nacionalista. Y frente a un referéndum de reforma constitucional votado por todos, la consulta catalana se convertiría en poco más que una representación teatral de los sectores más recalcitrantes del independentismo y no en un grito de la sociedad catalana contra un Estado español que le hurta su capacidad de decidir.

Ante la actitud cerril del gobierno español, Artur Mas y sus socios han invocado un “derecho a decidir” al que es difícil oponerse sin ser sospechoso de antidemócrata. Pero el gobierno catalán ha perdido una oportunidad de oro para celebrar un referéndum impecablemente democrático en sus formas. La formulación torticera de las preguntas es un primer hándicap para hablar del 9N como un ejemplo de procedimiento democrático. Curiosamente el nacionalismo catalán se ha mirado en el espejo de Escocia o de Quebec, pero sin imitar la formulación clara y sin ambages de las preguntas de sus respectivas consultas.

Bien es cierto que el referéndum del 9N es meramente consultivo y sin eficacia legal. Pero su resultado será, sin lugar a dudas, fundamental para el futuro de las relaciones entre Cataluña y España. Está por ver, no obstante, que ocurre a partir de ahora. Ante la más que probable inconstitucionalidad de la consulta no sabemos si Artur Mas seguirá adelante con ella, aunque las presiones de sus socios parecen indicar que así será. Pero conviene no olvidarse de Unió Democrática de Cataluña, partido de Duran i Lleida con el que comparte coalición, que ha dicho por activa y por pasiva que solo aceptará la consulta si se ajusta a la legalidad. Ante una consulta ilegal y con un sector de la sociedad catalana opuesto a ella, parece difícil celebrar un referéndum de calidad. El futuro inmediato es incierto pero el escenario que se me antoja más probable es el de una consulta celebrada por y para el mundo independentista, sin participación de otros sectores de la sociedad catalana en las mesas electorales (lo que ya de por sí resulta muy problemático para la legitimidad democrática del referéndum) y con una participación más baja de lo previsto. Y este último punto no es baladí: ¿qué participación es necesaria para conocer la voluntad real de un pueblo? Si atendemos a los resultados del último referéndum celebrado en Cataluña, el de la aprobación del Estatut en 2006, la participación de menos de la mitad del censo electoral (concretamente un 48,85 %) no parece suficiente para certificar sin lugar a dudas la voluntad de los catalanes en un sentido u otro. Y conviene recordar que en aquella ocasión el plebiscito se celebró ajustándose a la legalidad y sin la oposición de un sector de la sociedad catalana, como sucede en este caso.

 Ocurra lo que ocurra, el choque de trenes entre España y Cataluña está garantizado para una temporada larga. Si nadie lo remedia antes (y tengo dudas de que no se haya cruzado ya el punto de no retorno) nacionalismos de un signo y de otro, liderados además por fuerzas conservadoras, izarán sus respectivas banderas e invocarán identidades, por más que ninguna de ellas sea excluyente. Se trata ya de una lucha de maximalismos donde las posturas más razonables, aquellas que tratan de construir puentes, están condenadas al fracaso toda vez que no hay voluntad de entendimiento entre las partes. De un lado el españolismo más carpetovetónico, incapaz de comprender que la sociedad catalana ansía un nuevo tipo de relación con España, mayores cotas de autogobierno y respeto por las señas de identidad propias. Del otro lado el catalanismo más tramposo, que ha dado el salto de la reclamación de un nuevo modelo de financiación a la soberanía, invocando un derecho de autodeterminación allá donde no existen condiciones objetivas para ello. Pero nos guste más o menos, existen condiciones subjetivas y un sector amplio de la ciudadanía catalana (está por saber su dimensión) ha abrazado un relato identitario donde, como en todo relato identitario, se mezcla realidad y ficción, agresión y victimismo, razón y sentimiento. Y ni siquiera el discurso más razonable y pragmático es capaz de desactivar aquel otro que apela a las vísceras, a la emoción, al himno y a la bandera. Pisamos terreno resbaladizo cuando los relatos identitarios, tanto en España como en Cataluña, invaden el terreno de la política, espacio que debería estar reservado para el diálogo y la razón y no para las lágrimas y la exaltación de las masas.

Papeleta 9N

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Published in: on 29 septiembre, 2014 at 15:53  Comments (4)  
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Juan Luis Cebrián, que te folle un pez

El que fuera director del diario El País y actual presidente del Consejo de Administración del Grupo Prisa, Juan Luis Cebrián, publicó el pasado domingo en su periódico un extenso artículo de opinión que lleva por título “¿Monarquía o República?: Democracia”. En el despliega todas sus armas dialécticas, de esas que pretenden manipular la realidad para acomodarla al deseo de uno mismo. Unas estrategias (des)informativas que bien podría haber aprendido Cebrián en su etapa como redactor jefe del diario Pueblo, propiedad del Sindicato Vertical, o como jefe de informativos de RTVE durante el franquismo.

