Graffiti y políticas públicas

El graffiti forma ya parte del paisaje urbano de las grandes ciudades. En realidad se trata de un fenómeno que hunde sus raíces en la historia. En Pompeya se han encontrado numerosas pintadas, muchas de ellas con sentencias groseras (“Lucilla hizo dinero con su cuerpo”) o con imágenes fálicas. Otros muchos contenían fragmentos de poemas o declaraciones de amor. Hoy observamos todos ellos con admiración, como si fuese un mensaje en una botella que nos llega del pasado. De un pasado del ser humano común. Pero es muy probable que en su época se entendiera el graffiti como muchos lo entienden hoy: un acto de vandalismo y un atentado contra la propiedad privada. 

Aunque el graffiti siguió existiendo en casi todas las épocas de la historia hasta el presente, no fue hasta los años 70 del pasado siglo cuando pintar los muros de las ciudades se convirtió en un fenómeno cultural en toda regla. La cultura hip hop convirtió el graffiti en una auténtica seña de identidad. Pero a la vez también lo hizo cada vez más complejo y más elaborado. Frente al mensaje (que pervivió con la pintada política) los graffiteros ponían en valor principalmente la estética, la técnica, la calidad artística…

No cabe duda de que el graffiti es una forma de expresión conflictiva. Su propia existencia se basa en parte en su condición de ilegal. La persecución policial, lejos de disuadir, en muchos casos se convierte en un verdadero incentivo para el graffitero. La adrenalina es un incentivo para el spray. Por eso a veces resultan un tanto ingenuas las propuestas, siempre bienintencionadas, de dedicar muros en las ciudades para que se elaboren “graffitis legales”. Si bien tal medida puede tener interés desde el punto de vista artístico, difícilmente va a resultar útil para acabar con el graffiti, una subcultura que precisamente se mueve en los márgenes de la ley. Muralismo y graffiti no son lo mismo. Y entender las diferencias éticas y estéticas entre uno y otro fenómeno seguramente nos ahorrará mucha frustración a la hora de abordar el problema. 

Los graffitis, tags, pintadas, etc, pueden observarse desde muchas perspectivas diferentes. Pero en sus extremos encontramos dos: la de quien considera que el graffiti es sencillamente vandalismo y la de aquellos otros que consideran que es una forma de expresión artística, de arte urbano, que le da vida e identidad a unas ciudades cada vez más indistinguibles por la globalización.

Por supuesto, ambas posturas parten de lugares y consideraciones diferentes. El ciudadano molesto por los graffitis, que exige medidas más duras -policiales y judiciales- contra los artistas urbanos, tiene un mejor acceso al poder político y a los medios de comunicación. Su discurso está más prestigiado. Pero en parte no le falta razón y conviene ser comprensivos: muchos particulares gastan cada año miles de euros en limpiar pintadas en sus propiedades, que se suman al enorme gasto que dedican los ayuntamientos para esta partida, que pagamos todos y todas vía impuestos.  

Por el contrario, quienes entienden que los graffitis pueden ser -y de hecho son- fenómenos artísticos y culturales a los que prestar atención más allá de lo punitivo a veces son representados como apologetas del vandalismo, si bien se trata de una caracterización malintencionada. Rara vez encontrará eco en los centros de poder, más allá de algunos museos que han sabido comprender la importancia cultural e incluso antropológica del arte urbano. 

El poder político (casi siempre por convencimiento, pero en ocasiones también por miedo al vecino enfadado y a la pérdida de votos) casi siempre se ha puesto del lado del ciudadano que entiende el graffiti como vandalismo. Y de ese modo ha renunciado a una de las tareas más importantes para las instituciones públicas: mediar ante los conflictos y tender puentes ante posturas aparentemente tan distanciadas como las que nos ocupan. No se trata en absoluto de negar el carácter intrínsecamente conflictivo y problemático del graffiti, que genera malestar y un enorme gasto para las arcas públicas. Tampoco consiste en tratar de “domar” al graffitero. Se trata, por el contrario, de transformar la mentalidad de unos y otros, vecinos y graffiteros, para que hagan un ejercicio de empatía mutua y encuentren puntos en común que faciliten la convivencia. 

