Sobre la democracia participativa

En los últimos meses he podido escuchar numerosas opiniones sobre la necesidad de avanzar hacia una democracia participativa frente a la democracia representativa actual, que sería insuficiente e imperfecta. Huelga decir que el desgaste de nuestra clase dirigente en un régimen con poco más de 30 años de existencia merece una reflexión profunda sobre los límites de nuestro sistema democrático y el papel que el ciudadano debería jugar en él. La desconfianza que los políticos generan en la sociedad es un problema de primer orden y un síntoma de que algo se está pudriendo en las raíces de nuestro Estado. Si hasta ahora España parecía vacunada de la lacra del populismo, la proliferación del discurso de que “todos los políticos son iguales” puede hacernos temer lo contrario.

No hay duda de que sería deseable una mayor implicación del ciudadano en la vida pública. Y es cierto que quizás nuestra democracia no haya sabido crear los cauces suficientes para que ello ocurra. Pero no está de más pensar críticamente la sacralización del concepto “democracia participativa” que se puede detectar en algunos sectores de jóvenes activistas. Se citan instrumentos como los referendos o las Iniciativas Legislativas Populares como herramientas para avanzar en una democracia más participativa. ¿Pero la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones conduce necesariamente a un sistema más democrático? La respuesta es no.

Es habitual que quienes defienden sin ambigüedades el concepto de democracia participativa pongan de ejemplo experiencias como las de Porto Alegre, Marinaleda o Islandia. Se trata de experimentos locales (aunque Islandia es un Estado, su población es poco mayor que la de Córdoba) que se han convertido en modelos a base de ocultar sus consecuencias más problemáticas y exagerar sus beneficios. Por otro lado, como ha señalado Giovanni Sartori, es necesario diferenciar entre micro y macrodemocracia y no pretender a gran escala lo que parece haber funcionado a pequeña escala.

Cuando se habla de democracia participativa rara vez se cita una de las experiencias más significativas: la de California. En la pasada década se celebraron hasta 74 referendos sobre los temas más variopintos, si bien la mayoría trataban asuntos fiscales. El resultado es que todos los analistas advierten del problema de gobernabilidad que el recurso a los referendos ha generado en California. Si la iniciativa de la senadora demócrata Loni Hancock prospera, en 2012 se presentará a consulta popular la eliminación de la pena de muerte en California. Y eso, en un Estado con un 70% de la población a favor de ella según las últimas encuestas, no parece muy positivo desde el punto de vista democrático. Los ciudadanos de otro Estado norteamericano, Wisconsin, recomendaron a sus legisladores a través de un referéndum recuperar la pena de muerte abolida en 1853.

En un país como Suiza, donde el referéndum está recogido constitucionalmente y en pleno ejercicio desde 1874, se decidió en 2009 a través de este método la prohibición de los minaretes en las mezquitas. Curiosamente de los 180 centros de culto musulmanes que existen en el país helvético tan solo cuatro tienen minaretes. En nuestro país algunas de las Iniciativas Legislativas Populares que mayor acogida han tenido son aquellas que reclamaban el endurecimiento del Código Penal e incluso la cadena perpetua al calor de crímenes horrendos como el de la niña Mari Luz Cortés.

La democracia no puede ser un sistema puramente formal, un juego de mayorías y minorías. Hay valores intrínsecos a los sistemas democráticos que debieran servir como límites materiales. Unos límites que son tanto o más importante que la participación del ciudadano del que, por cierto, no sabemos si quiere participar ni hasta donde. Dejar toda decisión al arbitrio popular supone la traslación a la política del relativismo moral. Por otro lado la decisión solitaria de un individuo puede estar determinada por la desinformación, la manipulación o los prejuicios. Y no está sometida a los controles políticos, mediáticos, populares y legislativos que vigilan la labor de los gobernantes en las democracias.

La democracia representativa ha demostrado que tiene grandes limitaciones. Es necesario avanzar hacia un sistema donde el ciudadano tenga un lugar más determinante y mayor capacidad de decisión más allá de las elecciones. Pero la democracia participativa es una solución no exenta de problemas; algunos muy graves. Para construir un régimen que satisfaga, al menos en parte, las expectativas de la ciudadanía es necesario conjugar representación y participación. Y huir de fórmulas mágicas y de construcciones artificiales acerca de una sociedad capaz de participar y de movilizarse cuando la situación lo requiere. Pero también capaz de elegir una y otra vez a seres corruptos y reaccionarios como representantes políticos.