Tendrán que disculparme mis lectores por el título grosero de este artículo. No cumple con los estándares mínimos de respeto que se le debería exigir a cualquier texto que pretenda rebatir una opinión ajena. El motivo de tal exabrupto no es que el artículo de Cebrián resulte insultante o sea indignante, que lo es. Incluso eso sería tolerable dentro de los parámetros de la opinión. Pero Cebrián comete en su artículo un crimen aun más grave: es tramposo. Juega sucio. Y a los tramposos difícilmente se les puede tratar como merecen ser tratados los jugadores honestos. Lo que procede es expulsarlos del tablero por desvirtuar las mínimas normas que deberían regir los debates sobre asuntos públicos.

Cuando uno escribe columnas de opinión pretende expresar su postura de la forma más clara posible para que esta sea tenida en cuenta en el debate sobre el asunto en cuestión. Como se ha encargado de señalar en su obra el filósofo alemán Jürgen Habermas, la razón es dialógica. Y para entablar ese diálogo reflexivo es imprescindible hacer uso de dos actitudes fundamentales: querer entender al otro y querer hacerse entender a uno mismo. Pero Cebrián utiliza el recurso más tramposo en estas lides, propio del peor de los sofistas, y tan antiguo como el mismo lenguaje: caricaturiza y distorsiona las opiniones ajenas para darle mayor entidad a las propias. Un recurso típico de los malos jugadores y de los tramposos: no discuto tus opiniones sino que ridiculizo lo que dices para que me sea más fácil rebatirlo.

Cebrián comienza su reflexión apelando a la sociología más ramplona: según las encuestas, dice, un porcentaje muy bajo de los españoles se muestran inquietos con la sucesión a la corona. En cambio, arguye, un 80% de los españoles señala que su principal inquietud es el desempleo. Fenomenal. Los datos son ciertos, de eso no hay duda. Pero la inferencia que hace Cebrián de ellos es torticera: según él, que la forma de jefatura de Estado no esté entre las prioridades de los ciudadanos indica que les resulta indiferente que en la cúspide del sistema constitucional se sitúe un monarca o un presidente de la república. Cebrián obvia, no obstante, un dato publicado por su propio diario: que el 62% de los ciudadanos desea que se celebre un referéndum para decidir entre monarquía o república. Pero ese dato parece ser baladí para el presidente del Grupo Prisa, no vaya a ser que estropee un buen argumento.

Cebrián pretende situarse en la equidistancia entre la derecha monárquica y la izquierda republicana, como si se tratara de un demiurgo situado más allá del bien y del mal. Pero su apología de la monarquía en España es delatada por la forma de retratar a sus críticos: “Para otros, entre los que sobresale Izquierda Unida, pretendida aliada del anarquismo suave rampante en nuestra sociedad, esta Monarquía parlamentaria es en realidad un apaño de las élites extractoras, responsables de la crisis financiera y económica que ha deteriorado y empobrecido a amplios sectores de la clase media.” Ante afirmaciones de tal calibre uno no puede sino hacerse algunas preguntas. ¿Es Izquierda Unida una “aliada del anarquismo suave rampante”? Tal sentencia merecería alguna explicación a modo ilustrativo, salvo que se pretenda señalar en la dirección de la ecuación IU=Caos. El ex director de El País parece señalar que aquellos que pretenden reformar las instituciones democráticas, en este caso la jefatura de Estado, tienen el oscuro objetivo de destruirlas. Pero Cebrián va más allá y remata el párrafo de la siguiente forma: “De donde infieren, en un salto acrobático de la inteligencia, que la única manera de evitar que continúen los desahucios a quienes no pagan las hipotecas sería un cambio de régimen.” Y es que el tramposo Cebrián se retrata cuando pone en boca de los dirigentes de la coalición tamaña soplapollez. ¿O es que algún líder de Izquierda Unida ha dicho en algún momento que una república acabaría automáticamente con todos los males que aquejan a nuestra sociedad? La república, sobra decirlo, no es ni de izquierdas ni de derechas y no presupone unas políticas determinadas.