Buena parte del malestar que genera el graffiti en muchos ciudadanos tiene más relación con el contexto que con la pieza misma. Para entender cómo opera nuestra mirada a la hora de percibir las pintadas, basta echar un vistazo a los cubos de basura del distrito Centro de Madrid. Cubos de basura que el ayuntamiento asigna a cada comunidad de vecinos, que deben sacarlo a la vía pública y retirarlo de la misma a unas horas determinadas. Como todos los cubos son similares, muchas comunidades de vecinos han decidido pintar en ellos, con spray, su número de portal. De esa manera no se confunde el cubo propio con el ajeno. Nadie, hasta donde sabemos, considera tal marca como una forma de vandalismo ni conocemos que se hayan cursado denuncias contra dichas comunidades de vecinos, a pesar de que dichas pintadas están realizadas en bienes públicos. Y sorprende que a ningún gobernante municipal -o a ninguna comunidad de vecinos- se le haya ocurrido la posibilidad de encargar a graffiteros profesionales que decoren los cubos de basura con el fin de distinguir unos de otros. Sería una hermosa medida que además le daría color a unas calles repletas de cubos grises, muchas veces sucios y pintarrajeados de mala manera. 

Basta echar un vistazo a las políticas públicas municipales contra el fenómeno del graffiti en grandes ciudades alrededor del mundo para darse cuenta de que las medidas que pretenden abordarlo exclusivamente desde el punto de vista policial y punitivo están condenadas al fracaso. Ninguna metrópoli ha logrado ni siquiera mitigar el fenómeno del graffiti con ese tipo de fórmulas. Y en los pocos casos en los que ha habido un tímido resultado positivo, ha sido a costa de generar mayores males de los que se pretende combatir: políticas particularmente autoritarias, como las de Giuliani en Nueva York, que aumentaron exponencialmente la población reclusa de la ciudad y ensancharon la brecha de desigualdad entre los barrios ricos y los pobres. 

Nadie puede negar, no obstante, que la policía deba perseguir el graffiti en la medida en que se trate de una práctica delictiva. Pero hacen falta políticas públicas imaginativas que vayan más allá de la porra y los grilletes. Políticas capaces de integrar el arte urbano en la cultura de la ciudad y de crear una suerte de código de buenas prácticas del artista urbano. La policía reacciona ante los problemas, pero en ningún caso los previene. Tienen que ser otro tipo de políticas, de carácter integral, las que aborden la cuestión y mitiguen sus derivadas más conflictivas.  

Uno de los grandes problemas del graffiti en los últimos lustros ha sido la falta de criterio. Por cada buen graffiti, artísticamente valioso y realizado en un lugar adecuado, existen cien graffitis de mala calidad en espacios inadecuados y conflictivos. Paradójicamente uno de los elementos que ha contribuido a esa baja calidad han sido las medidas destinadas a combatirlo. Cuando las cámaras de videovigilancia se popularizaron en nuestras calles, el resultado fue la proliferación de tags: firmas realizadas con un solo trazo, en apenas unos segundos. El graffitero ya no pintaba donde quería, sino donde podía. Y lo hacía de forma masiva. Ya no se trataba de realizar un graffiti de calidad, algo que requería más tiempo y más riesgo de ser detenido, sino de colocar la firma propia en cualquier sitio que fuese posible. La cantidad se imponía a la calidad. Y se perdía además el elemento colaborativo de los grandes y elaborados graffitis de antaño, puesto que cada tag es individual e intransferible. 

Los protagonistas del fenómeno de los tags son habitualmente adolescentes en su primera incursión en el fenómeno del arte urbano. Ninguno de ellos ha sido educado en el valor del espacio público. Un espacio público que el buen graffiti, lejos de vandalizar, se encarga de poner en valor. Tampoco han sido educados en criterios de calidad. No han tenido referentes, figuras de autoridad, capaces de transmitirles dónde, cuándo y cómo pintar. 

No es necesario ser un experto en arte urbano para diferenciar el graffiti de calidad, realizado por artistas con experiencia y criterio, de aquel otro realizado por adolescentes que no han sido introducidos en los códigos de conducta de la old school. Poner en valor a los graffiteros experimentados y convertirlos en mentores de los más jóvenes es un objetivo del que bien podrían responsabilizarse las instituciones públicas. La escuela, los centros culturales y los centros juveniles son magníficos espacios para ese trasvase intergeneracional de conocimientos, tanto técnico como estético, y para elaborar un código de buenas prácticas y unos mínimos criterios artísticos. 

