Sobre la consulta catalana

Con tanto debate acerca de la inconstitucionalidad de la consulta catalana del 9N se está pasando por alto un asunto crucial en cualquier referéndum: la pregunta. Cualquier sociólogo sabe que un plebiscito puede decantarse hacia uno u otro lado según se formule la pregunta. Y en el caso de Cataluña el diseño de la consulta no es inocente.

En la consulta catalana disponemos de dos preguntas. La primera de ellas sería “¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado?”, mientras que la segunda sería “¿Quiere que este Estado sea independiente?”. La particularidad es que la segunda de estas preguntas se contestaría solo en caso de responder afirmativamente a la primera. De lo cual se deduce que alguien que contestase no a la primera pregunta y respondiese en cualquier sentido a la segunda vería su papeleta declarada nula. Si de lo que hablamos es de consultar a los catalanes, no parece muy razonable impedir a un ciudadano que se pronuncie sobre si un futuro Estado catalán debería ser o no independiente por haber contestado que no desearía que Cataluña fuese un Estado. La exclusión de la segunda de las preguntas tiene poca o ninguna justificación desde el punto de vista procedimental.

Se dirá que no es razonable desear que Cataluña no sea un Estado pero al mismo tiempo desear que, en caso de serlo, sea independiente. Pero eso ya supone prejuzgar como tienen que responder los ciudadanos ante una cuestión tan crucial como la secesión de un territorio. Uno puede considerar que Cataluña debería seguir siendo una Comunidad Autónoma en la situación actual pero creer que debería ser independiente en el caso de que una mayoría desease que Cataluña se convirtiese en Estado. No hay incongruencia entre ambas respuestas en tanto que cada una de ellas contempla escenarios diferentes.

Pero además la formulación de las preguntas tiene un efecto nocivo para la calidad democrática de la consulta, ya de por si cuestionada por un sector de la opinión pública debido a su ilegalidad. Y es que siempre resulta más atractivo responder a dos preguntas que a una, del mismo modo que siempre es preferible para quien convoca la consulta defender la respuesta en afirmativo que en negativo. A efectos prácticos el 9N habrá dos referendos: uno para responder a la primera de las preguntas en la que participarán todos los catalanes y otro para responder a la segunda pregunta en el que solo están autorizados a participar los que contesten afirmativamente a la primera pregunta. ¿Tiene esto algún sentido desde el punto de vista formalmente democrático? Todo parece indicar que no.

La pregunta es, además, deliberadamente confusa. ¿La consideración de Estado no presupone un determinado grado de independencia de un territorio? ¿Se puede hablar stricto sensu de un “Estado dependiente”? Y en caso afirmativo, ¿dependiente de quién? ¿De España? ¿De la Unión Europea? ¿De la ONU? Y en todo caso, ¿no debería responder toda la sociedad española a la pregunta sobre si Cataluña debería ser un Estado dependiente (de España) en tanto que ello significaría transformar el diseño territorial español y no solo el catalán? Si es cierto –y lo es- que tan solo los catalanes tienen derecho a decidir sobre la secesión de su territorio, también lo es que una parte no puede decidir unilateralmente su modo de relacionarse con el todo.

Si lo que se pretendía con esta formulación era contemplar una especie de “tercera vía” entre la secesión y el statu quo, la pregunta debería haber sido más clara, incluso incluyendo explícitamente un concepto como el de federalismo. Se dirá entonces que no corresponde a los catalanes sino a los españoles en su conjunto decidir si España es o no un Estado federal. Y es cierto. Pero del mismo modo correspondería a España y no a Cataluña decidir si esta última se convierte en un Estado dependiente de la primera. Y si nos ponemos escrupulosos, legalmente correspondería al conjunto del soberano (esto es, la ciudadanía española) tomar cualquier tipo de decisión sobre el diseño territorial de Cataluña en tanto que parte de España. En todo caso no estaría de más saber si en Cataluña es mayoritaria la sensibilidad autonomista, la independentista o la federalista. Y la consulta no acaba de resolver bien esa cuestión.

Sobra señalar que los argumentos para negar la consulta que llegan desde Madrid (permítaseme la sinécdoque) son terriblemente limitados. Invocar una constitución elaborada en circunstancias muy particulares, cuestionada por algunos sectores sociales y que solo han votado los mayores de 57 años no parece un argumento de demasiado peso, especialmente cuando de lo que hablamos es de un proceso constituyente para Cataluña. Sorprende que tanto constitucionalista español se haya apresurado a censurar la consulta catalana apelando a su ilegalidad e ignorando que por definición en un proceso como éste el poder constituyente es incondicionado, es decir, no posee limites ni formales ni materiales ajenos a si mismo. No hay, por tanto, norma previa que pueda someter a un poder constituyente como el que se pretende establecer en Cataluña. Ni siquiera la Constitución Española. En todo caso estaríamos asistiendo a un conflicto entre un poder constituido (el de la nación española) y un poder constituyente (el de la nación catalana). Y todo indica que un poder constituyente que encuentre su legitimidad democrática en un referéndum celebrado hoy tendrá más valor, formal y material, que un poder constituido cuya legitimidad democrática surgió hace 36 años en medio del ruido de sables.