Pero Cebrián no se queda ahí y en el siguiente párrafo insiste en la trampa: “Por si fuera poco, ahora que está en boga el derecho a decidir, exigen una consulta popular sobre el tema, reclamando así para las manifestaciones callejeras la representación de la soberanía popular.” No solo trata de confundir mezclando la consulta soberanista en Catalunya con un referéndum sobre la jefatura de Estado en este país. Por si acaso se encarga de recordarnos que “está en boga el derecho a decidir”, como si la democracia fuese una moda pasajera que incomoda al presidente del Grupo Prisa. Y él mismo realiza, esta vez si, un salto mortal acrobático argumental: “(…) exigen una consulta popular sobre el tema, reclamando así para las manifestaciones callejeras la representación de la soberanía popular.” Y suenan las alarmas de la inteligencia: Si exigen una consulta popular en las urnas, un referéndum, un plebiscito… ¿supone eso reclamar que las manifestaciones callejeras sean la representación de la soberanía popular? Parece, y lo es, contradictorio. Reclamamos que se consulte a los ciudadanos precisamente porque la soberanía popular se expresa en las urnas y no en manifestaciones callejeras. Ni tampoco, no está de más recordarlo, en artículos de opinión.

El autor continúa y no puede sino señalar lo evidente: “es obvio que las monarquías no son en absoluto instituciones democráticas en lo que se refiere a su funcionamiento interno”. Se merece sin duda un positivo en observación y análisis de las instituciones públicas. Pero remata con una loa cortesana a las virtudes de la jefatura de Estado hereditaria recordando que “en su versión parlamentaria amparan algunos de los regímenes más democráticos, libres y avanzados de la Tierra”. Cualquier lector despistado podría inferir, por tanto, que la jefatura de Estado monárquica es superior a la republicana en lo que respecta a la democracia, libertad y progreso. Pero se olvida de señalar Cebrián que también las repúblicas han albergado y albergan algunos de los regímenes más democráticos, libres y avanzados del mundo. Y lo contrario también es cierto: algunos de los regímenes políticos más indeseables que existen sobre la faz de la Tierra son, indistintamente, monarquías (algunas de ellas parlamentarias) o repúblicas. De lo cual podemos deducir que poco tiene que ver la jefatura de Estado de un país con la calidad de su democracia. Pero si la segunda parte de la sentencia es falaz, la primera es una verdad inapelable: “las monarquías no son en absoluto instituciones democráticas”. Cebrián dixit.

Cebrián ejerce, como ha venido haciendo tradicionalmente, de guardián de la ortodoxia constitucional (y neoliberal) en el PSOE. Y ahí va un aviso a navegantes: “En lo que se refiere a la izquierda, los socialistas que apresuradamente se apuntan a una consulta exclusiva sobre la forma de gobierno, olvidando otras más acuciantes carencias constitucionales, deberían aprender del historial de conflictos de su partido con los anarquismos de turno, siempre deseosos de arrebatarles el protagonismo de una revolución, hoy imposible, y ahora de las reformas solicitadas, tan necesarias como difíciles”. No vaya a ser que a alguno de los candidatos a la secretaría general del PSOE le de por dejarse seducir por los cantos de sirena del republicanismo, que es a ojos de Cebrián síntoma de un peligroso anarquismo revolucionario que parece ser una verdadera obsesión para el CEO del Grupo Prisa. Vete tú a saber por qué. Pero lo peor en este caso no es su papel de policía –antidisturbios- de la socialdemocracia y de tutor ideológico del próximo candidato socialista. Lo más lamentable de esta línea argumental es aquello de que “hay cosas más importantes”. Pues claro que las hay. Hay asuntos mucho más acuciantes que el de la jefatura de Estado y que también merecen una reforma, faltaría más. El desempleo, los desahucios o la pobreza son algunos de ellos. Pero hasta donde yo sé en democracia no existe un límite de reformas y abordar la cuestión de la jefatura de Estado no impide tratar otros asuntos. En todo caso ha sido el propio monarca con su abdicación el que ha puesto el foco de debate en la monarquía. Y si el momento de la sucesión no es el adecuado para abordar la cuestión de la jefatura de Estado no sabemos cual lo será. El argumento de “no toca”, “no es el momento” o “no es la prioridad” ha sido en demasiadas ocasiones la coartada de los poderes para abortar reformas necesarias y para perpetuar el statu quo.

Cebrián se despacha a gusto más tarde con aquellos que cuestionan el proceso sucesorio: “La inicial renuencia o el abierto rechazo de Convergència i Unió y de Izquierda Unida (heredera del Partido Comunista de España) a mostrarse coherentes con la ley que sus antiguos dirigentes redactaron y votaron es una patética prueba, una más, de la ausencia de liderazgo político en sus filas y de las inclinaciones populistas de quienes las encabezan”. Todo un canto al inmovilismo de los partidos políticos, que según la óptica de Cebrián deben sostener, casi cuarenta años más tarde, las posiciones que tuvieron en aquel proceso constituyente en el que el ruido de sables era ensordecedor. Como si no fuese otra generación la que hoy protagoniza la vida política en España. Una generación que, por cierto, no tuvo la posibilidad de refrendar en las urnas la actual Carta Magna. Pero Cebrián va aun más allá: cuestionar la monarquía es síntoma de falta de liderazgo y de populismo en los partidos políticos. Otra sentencia que deja sin explicación y que tenemos que tomar como dogma de fe, por más absurda que resulte.