Es bien sabido que la mejor manera de combatir un mal graffiti, de baja calidad y realizado en un espacio poco adecuado, es un buen graffiti pintado en un lugar apropiado y con sentido artístico. Habitualmente allá donde los cierres de los comercios son encargados a graffiteros profesionales, se realizan pocos graffitis en las inmediaciones. El artista urbano busca habitualmente un lugar donde destacar y procura no pintar allá donde va a ser opacado por otro graffitero de mejor calidad. Por otro lado pintar los cierres de los comercios y otros espacios similares que son feos por naturaleza (como las vallas de las obras o los propios contenedores de basura) parece que podría ser algo deseable, tanto como medida de autoprotección contra el mal graffiti como desde el punto de vista de la construcción de una ciudad más viva y más hermosa. No son pocas las ciudades que han descubierto las virtudes de decorar parte de su mobiliario urbano con graffitis y que incluso realizan concursos y certámenes cada año. Y también muchos comerciantes se han sumado a la tendencia a decorar sus cierres. 

Los poderes públicos tienen la responsabilidad -y yo diría que la obligación- de construir diálogo allá donde solo hay conflicto. No es una tarea sencilla y requiere una mirada a largo plazo que a veces excede los tiempos de los sistemas democráticos, en los que el gobernante piensa en términos de legislatura. Además se expone a algunos agentes sociales que recurren al hombre de paja y a las fake news: si el político asegura que las medidas policiales, por sí solas, no solucionan el problema, siempre habrá quien pretenda difundir que está defendiendo el vandalismo y promoviendo las pintadas indiscriminadas. Poco se puede hacer ante esos agentes de la intoxicación. Pero desde luego conviene no acobardarse ni plegarse a la parte más reaccionaria de la sociedad que cree que cualquier problema se soluciona siempre con más policía. Algo de sobra desmentido por la realidad.

Por el contrario, el político tiene el reto de construir espacios de diálogo allá donde no existen. Que los vecinos y los artistas urbanos, junto con otros actores sociales (policía, museos, comunidades escolares, etc) se reúnan, se escuchen y se pongan en el lugar del otro es una medida audaz, que contribuye a crear comunidad y que puede atenuar la agresividad de las partes a la hora de abordar el problema. Entender el barrio como un espacio donde es posible abordar los problemas desde el diálogo (social, cultural, intergeneracional…) es quizás uno de los objetivos más virtuosos que puede tener el político municipalista. 

En torno al graffiti, abundan las generalizaciones, los discursos maximalistas y los argumentos de brocha gorda, nunca mejor dicho. Abunda también el recurso a la sinécdoque, esto es, tomar la parte por el todo. De la misma manera que no toda pintada es una expresión artística, no todo graffiti es vandalismo, incluso aunque se realice en un espacio privado o ilegal. Muchos de los que hoy braman contra los graffitis estarían encantados de tener una pieza de Bansky en sus muros que revalorizara su propiedad. No son pocos los artistas de los que hoy disfrutamos en museos que comenzaron su andadura artística pintando los muros de la ciudad y escapando de la policía. Muchas pintadas ilegales se han acabado convirtiendo en auténticos iconos de una época o un lugar, como es el caso del Muro de Berlín.

Por supuesto, no todos los artistas urbanos son Bansky, Basquiat o Keith Haring. Pero quizás si pusiéramos más empeño en que el arte urbano se estudie en las escuelas (algo que ya se hace, aunque de manera muy epidérmica), lograríamos más figuras destacadas. No cabe duda de que muchos graffiteros poseen un enorme talento que en ocasiones parece desaprovechado. Y algunas ciudades se han dado cuenta de este fenómeno, creando incluso becas para graffiteros condenados, que han acabado labrándose una carrera profesional legítima con el arte urbano. No se trata de premiar a los graffiteros, sino de tratar de reencauzar el talento en beneficio de la sociedad y que no acabe recluido tras unos barrotes. Pero siempre habrá quien considere las condenas como castigos y quien olvide el principio de resocialización de las penas consagrado en el artículo 25.2 de nuestra Constitución. Una perspectiva que curiosamente vuelven a recordar cuando el penado es un hijo, un hermano, una pareja…

Por último, una obviedad: la principal tarea de las instituciones municipales consiste en mantener el espacio público en buenas condiciones. Algo que, desgraciadamente, no siempre sucede. Calles sucias, contenedores rebosantes y malolientes, aceras estrechas y pavimentos descascarillados operan, de forma a veces inconsciente, como alicientes para pintar la ciudad y tratar de darle belleza, o al menos identidad, a un espacio degradado y del que las autoridades públicas parece haberse desentendido. ¿Cómo exigir a un joven que tenga cuidado con el espacio público cuando son sus mayores los primeros que lo degradan?