Si los gobernantes españoles fuesen suficientemente inteligentes habrían iniciado un profundo proceso de reforma constitucional refrendado en último término por los ciudadanos y que contemplase algún tipo de formulación federal para el diseño territorial español. Ese sería el único método para neutralizar el pulso independentista que llega de Cataluña. Porque, entonces sí, se podría invocar una constitución legitimada democráticamente y respetuosa con las particularidades territoriales, desactivando así parte del relato nacionalista. Y frente a un referéndum de reforma constitucional votado por todos, la consulta catalana se convertiría en poco más que una representación teatral de los sectores más recalcitrantes del independentismo y no en un grito de la sociedad catalana contra un Estado español que le hurta su capacidad de decidir.

Ante la actitud cerril del gobierno español, Artur Mas y sus socios han invocado un “derecho a decidir” al que es difícil oponerse sin ser sospechoso de antidemócrata. Pero el gobierno catalán ha perdido una oportunidad de oro para celebrar un referéndum impecablemente democrático en sus formas. La formulación torticera de las preguntas es un primer hándicap para hablar del 9N como un ejemplo de procedimiento democrático. Curiosamente el nacionalismo catalán se ha mirado en el espejo de Escocia o de Quebec, pero sin imitar la formulación clara y sin ambages de las preguntas de sus respectivas consultas.

Bien es cierto que el referéndum del 9N es meramente consultivo y sin eficacia legal. Pero su resultado será, sin lugar a dudas, fundamental para el futuro de las relaciones entre Cataluña y España. Está por ver, no obstante, que ocurre a partir de ahora. Ante la más que probable inconstitucionalidad de la consulta no sabemos si Artur Mas seguirá adelante con ella, aunque las presiones de sus socios parecen indicar que así será. Pero conviene no olvidarse de Unió Democrática de Cataluña, partido de Duran i Lleida con el que comparte coalición, que ha dicho por activa y por pasiva que solo aceptará la consulta si se ajusta a la legalidad. Ante una consulta ilegal y con un sector de la sociedad catalana opuesto a ella, parece difícil celebrar un referéndum de calidad. El futuro inmediato es incierto pero el escenario que se me antoja más probable es el de una consulta celebrada por y para el mundo independentista, sin participación de otros sectores de la sociedad catalana en las mesas electorales (lo que ya de por sí resulta muy problemático para la legitimidad democrática del referéndum) y con una participación más baja de lo previsto. Y este último punto no es baladí: ¿qué participación es necesaria para conocer la voluntad real de un pueblo? Si atendemos a los resultados del último referéndum celebrado en Cataluña, el de la aprobación del Estatut en 2006, la participación de menos de la mitad del censo electoral (concretamente un 48,85 %) no parece suficiente para certificar sin lugar a dudas la voluntad de los catalanes en un sentido u otro. Y conviene recordar que en aquella ocasión el plebiscito se celebró ajustándose a la legalidad y sin la oposición de un sector de la sociedad catalana, como sucede en este caso.

 Ocurra lo que ocurra, el choque de trenes entre España y Cataluña está garantizado para una temporada larga. Si nadie lo remedia antes (y tengo dudas de que no se haya cruzado ya el punto de no retorno) nacionalismos de un signo y de otro, liderados además por fuerzas conservadoras, izarán sus respectivas banderas e invocarán identidades, por más que ninguna de ellas sea excluyente. Se trata ya de una lucha de maximalismos donde las posturas más razonables, aquellas que tratan de construir puentes, están condenadas al fracaso toda vez que no hay voluntad de entendimiento entre las partes. De un lado el españolismo más carpetovetónico, incapaz de comprender que la sociedad catalana ansía un nuevo tipo de relación con España, mayores cotas de autogobierno y respeto por las señas de identidad propias. Del otro lado el catalanismo más tramposo, que ha dado el salto de la reclamación de un nuevo modelo de financiación a la soberanía, invocando un derecho de autodeterminación allá donde no existen condiciones objetivas para ello. Pero nos guste más o menos, existen condiciones subjetivas y un sector amplio de la ciudadanía catalana (está por saber su dimensión) ha abrazado un relato identitario donde, como en todo relato identitario, se mezcla realidad y ficción, agresión y victimismo, razón y sentimiento. Y ni siquiera el discurso más razonable y pragmático es capaz de desactivar aquel otro que apela a las vísceras, a la emoción, al himno y a la bandera. Pisamos terreno resbaladizo cuando los relatos identitarios, tanto en España como en Cataluña, invaden el terreno de la política, espacio que debería estar reservado para el diálogo y la razón y no para las lágrimas y la exaltación de las masas.