Cebrián concluye su artículo abogando por una reforma constitucional. Se trata de rematar la operación que ha comenzado con la abdicación regia y que pretende darle un lavado de cara a nuestro sistema político bajo la premisa de “que todo cambie para que todo siga igual”. Esa parece ser la estrategia de las élites políticas y económicas para combatir una desafección ciudadana que ya es un problema muy grave para el mantenimiento del statu quo. Pero Cebrián remata la faena con una de sus trampas dialécticas: “Por supuesto la expresión de las redes sociales, las de los locutores de programas de entretenimiento político y, sobre todo, la de miles de manifestantes que exhiben con toda libertad su protesta, deben tenerse en cuenta. Pero no pueden sustituir, ni legal ni emocionalmente, a la voluntad democrática expresada en las urnas. No, si queremos evitar un suicidio colectivo.” Pues eso mismo, nada puede sustituir a la voluntad democrática expresada en las urnas. Ni la presunta estabilidad del sistema ni una constitución votada hace 36 años en unas circunstancias muy excepcionales pueden sustituir la voz de los ciudadanos expresada democráticamente. Por eso es imprescindible preguntarle a los españoles y las españolas si desean continuar con una monarquía parlamentaria en la figura de Felipe VI o quieren que la jefatura de Estado sea al fin verdaderamente democrática a través de un Presidente de la República votado por todos los ciudadanos. Ya no vale poner excusas.

Lo mejor del artículo del multimillonario Cebrián es que pretendiendo retratar a quienes exigimos un referéndum sobre la jefatura de Estado se ha retratado a si mismo. No es la primera vez que lo hace. No extraña, desde esa óptica, la deriva conservadora del diario El País en los últimos tiempos que ha provocado una sangría de lectores y la salida de un buen número de firmas de calidad, que han dejado de publicar en las páginas del periódico de Prisa a la vista de la derechización evidente de su línea editorial. De modo que no puedo sino reiterarme en mis mejores deseos para el que fuera director de El País: Juan Luis Cebrián, que te folle un pez. Y uno bien grande, a ser posible.

Cebrian

Published in: on 9 junio, 2014 at 13:48  Comments (2)  
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Reino Unido o Europa

Se venía rumoreando desde hace algún tiempo y hoy se ha confirmado. Cameron tiene la intención de convocar un referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea si gana las próximas elecciones en 2015. La noticia no sorprende, toda vez que en la sociedad británica hay fuerzas muy potentes que ejercen de muro de contención ante las tentativas comunitarias. Al otro lado del Canal de la Mancha la Unión Europea es vista con recelos por cuanto tiene de pérdida de soberanía del Estado. Y en estos tiempos de crisis económica el Reino Unido no quiere involucrarse en un proyecto que pretende avanzar, aunque sea tímidamente, en una unión política y fiscal que pueda entorpecer con regulaciones el negocio de la City londinense.

Los resultados de la consulta sobre la permanencia del Reino Unido son inciertos. La actitud de Europa sobre política económica, con sus líderes teutones a la cabeza, no ayuda a acercar posturas entre Londres y Bruselas. Pero todo hace pensar que la intención de Cameron con la convocatoria de referéndum no es sino forzar una renegociación de los Tratados para el Reino Unido, avanzando así en una suerte de asimetría que difícilmente puede tener cabida en un proyecto de Unión que quiera pensarse en un futuro como unos verdaderos Estados Unidos de Europa. Aunque tampoco está del todo claro que en la mente de los líderes de la Europa continental existan algo más que intereses nacionales –y nacionalistas- que están minando el proyecto comunitario.

La Unión Europea nació con mil y una malformaciones. La principal es su déficit democrático, que ha quedado dramáticamente patente en la imposición de políticas de hiperausteridad del Norte hacia el Sur. Pero también tiene sus virtudes y seguramente si no existiera habría que inventarla. Tras un siglo como el pasado salpicado por dos guerras mundiales que devastaron Europa y dejaron millones de cadáveres y desplazados en la cuna de Occidente, era más que necesario un proyecto que tratase de superar el interés particular en favor del general y que construyese una auténtica paz perpetua al modo kantiano. Cosa distinta es que se haya fracasado o no con tamaña empresa pero la realidad es que desde que se creara la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, lo que fuera el embrión de la actual UE, los conflictos armados entre países comunitarios se han reducido a cero. Asimismo la UE ha contribuido en los últimos tiempos a fortalecer los débiles derechos sociales de los países del Este de Europa que vivieron una traumática transición desde regímenes totalitarios a un capitalismo salvaje e inhumano. Y la posible integración futura de Turquía, que se encuentra con inexplicables resistencias entre las potencias europeas, podría abrir una ventana al mundo musulmán que sirviera de acicate para la democratización de algunos países de Oriente Medio y el Magreb.

Si el Reino Unido abandonase la Unión Europea el saldo para el proyecto comunitario sería muy probablemente positivo. Desde Downing Street se maneja una idea de construcción europea de baja velocidad, con tantos avances como retrocesos y con una concepción de la soberanía de los Estados más propia de Bodino o de Hobbes que del mundo interconectado en el que vivimos. La Europa de los ciudadanos, de los derechos y libertades y de la democracia es aun una quimera, pero con la piedra en el zapato de Cameron será un sueño aun más utópico e inalcanzable. Para construir esa Europa no necesitamos a un Reino Unido que jamás ha sido entusiasta del proyecto comunitario y que solo mira por sus propios intereses. Quizás fuera más útil abrir la puerta a los Estados que verdaderamente desean formar parte de la Europa unida: Turquía, Islandia, Macedonia, Serbia, Montenegro, Albania y Bosnia Herzegovina. Y de paso mostrarles el camino de salida a quienes entorpecen la senda hacia la unión política del Viejo Continente.

(Publicado en http://blogs.publico.es/xabel-vegas/)

Cameron

Published in: on 23 enero, 2013 at 13:25  Dejar un comentario  
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España, Catalunya y el poder constituyente

La manifestación de la Diada y los anuncios que en los últimos días ha hecho el Presidente de la Generalitat Artur Mas, referéndum incluido, han abierto un debate muy interesante sobre la posibilidad de secesión de una parte de España, sobre el derecho a decidir y sobre el papel de la Constitución Española en todo esto. Quienes se han manifestado contra las pretensiones de una parte de la sociedad catalana han remitido a nuestra Carta Magna para mostrar la ilegalidad de cualquier proceso secesionista. Pero ni siquiera esto es una verdad categórica. Uno de los elementos peculiares de nuestra constitución es que contempla la posibilidad de una reforma total del texto, sin líneas rojas, aunque con un proceso más complejo y agravado en lo que se refiere a la forma de Estado o a los derechos fundamentales. Cierto es que se trata de un procedimiento tan complejo y que requiere de mayorías tan abultadas que resulta cuando menos improbable que algo así pueda ocurrir en un horizonte cercano. Pero en sentido estricto nuestra constitución podría contemplar, mediante el procedimiento de reforma, casi cualquier cosa.

Una constitución es la norma suprema de un país, aquella que no esta sometida a ninguna otra ley de rango superior. Pero eso no quiere decir que no haya nada por encima de ella. El poder constituyente es previo al texto constitucional. Por su naturaleza se trata de un poder originario, extraordinario, permanente, indivisible y soberano, es decir, no hay nada ajeno a él que lo limite. Además del poder constituyente originario, que es aquel que elabora la constitución, existe también un poder constituyente derivado, que es aquel que reforma la constitución y por tanto ha de estar limitado por los propios mecanismos que el texto original establece para su transformación.

En España el poder constituyente originario tiene algunas debilidades. En primer lugar se trata de un poder que se manifestó en una época muy concreta de la historia de España, tras una dictadura militar que duró cuatro décadas y bajo algunas presiones de poderes fácticos y ruido de sables. No es que esto deslegitime en su totalidad el texto constitucional, ni mucho menos. Pero al menos habrá que convenir que la situación que vivía España en plena Transición es muy diferente a la que hoy vivimos. Por otro lado ningún español menor de 52 años pudo votar la Constitución. Y aunque es cierto que ningún país del mundo refrenda su constitución cada generación, no es menos cierto que las circunstancias sociopolíticas en las que se elaboró la nuestra merecen al menos una reflexión sobre su adecuación a los tiempos y al sentir de los ciudadanos.

Pero además del poder constituyente originario y derivado de nuestra Constitución, podría darse la situación de que en Catalunya, o en cualquier otro de los pueblos que hoy forman parte del Estado Español, se creara un nuevo poder constituyente que expresase una voluntad secesionista y elaborase un texto constitucional de un nuevo Estado. Desde luego es un escenario improbable a medio plazo pero no es descartable. En tal caso de nada valdría hablar de legalidad o ilegalidad de tal proceso ya que el poder constituyente originario no está sometido a ley alguna. Lo que se produciría, en todo caso, sería un choque de dos poderes constituyentes de distinto signo: uno de corte secesionista y otro de carácter unionista. Pero este último poder constituyente, el de la España unida, se encuentra hoy debilitado democráticamente.

De todo ello se deduce que sería necesaria una reforma constitucional valiente, que abordase el diseño territorial de España con negociación y buscando acuerdos amplios, que adecuase la norma suprema a la realidad social de nuestro país y que renovase y fortaleciese la voluntad popular. En tal caso parece que la fórmula federal sería la más adecuada a la realidad española, en tanto que podría generar, con voluntad política, mayores consensos o al menos menores oposiciones de las posturas más encontradas. No dejaría de haber secesionistas y centralistas, pero al menos en el debate con un poder constituyente separatista podríamos plantear como alternativa otro poder constituyente integrador, respetuoso con la voluntad de cada pueblo y con un apoyo popular renovado. De lo contrario parece difícil negarles a los catalanes su derecho a decidir si quieren o no formar un Estado propio. Al menos desde posturas verdaderamente democráticas.

(Publicado en http://blogs.publico.es/xabel-vegas/)

Referendum Constitucional

Published in: on 27 septiembre, 2012 at 10:59  Comments (1)  
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Implicaciones políticas del referéndum griego

El discurso de un sector de los medios de comunicación y de la clase política europea ante el anuncio del referéndum griego es sencillamente intolerable. Se insinúa, cuando no se dice abiertamente, que los ciudadanos griegos deberían estar agradecidos a la Unión Europea por unas ayudas y una quita de la deuda que tienen como contrapartida unos recortes brutales que condenará a la sociedad griega durante años a un deterioro progresivo de su Estado del Bienestar. Nada se dice de los altos ejecutivos de Goldman Sachs que ahora copan puestos de responsabilidad en el Banco Central Europeo. Nada se menciona sobre los bancos franceses y alemanes que han tratado de especular con la deuda griega. Se habla, eso si, acerca de como el anterior ejecutivo griego, de signo conservador, mintió sobre el verdadero estado de sus cuentas públicas. Pero nada se comenta sobre las agencias de rating que no detectaron ese maquillaje financiero, bien por una espectacular ineficacia o bien por otros motivos más oscuros.

Pero más allá de la cuestión económica y de las incertidumbres que la convocatoria del referéndum pudiera generar en los mercados, la situación tiene implicaciones claras para la política europea. Por un lado se tambalea el concepto de soberanía no solo en los Estados sino en la propia Unión Europea. Si se resta legitimidad a un referéndum sobre un programa de ayudas que va a condenar a la sociedad griega a una bancarrota perpetua porque su decisión implica también al resto de los Estados miembros que pueden ver afectada su situación económica, habrá que colegir que tampoco las decisiones tomadas en la eurozona tienen legitimidad en tanto que Francia y especialmente Alemania detentan la autoridad efectiva sobre un territorio de 320.000.000 de personas. Si la soberanía griega no puede tomar decisiones en exclusiva que afecten a sus socios europeos, tampoco la soberanía alemana o la francesa debieran poder hacerlo

La pertenencia a la Unión Europea supone una cierta cesión de soberanía. Pero la soberanía se cede a unas instituciones comunitarias que deberían ser colegiadas, no a un gobierno de un Estado miembro, por muy importante que este sea. El proyecto de una Europa unida debiera avanzar hacia el concepto de soberanía compartida. Lo contrario, la situación actual, supone una jerarquía de países en la que Francia y Alemania se sitúan en la cúspide y actúan como un gobierno de facto. Ni siquiera se han preocupado en escenificar una toma de decisiones democrática que pase por las instituciones comunitarias. Las informaciones sobre la Comisión o sobre el Parlamento Europeo han desaparecido a favor de las cumbres franco-alemanas, lo cual da buena cuenta del grado de deterioro del concepto político de Europa.

Otro asunto que se esta cuestionando al calor de la crisis y de la situación griega es la relación entre los ciudadanos y sus instituciones nacionales. Los ciudadanos se han convertido en responsables subsidiarios de la mala praxis económica de sus gobiernos. Pero realmente son las instituciones supranacionales quienes tiene los instrumentos para fiscalizar las decisiones de los Estados y de los mercados y su impacto en la economía global. Y una vez más o bien no han sabido o no han querido hacerlo. El directorio franco-alemán se ha cargado en apenas unos años el concepto de la Europa de los Ciudadanos y de la solidaridad comunitaria. Si es cierto que los griegos no tienen legitimidad para tomar una decisión que afecta a todos los europeos también debería ser cierto que los sacrificios que están haciendo los ciudadanos griegos deberían ser repartidos entre todos los miembros de la eurozona. En eso y no en otra cosa consiste la solidaridad. Se trata no solo del reparto de la riqueza sino también del reparto de los sacrificios.

El anuncio de la convocatoria del referéndum griego es un intento de Papandreu de legitimarse políticamente. Toda vez que el gobierno heleno ha sido despojado por Francia y Alemania de su potestas en nombre de la estabilidad de los mercados, las urnas puede darle la auctoritas suficiente para presentarse ante las instituciones supranacionales como algo más que un funcionario europeo que debe acatar las órdenes de sus superiores. Si a eso le sumamos la delicada situación política interna y datos inquietantes como el relevo fulminante de toda la cúpula militar, se entiende bien la necesidad de Papandreu de buscar una salida hacia delante. Sea como fuere y mientras no se avance hacia una democratización en la toma de decisiones en la Unión Europea, los griegos tienen derecho a decidir si aceptan unas ayudas económicas que van a someter a Atenas a unos recortes espartanos que sufrirán, como no, quienes menos responsabilidad tienen en la situación económica.

Published in: on 3 noviembre, 2011 at 12:41  Comments (2)  
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El mito de los mercados

La idea que tenemos hoy de los mercados se parece muy mucho a la que los griegos tenían de sus divinidades en la antigüedad. Se trataría de unos entes autónomos con una lógica interna tan difícil de entender que se nos antoja arbitraria y que actuarían según los principios del beneficio particular. Del mismo modo obraban los dioses de los que nos hablaba Hesiodo en su Teogonía. Lo que caracterizaba a aquellas divinidades era su condición de poderosas, no de buenas. Y era con ese poder con el que organizaban un mundo que no siempre era justo pero que se sabía ordenado. La idea del bien común y la ética universal son más propias de los dioses posteriores de las religiones monoteístas que aun hoy conocemos.

El discurso que habla de la existencia de una guerra entre la política y los mercados que estarían ganando estos últimos tiene mucho de mítico. El problema surge cuando el mito se convierte en realidad a base de ser repetido. En los últimos días, por causa de la reforma constitucional que introduce un techo al déficit publico, se ha convertido en trending topic el hastag #mercadocracia que pone de manifiesto la sensación que tiene una parte de la ciudadanía de que la democracia ha sido sustituida por una “dictadura de los mercados”. Una de las virtudes de esta explicación es su capacidad para cargar las responsabilidades en un elemento ajeno a nosotros, en un enemigo sin rostro al que a pesar de todo podemos identificar con unos valores indeseables.

El mito tiende a dulcificar la realidad, a hacerla más digerible y menos complicada al entendimiento. La explicación de que los mercados han subyugado a la democracia se presenta como acabada, perfecta y sin fisuras. Pero la realidad es más compleja y probablemente más descorazonadora. No se trata tanto de que el poder financiero haya sustituido al político en las democracias liberales como de la victoria de una determinada política. Lo que se ha acabado imponiendo es la idea de que existe una única solución a los problemas basada en la ortodoxia neoliberal y desreguladora. Y ese es quizás uno de los mayores peligros de nuestro sistema.

Las democracias occidentales que conocemos hoy estaban, hasta el estallido de la burbuja financiera, basadas en la alternancia y competencia de dos tipos de políticas: la neoliberal y la socialdemócrata o socioliberal. Mientras la primera ponía el acento en la autorregulación y en la necesidad de un Estado delgado, la segunda basaba su discurso en la idea de un “capitalismo de rostro humano” donde el Estado del Bienestar pudiese garantizar una cierta igualdad de oportunidades y una protección a los sectores más desfavorecidos. Hoy los partidos socialdemócratas, incluso aquellos que habían gobernado desde posiciones más progresistas como en el caso de Zapatero, se han visto obligados a aplicar políticas desreguladoras y antisociales y han entrado en lo que seguramente es la mayor crisis de valores y de credibilidad de su historia. El resultado es la victoria del neoliberalismo como única política viable. Y eso supone un deterioro grave de la democracia, en tanto que el ciudadano ve imposible escoger entre distintas alternativas.

Pero los ciudadanos no somos inocentes en este proceso. En nuestro país, a pesar del surgimiento de un movimiento social de tanta envergadura como el del 15-M que cuestiona la ortodoxia económica y política, todo hace pensar que en las próximas elecciones la respuesta a las políticas neoliberales de la socialdemocracia será un neoliberalismo aun mayor. La más que posible victoria aplastante del PP supone una cierta legitimación democrática de las políticas desreguladoras del neoliberalismo. Lo problemático del discurso sobre los mercados y la política es que pone el foco en un enemigo al que podemos responsabilizar de todos los males obviando el papel de los ciudadanos como elementos legitimadores en las democracias.

Estos días somos muchos los que reclamamos un referéndum sobre la reforma constitucional pactada entre PP y PSOE. Es de justicia que se celebre cuando se trata de reformar nuestro principal texto legal que además siempre se nos había vendido como sagrado e intocable. Pero sería un tanto ingenuo pensar que de esa consulta pudiese surgir algo diferente del apoyo a una reforma promovida por los partidos mayoritarios. Cuando exigimos que se celebre un referéndum estamos solicitando una mayor legitimación democrática de la reforma constitucional. Y sería la enésima adhesión de los ciudadanos a unas políticas que socialmente son consideradas indeseables pero ineludibles. Luego diremos que los votantes están manipulados. O que no existe democracia porque los mercados la han hurtado. Y de tanto repetirlo acabaremos creyéndolo.

Sobre la democracia participativa

En los últimos meses he podido escuchar numerosas opiniones sobre la necesidad de avanzar hacia una democracia participativa frente a la democracia representativa actual, que sería insuficiente e imperfecta. Huelga decir que el desgaste de nuestra clase dirigente en un régimen con poco más de 30 años de existencia merece una reflexión profunda sobre los límites de nuestro sistema democrático y el papel que el ciudadano debería jugar en él. La desconfianza que los políticos generan en la sociedad es un problema de primer orden y un síntoma de que algo se está pudriendo en las raíces de nuestro Estado. Si hasta ahora España parecía vacunada de la lacra del populismo, la proliferación del discurso de que “todos los políticos son iguales” puede hacernos temer lo contrario.

No hay duda de que sería deseable una mayor implicación del ciudadano en la vida pública. Y es cierto que quizás nuestra democracia no haya sabido crear los cauces suficientes para que ello ocurra. Pero no está de más pensar críticamente la sacralización del concepto “democracia participativa” que se puede detectar en algunos sectores de jóvenes activistas. Se citan instrumentos como los referendos o las Iniciativas Legislativas Populares como herramientas para avanzar en una democracia más participativa. ¿Pero la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones conduce necesariamente a un sistema más democrático? La respuesta es no.

Es habitual que quienes defienden sin ambigüedades el concepto de democracia participativa pongan de ejemplo experiencias como las de Porto Alegre, Marinaleda o Islandia. Se trata de experimentos locales (aunque Islandia es un Estado, su población es poco mayor que la de Córdoba) que se han convertido en modelos a base de ocultar sus consecuencias más problemáticas y exagerar sus beneficios. Por otro lado, como ha señalado Giovanni Sartori, es necesario diferenciar entre micro y macrodemocracia y no pretender a gran escala lo que parece haber funcionado a pequeña escala.

Cuando se habla de democracia participativa rara vez se cita una de las experiencias más significativas: la de California. En la pasada década se celebraron hasta 74 referendos sobre los temas más variopintos, si bien la mayoría trataban asuntos fiscales. El resultado es que todos los analistas advierten del problema de gobernabilidad que el recurso a los referendos ha generado en California. Si la iniciativa de la senadora demócrata Loni Hancock prospera, en 2012 se presentará a consulta popular la eliminación de la pena de muerte en California. Y eso, en un Estado con un 70% de la población a favor de ella según las últimas encuestas, no parece muy positivo desde el punto de vista democrático. Los ciudadanos de otro Estado norteamericano, Wisconsin, recomendaron a sus legisladores a través de un referéndum recuperar la pena de muerte abolida en 1853.

En un país como Suiza, donde el referéndum está recogido constitucionalmente y en pleno ejercicio desde 1874, se decidió en 2009 a través de este método la prohibición de los minaretes en las mezquitas. Curiosamente de los 180 centros de culto musulmanes que existen en el país helvético tan solo cuatro tienen minaretes. En nuestro país algunas de las Iniciativas Legislativas Populares que mayor acogida han tenido son aquellas que reclamaban el endurecimiento del Código Penal e incluso la cadena perpetua al calor de crímenes horrendos como el de la niña Mari Luz Cortés.

La democracia no puede ser un sistema puramente formal, un juego de mayorías y minorías. Hay valores intrínsecos a los sistemas democráticos que debieran servir como límites materiales. Unos límites que son tanto o más importante que la participación del ciudadano del que, por cierto, no sabemos si quiere participar ni hasta donde. Dejar toda decisión al arbitrio popular supone la traslación a la política del relativismo moral. Por otro lado la decisión solitaria de un individuo puede estar determinada por la desinformación, la manipulación o los prejuicios. Y no está sometida a los controles políticos, mediáticos, populares y legislativos que vigilan la labor de los gobernantes en las democracias.

La democracia representativa ha demostrado que tiene grandes limitaciones. Es necesario avanzar hacia un sistema donde el ciudadano tenga un lugar más determinante y mayor capacidad de decisión más allá de las elecciones. Pero la democracia participativa es una solución no exenta de problemas; algunos muy graves. Para construir un régimen que satisfaga, al menos en parte, las expectativas de la ciudadanía es necesario conjugar representación y participación. Y huir de fórmulas mágicas y de construcciones artificiales acerca de una sociedad capaz de participar y de movilizarse cuando la situación lo requiere. Pero también capaz de elegir una y otra vez a seres corruptos y reaccionarios como representantes políticos.

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